" ESTAS CUATRO PAREDES APRISIONAN MI CUERPO, PERO NO MI PENSAMIENTO"

MIGUEL ANGEL BELTRAN

lunes, 27 de febrero de 2012

"TE CUENTO DESDE LA PRISION" ESCRITO POR EL PRESO POLITICO FREDY JULIAN CORTES





PRÓLOGO




El día 28 de agosto de 2009, los medios de comunicación colombianos informaron sobre la detención de Fredy Julián Cortés Urquijo, a quien presentaron a la opinión pública como alias “Francisco” un peligroso guerrillero de las FARC. De acuerdo con estas mismas versiones periodísticas –que desconociendo el derecho constitucional a la presunción de inocencia- se afirmaba de manera categórica que Fredy Julián preparaba un atentado contra el entonces presidente Álvaro Uribe y varios de sus ministros.
Nada más lejano a la verdad. Se dijo, por ejemplo, que en su computador personal las autoridades judiciales encontraron fotografías del avión presidencial, pero en dicho momento no se había revisado su contenido; se afirmó también que había sembrado minas antipersonales en Cabrera (Cundinamarca), municipio donde Fredy jamás había estado; se le acusó de pertenecer al Frente Urbano “Antonio Nariño” de las FARC, cuando toda su vida había desarrollado una actividad legal, primero como dirigente estudiantil y posteriormente como docente e investigador crítico.
La judicialización del profesor Fredy Julián Cortés por los delitos de “rebelión” y “concierto para delinquir”, se sumaba a la ya larga cadena de académicos y miembros de la oposición perseguidos por su pensamiento crítico y señalados de ser “terroristas”, por disentir de las políticas oficiales del Estado Colombiano, en lo que se dio a conocer como “falsos positivos judiciales”, una modalidad que hizo carrera bajo la política de la mal llamada “Seguridad Democrática”, promovida desde el Ministerio de Defensa, en ese momento liderado por el hoy presidente de la República, Juan Manuel Santos.
Como en otros casos, la detención de Fredy Julián, tenía como propósito generar un clima de apoyo al presidente Uribe, en una coyuntura de repudio continental a su proyecto de instalar bases militares norteamericanas en Colombia y ad portas de llevarse a cabo la reunión de los miembros de Unasur en la ciudad argentina de Bariloche, que avizoraba ser un escenario de enjuiciamiento a su política de connivencia con los paramilitares y de adhesión a las políticas imperiales de los Estados Unidos, estas últimas fuertemente cuestionadas por otros gobiernos de América Latina.
Sin embargo, había algo más: días antes el primer mandatario había anunciado, que mantendría la presencia del SMAD en las universidades públicas y que mientras él fuera presidente “donde haya violencia allí llegará la Fuerza Pública y eso no está en discusión”. Era necesario entonces golpear el Alma Mater, haciendo ver a los miembros de la comunidad universitaria que ejercen el pensamiento crítico y la libertad de cátedra como amigos y cómplices de la guerrilla, para legitimar su política de represión contra los centros del saber que tan incómodos venían siendo para su proyecto autoritario.
El trabajo conjunto de la Fiscalía, los Medios oficiales de Comunicación y la Policía Nacional, generaron un escenario adverso al profesor Fredy Julián, quien se vio presionado a reconocer el cargo de rebelión. Se preguntarán, entonces, los lectores ¿Cómo es posible que una persona inocente asuma que es culpable de un delito que no cometió? Todo ello es factible en un sistema penal acusatorio como el colombiano (que como en muchos otros campos constituye una copia del modelo norteamericano), donde lo realmente importante es que el acusado se auto-incrimine para recibir los “beneficios judiciales”.
La no aceptación de cargos supone para el sindicado un largo juicio que, como ya ha sucedido en numerosos casos, puede prolongarse por largos años, y donde el inculpado es sometido a los avatares de una justicia politizada. Contrario a ello, el reconocimiento del delito –así sea inocente- representa para el acusado una rebaja del 50% en la pena, y la posibilidad que le puedan retirar otros cargos que previamente le ha imputado la fiscalía (sin fundamento judicial alguno) con el fin de asegurar su reclusión en una cárcel de alta seguridad. Esta es una forma perversa de la justicia colombiana para “mostrar resultados”.
La situación del profesor Fredy Julián Cortés es representativa en este sentido, y detrás de su drama humano, está la sevicia de un estado que persigue, criminaliza y castiga el pensamiento Crítico. Como en el caso del profesor Beltrán, las directivas de la Universidad Nacional se limitaron a corroborar que era un docente de este prestigioso centro académico y manifestaron su respeto a “las decisiones de las autoridades competentes de la República bajo la observación constitucional del debido proceso”. Debido proceso que -valga la pena insistir- jamás se le respetó pues fue coaccionado para declararse culpable.
A contrapelo de la imagen que han querido proyectar, los medios oficiales de comunicación y los entes persecutores del Estado, Fredy Julián es un meritorio egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional, que siempre obtuvo los mejores reconocimientos académicos, entre otros el puntaje más alto en los exámenes del ECAES. Para el momento de la privación de su libertad se encontraba cursando la maestría en Ingeniería en esta misma institución, donde se desempeñaba también como docente auxiliar en los cursos de Taller Agrícola, cargo que –debieron decirlo las Directivas de la Universidad Nacional tan preocupadas por los indicadores cuantitativos- se otorga a aquellos estudiantes de posgrado que destacan por su excelencia académica.
