sábado, 1 de febrero de 2014
martes, 12 de noviembre de 2013
EVENTO CATEDRA LIBRE Y ABIERTA
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Te invitamos a la catedra al aire libre que se realizara el 19 de noviembre a las 11:30 am en la plazoleta de la Procuraduria, a cargo de los profesores Renan Vega, Piedad Ortega, Jorge Salcedo y David Albarracin, en protesta contra el Procurador Ordoñez.
viernes, 18 de octubre de 2013
PREOCUPACIÓN POR LA LIBERTAD DE CÁTEDRA, LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA, EL PENSAMIENTO CRÍTICO Y EL DERECHO A DISENTIR
Justicia y Reparación para el profesor Miguel Ángel Beltrán
Medellín, Octubre 9 de 2013
El pasado 4 de septiembre la Procuraduría General
de la Nación en cabeza de Alejandro Ordoñez decidió destituir al
profesor Miguel Ángel Beltrán Villegas en su condición de docente
de la Universidad Nacional de Colombia e
inhabilitarlo por trece años para ejercer cargos públicos; un fallo
que llama la atención tanto por la forma como fue
proferido como por los interrogantes que plantea al país
sobre la idoneidad del Procurador para defender los derechos de los
ciudadanos y el asombroso silencio mostrado por el Rector
de la Universidad Nacional, Ignacio Mantilla.
Preocupa que la Procuraduría haya hecho caso omiso del fallo proferido por la justicia colombiana, donde se eximía de toda responsabilidad penal al profesor Beltrán y se le restituían sus derechos, y que las directivas de la