De la mano con su actividad docente están sus investigaciones para la agroindustria a través de proyectos financiados por Colciencias en convenio con la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Corpoica), la Universidad Nacional y la Universidad Industrial de Santander (UIS)
Pero la labor de Fredy Julián no es la de un ingeniero encerrado en sus cálculos matemáticos que se abstrae de las realidades de un país atravesado por un agudo conflicto social y armado, o que ha hecho de la academia un modo de vida. Por el contrario, las preocupaciones humanistas ocupan buena parte de su proyecto profesional, buscando colocar su conocimiento al servicio de los sectores sociales más desfavorecidos.
Como él mismo lo proclama en una carta escrita desde la prisión: “a través de los espacios académicos y algunas veces desde la acción directa con la comunidad y participación en investigación o en movimientos sociales, un grupo de profesionales hemos criticado el modelo económico y productivo de carácter neoliberal que ha destruido en buena parte la industria nacional, y desde esta crítica nos hemos acercado a propuestas revolucionarias en torno al manejo de los recursos naturales y el desarrollo de una industria nacional fuerte, por esta razón somos objeto de persecución y encarcelamiento por parte del régimen en Colombia”.
Como perseguido político de este Estado, Fredy Julián ha asumido su condición de preso político con decoro y dignidad, haciendo de la cárcel otro espacio de lucha, impartiendo clases de matemáticas a los internos y contribuyendo activamente a la organización de los presos por la defensa de sus derechos que sistemáticamente son violados por los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario (INPEC) que han convertido las penitenciarías en instrumento de venganza contra aquellos que disienten de las verdades oficiales.
Con su reclusión en la cárcel de Acacías, el INPEC ha querido acallar su voz, distanciándolo de su compañera y sus dos hijos menores. Inútil Venganza. Hoy Fredy Julián nos regala a sus lectores este testimonio de vida que recoge no sólo sus experiencias cotidianas en estos dos años de privación de la libertad sino una serie de crónicas que retratan una amalgama de personajes cuyas trayectorias tienen un punto de convergencia: la cárcel.
Te cuento desde la prisión es un conjunto de relatos descarnados -aunque salpicados de gotas de humor- cuyos actores centrales no son producto de la imaginación literaria de un escritor que inventa la realidad, sino el fruto de una sociedad que luego de excluirlos y negarles la posibilidad de vivir humanamente, los estigmatiza como la podredumbre del tejido societal. En este sentido, el libro cumple una importante función de denuncia social, que abre los ojos a una problemática que el régimen pretende ocultar.
La trama del libro transcurre a tres voces que van emergiendo a lo largo de las 150 páginas:
Una primera voz, con un tono marcadamente autobiográfico, que recrea a través de su experiencia, los detalles de la detención, los juicios amañados violando las garantías procesales, el perverso papel de los medios de comunicación y los meses iniciales de detención que van poniendo de presente las persecuciones, los maltratos y las arbitrariedades a que son sometidos los presos. La llamada “terapia” carcelera, que asume múltiples formas: desde la exigencia del corte del cabello y la barba hasta el bloqueo a las visitas, pasando por hechos aparentemente insignificantes como el extravío intencional de las solicitudes que envían los internos a las autoridades penitenciarias. Esta voz que acompaña el primer relato, reaparece en las páginas centrales, como cuentos de insomnio que de manera literaria y mordaz desvelan la naturaleza de una educación fundada en principios autoritarios, un sistema de salud basado en la lógica del mercado y una televisión convertida en “opio del pueblo”.
Una segunda voz, recupera los testimonios e historias de vida de sus compañeros de reclusión y que coloca en escena una gama de protagonistas de carne y hueso: el hombre que ante la falta de oportunidades roba a los ricos para alimentar a su esposa e hijos; el campesino que ha tomado el camino de las armas y narra sus vivencias guerrilleras; el hombre maduro y acomodado que es castigado moral y judicialmente por su amor prohibido; la experiencia de un paramilitar, hijo del pueblo, que también pudo ser guerrillero; el niño que vende su cuerpo por dinero y acaba prostituyéndose para sobrevivir.
Una tercera voz que conjuga las dos anteriores, toma distancia de su punto de observación para dar cuenta, de manera analítica y reflexiva sobre la problemática carcelaria del país. Este escrito que acompaña de hechos fácticos y cifras estadísticas, amplía el panorama de la política penitenciaria colombiana presentado por algunas organizaciones de Derechos Humanos, demuestra convincentemente como la supuesta función “resocializadora” que dicen cumplir las cárceles, están muy lejos de alcanzarse y termina haciendo un llamado “a las instituciones, a la academia, a las ONGs defensoras de los derechos humanos, a los gremios del derecho y demás entidades que tiene que ver con los temas aquí tratados para que se asuma un papel más comprometido con la construcción y transformación de toda la política judicial y penitenciaria, dado que de esto depende en buena parte el futuro de la sociedad colombiana”.
Te cuento desde la Prisión constituye un paso en esta dirección.

Miguel Ángel Beltrán Villegas
Profesor Asociado, Departamento de Sociología
Universidad Nacional de Colombia









Prólogo del profesor Miguel Ángel Beltrán al Libro: Te cuento desde la prisión escrito por el docente Fredy Julián Cortés Urquijo, preso político recluido actualmente en la Cárcel de Girardoth y quien regala a sus lectores este testimonio de vida que recoge no sólo sus experiencias cotidianas en estos dos años de privación de la libertad sino una serie de crónicas que retratan una amalgama de personajes cuyas trayectorias tienen un punto de convergencia: la cárcel. Se trata de un conjunto de relatos descarnados -aunque salpicados de gotas de humor- cuyos actores centrales no son producto de la imaginación literaria de un escritor que inventa la realidad, sino el fruto de una sociedad que luego de excluirlos y negarles la posibilidad de vivir humanamente, los estigmatiza como la podredumbre del tejido societal. En este sentido, el libro cumple una importante función de denuncia social, que abre los ojos a una problemática que el régimen pretende ocultar.
Adquiéralo ya en:
Asociación Sindical de profesores Universitarios, ASPU. Calle 44 no. 45-67. Unidad Camilo Torres, bloque B-3, nivel 7, Bogotá, DC. Tel 2227413. Correo aspu.col@gmail.com






RESEÑA DE LA SEGUNDA EDICION DEL LIBRO "CRONICAS DEL OTRO CAMBUCHE" DE MIGUEL ANGEL BELTRAN VILLEGAS

PUBLICADO POR LA EDITORIAL DE LA ASOCIACION SINDICAL DE PROFESORES UNIVERSITARIOS EN BOGOTA 2011.

POR LAURA ROJAS ESCOBAR*
La Reseña se publicó en la Revista Nuevo Foro Penal 75 de la Universiad EAFIT

“Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida: esos son los imprescindibles.” Bertolt Brecht

Si bien el texto que se reseña no es un libro científico sobre Derecho penal, el perfil de la Revista Nuevo Foro permite incluir discusiones interdisciplinarias que, en un sentido amplio, fomenten reflexiones sobre el proceso, la ejecución de la pena y en general de todo el mecanismo punitivo. Al leerse la historia del profesor Beltrán y tras su caso, el de miles de detenidos por razones políticas (1), se hace una radiografía espeluznante del estado de cosas del sistema penal colombiano y, por ende, un acercamiento desde la mirada sociológica a uno de los principales conflictos de esta área del Derecho.

La importancia, más allá del éxito que tuvo la primera edición entre las aulas universitarias colombo-mexicanas, la cual se agotó tras escasos 3 meses de estar en circulación, es la reflexión sobre el papel de la opinión pública en casos polémicos como el aquí narrado, donde el turno de la mediatización de la libertad es para el profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sindicado de ser alias “Jaime cien fuegos“, un perseguido guerrillero de las FARC.

El libro, escrito desde la cárcel, está dividido en VI partes, en las cuales se relata detalladamente, no sólo quién es el autor, su camino en las aulas universitarias como el reconocido académico que es, diversos testimonios crueles de la realidad penitenciaria, reflexiones puntuales desde la cárcel, y la re-victimización sufrida por él y su familia con la condena “a priori” que de su situación hicieron los principales medios de comunicación del país(2); sino también la recopilación de las diversas voces de solidaridad que exigieron su libertad inmediata.

De esta forma, se inicia el recorrido con el primer contacto con la cárcel que tuvo el estudiante de sociología que fue Miguel Ángel Beltrán, en la época en la que Turbay Ayala fue presidente de Colombia y estaba en pleno apogeo el “Estatuto de seguridad”. Así, la visita a un amigo en “La Modelo” de Bogotá, le enseñó mediante la experiencia los efectos estigmatizadores de estar preso. Sin embargo, la aprehensión de la realidad carcelaria la obtuvo tras el infortunio de ser detenido después de una manifestación en la cual participaba, brindándole al relato, desde una perspectiva neutral, la mirada del ciudadano que se enfrenta, al expresar sus ideales -para el caso de izquierda-, a la realidad de un Estado opresor.

Posteriormente está el detalle, también desde la perspectiva de quien no tiene conocimiento jurídico alguno, del proceso penal en contra de “Cienfuegos”. Partiendo audiencia por audiencia de la relación que él encuentra con la sacralización que de los ritos hace la Iglesia Católica, pueden leerse, aunque éste no sea el propósito, los problemas en clave a las garantías del imputado. Cabe aclarar, que las referencias a las complicaciones procesales no son presentadas con el tecnicismo del jurista. No obstante, la angustia de no entender las formas y sobre todo, la injusticia que subyace a la poca participación que tiene el sindicado en el proceso, es una referencia importante a cómo se transportan al plano del ser las teorías construidas desde la dogmática jurídica.

Continua el libro con una recopilación de testimonios de otros presos políticos, y especialmente, el relato de cómo se vivió en prisión la muerte de Jorge Briceño Suárez, alias “Mono Jojoy”(3) , uno de los combatientes más antiguos de la guerrilla de las FARC. En este acápite se permite un acercamiento directo a las fuentes, sin la dificultad que supone en el campo de la libertad la convivencia con los actores del conflicto para fines académicos, puesto que al estar en la misma condición de detenidos, se supera el prejuicio social que trae implícito el trabajo de campo al que se enfrentan la mayoría de sociólogos.

Finalmente, la última parte recoge una perspectiva personal del autor, puesto que se presentan cartas tanto escritas por él desde prisión, como escritas por quienes de una forma bastante emotiva le demuestran su solidaridad.

Son 321 páginas llenas de dignidad y de dolor, pero también de esperanza y lucha. Puede afirmarse que es una obra de construcción colectiva, a pesar de que quien escribe es el mismo protagonista, puesto que en la defensa de la libertad de cátedra, del pensamiento crítico y de la posibilidad de investigar y estudiar el conflicto sin sesgos oficiales, miles de personas han estado acompañando a Miguel Ángel durante los más de 24 meses de detención, no sólo con campañas de reivindicación sino con la valentía de vencer el miedo a como se ha manejado en Colombia esta tendencia global de considerar a cualquiera que piense diferente como terrorista.

El profesor Miguel Ángel Beltrán Villegas asociado al departamento de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia, comienza las vivencias que dan lugar a este libro el 22 de mayo de 2009, en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración de Ciudad de México, donde se encontraba voluntariamente tratando de legalizar su permanencia en este país (4) (trámite que adelantaba desde 9 meses atrás) cuando fue detenido arbitrariamente y extraditado a Colombia, en una clara extralimitación de funciones y durante un procedimiento violatorio de todos sus derechos, y claramente, sin contar con la asistencia de un abogado que le facilitara la defensa.

Apoyados en supuestas 151 evidencias encontradas en el material electrónico del líder guerrillero Luis Edgar Devia Silva, alias Raúl Reyes (5), un juez con función de garantías de Bogotá se dispuso a legalizar la supuesta captura del profesor Beltrán y posteriormente se le imputaron los cargos de rebelión y concierto para delinquir con fines terroristas, apoyados en la supuesta certeza que tenía la unidad nacional de antiterrorismo de la fiscalía que llevaba el caso, de que alias Cienfuegos y el profesor eran la misma persona.

No obstante la sentencia de la Corte Constitucional colombiana (6) en la que se invalidaba por mal manejo, medidos según estándares internacionales, el tratamiento dado a la memoria RAM, disco duro y dispositivos de almacenamiento masivo, base fundamental de las evidencias en contra del profesor; el 3 de junio de 2011 recobra su libertad, después de una sentencia absolutoria del juez de instancia, y de haberse logrado probar su inocencia.

Finalmente, a pesar de que el libro fue escrito durante su permanencia en la prisión y que por obvias razones no cuenta con el afortunado desenlace y de su perspectiva inmediata, se recalca la necesidad de repensar este tipo de tópicos, porque como dice MIGUEL DE UNAMUNO “Hay momentos en que callar es mentir”.


* Estudiante de octavo semestre de Derecho, Universidad EAFIT, Medellín, Colombia.

(1) Según datos de diferentes organizaciones de DDHH en Colombia, se estima como valor aproximado, que entre 7500 y 9800 detenidos son por razones políticas. Ver: http://www.traspasalosmuros.net/node/490, http://www.revistapueblos.org/spip.php?article100 , http://www.comitedesolidaridad.com/index.php?option=com_content&view=article&id=564:15-de-octubre-dia-nacional-del-preso-politico&catid=32:acciones-urgentes&Itemid=68, consultados el 1 de noviembre de 2011.

(2) Ver por ejemplo la columna de Salud Hernández publicada el 25 de junio de 2011 en el periódico El Tiempo titulada “El profesor de las Farc”:
http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/saludhernndezmora/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-9725306.html (Consultada el 02 de noviembre de 2011); la columna de Rafael Nieto Loaiza publicada el 5 de junio de 2011 en el periódico El Colombiano el 5 de junio de 2011 titulada “La “justicia” que sufrimos”: http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/L/la_justicia_que_sufrimos/la_justicia_que_sufrimos.asp (Consultada el 02 de noviembre de 2011), y el artículo escrito por Cesar Augusto Castaño publicado en semana.com el 6 de septiembre 2010 titulado “Los alfiles de las Farc”: http://www.semana.com/opinion/alfiles-farc/144131-3.aspx (Consultada el 02 de noviembre de 2011).

(3) Consecuencia del operativo militar denominado “Operación Sodoma” en una zona cercana a la Serranía de la Macarena el 22 de septiembre de 2010. Ver más en: http://www.eltiempo.com/noticias/muerte-mono-jojoy, http://www.semana.com/nacion/operacion-sodoma-dio-muerte-jojoy/144996-3.aspx (Consultadas el 03 de noviembre de 2011).

(4) Dado que realizaba una estancia postdoctoral en el Centro de estudios latinoamericanos CELA de la Universidad Autónoma de México UNAM.

(5) La evidencia física y los elementos materiales probatorios obtenidos por los investigadores de la Dijijn, fueron incautados de los computadores de alias Raúl Reyes, durante el bombardeo a su campamento ocurrido el 1 de marzo de 2008 en territorio ecuatoriano. Fuente: http://www.semana.com/on-line/raul-reyes-canciller-miembro-del-secretariado-farc-muerto-combate-ecuador/109821-3.aspx , consultado el 1 de noviembre de 2011

(6) Sentencia C-334 de 2010, Magistrado ponente Juan Carlos Henao Pérez.

martes, 7 de febrero de 2012

LOS NULE Y “LOS NULOS” DEL SISTEMA PENITENCIARIO COLOMBIANO


LOS NULE Y “LOS NULOS” DEL SISTEMA PENITENCIARIO COLOMBIANO


Miguel Ángel Beltrán V.
Profesor Asociado Departamento de Sociología
Universidad Nacional de Colombia
Perseguido Político

Los medios de comunicación dieron a conocer la semana pasada un nuevo escándalo de corrupción en la Cárcel Nacional “Picota”, esta vez por cuenta de los empresarios Nule (Miguel, Manuel y Guido), procesados por el llamado “Carrusel de la Contratación en Bogotá” y condenados a una penas ínfimas de 7 años y medio (en el caso de su socio Mauricio Galofre a sólo 6 años y 8 meses), por el delito de peculado por manejo irregular y apropiación de cerca de 70 mil millones de pesos en materia de anticipo para la ejecución de tres contratos que le fueron entregados por el IDU (Instituto de Desarrollo Urbano).

De acuerdo con la información suministrada por los medios periodísticos, un registro rutinario realizado por guardias del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), puso en evidencia que los empresarios Nule contaban en su ya exclusivo sitio de reclusión con teléfonos celulares, computadores, ipods, Play Station y hasta quinientos mil pesos en efectivo. Todos ellos artículos prohibidos por la normatividad penitenciaria y carcelaria. Pocos se han preguntado ¿cómo llegaron estos artefactos allí? en una cárcel de alta seguridad donde las visitas de los presos son requisadas hasta límites que vulneran la dignidad humana.

Como suele suceder en estos casos, hay un escándalo periodístico que
a lo sumo dura uno o dos días. En el mejor de los casos el director del penal es destituido, para luego ser reubicado en otro centro penitenciario como sucedió hace precisamente un año con la entonces directora Imelda López, con cuya anuencia los detenidos en el pabellón de parapolítica celebraron numerosas fiestas, acompañados de reconocidas orquestas musicales. Hoy la señora Imelda funge como directora de la cárcel de Valledupar (conocida como la “Tramacúa”), tristemente célebre por las continuas violaciones a los derechos humanos de los reclusos.

En aquella ocasión, cuando cerca de 20 personas ingresaron al pabellón de parapolíticos para celebrarle el cumpleaños al ex congresista Juan Carlos Martínez, el ministro del Interior y de justicia, Germán Vargas Lleras anunció con su estereotipado tono vehemente que “no iba a permitir más desórdenes y que el relajo [en las cárceles] no podía continuar”. Doce meses después la situación no ha variado ni un milímetro, sólo que esta vez, son sus amigos, los empresarios/delincuentes Nule, los protagonistas de estos escándalos, con quienes los une estrechos vínculos sociales y comerciales.

Por su parte el director del INPEC el general Gustavo Adolfo Ricaurte advirtió que “los Nule se exponen a perder los beneficios que la Fiscalía y un juez le otorgaron”(subrayado MAB). En un país donde la justicia realmente se aplicara, no “se expondrían”, sino que perderían ipso facto esos beneficios. De hecho cuando un prisionero regular, le es hallado un celular, inmediatamente se le sanciona con una suspensión de visitas por un año, cuando no es trasladado a otro centro penitenciario lejos de su núcleo familiar y de amigos.

Lo cierto es que el tratamiento penitenciario en Colombia pone en evidencia las desigualdades de un país atravesado por profundas diferencias sociales: mientras aquellos que tienen poder económico, político o delincuencial, reciben trato preferencial en los centros de reclusión, como en el caso de los señores Nule, aquellos que carecen de él, esto es la gran mayoría, sobreviven en condiciones que constituyen una afrenta a la dignidad humana.

Estos últimos no tienen ningún valor para el Estado colombiano y no reciben el trato de los Nule sino de los “nulos”; se les ignora, se les ningunea, se les aísla, se les invisibiliza, se les tortura física y psicológicamente. Esta es, justamente, la situación que viven los más de ocho mil presos(as) político(as) y prisioneros(as) de guerra, cuya condición de rebeldes es negada sistemáticamente por el Estado y violándose permanentemente sus derechos fundamentales.

A propósito de estos hechos, cabe recordar que cuando se inició la audiencia de legalización de captura de los empresarios Nule y todavía se discutía cuál sería su lugar de reclusión, llegó la orden hasta el pabellón de alta seguridad de la Picota, donde nos encontrábamos recluidos medio centenar de presos, que debíamos desalojar inmediatamente sus instalaciones, porque allí serían confinados los hermanos Nule.

Cincuenta internos seríamos trasladados y hacinados en otros patios o centros penitenciarios para dar comodidad a cuatro presos que requerían “medidas de seguridad excepcionales”. El director encargado en ese momento, Capitán® Aldemar Echeverry, visitó personalmente las instalaciones en compañía de los abogados de los empresarios. Al final de la inspección concluyeron que el lugar no reunía las condiciones de habitabilidad para los señores Nule por los malos olores, las filtraciones de agua, la estrechez de sus celdas y su falta de iluminación. Cuatro delincuentes “de cuello blanco” no podían estar ahí, pero medio de centenar de presos si debíamos permanecer en tan indignantes condiciones.

En un acto de “generosidad”, el mencionado oficial en retiro ofreció la Casa Fiscal, hasta ese momento su lugar de residencia, para que fuese adecuada como sitio de reclusión. En contraste con las celdas de 3 por 4 metros cuadrados, que ocupábamos cinco y hasta seis reclusos, los Nule podrían disponer ahora de una casa de 80 metros cuadrados de superficie con televisor, nevera, sistema de ventilación, cómodas camas y baños privados.

Ahora muchos funcionarios del gobierno se rasgan las vestiduras y salen a denunciar los “lujos” y “excesos” de los Nule, cuando ellos mismos han promovido una política penitenciaria, basada en la discriminación y la desigualdad entre la población carcelaria? La destitución de los directores de turno, los anuncios de liquidación del INPEC, o la construcción de nuevos establecimientos carcelarios lejos de resolver el problema carcelario sólo logran agudizarlo. Ejemplo de ello han sido los ERONES (Establecimientos Reclusorios de Orden Nacional, cuyo régimen penitenciario basado en los lineamientos trazados por el Bureau Federal de Prisiones de los Estados Unidos, riñe con los protocolos internacionales para el tratamiento de personas privadas de la libertad, acrecentando la violación de los derechos humanos de los reclusos.

Si estos ERONES constituyen -como lo afirma el discurso oficial- la real solución para el hacinamiento de las cárceles colombianas ¿por qué a la fecha no han sido trasladados a sus instalaciones los Nule o los centenares de políticos acusados de vínculos con grupos paramilitares? No es difícil responder a esta pregunta: estos establecimientos -construidos con dineros del “Plan Colombia”- vienen siendo utilizados como mecanismo de castigo para los miles de presos políticos y prisioneros de guerra privados de la libertad.

Los medios oficiales de comunicación que tanto empeño colocan en mostrar el dramático rostro de los compatriotas presos por la guerrilla en las selvas colombianas, deberían también mostrar esta otra cara -no menos dolorosa- de la guerra en Colombia y que concita, cada vez más, la necesidad de una solución política al conflicto social y armado colombiano.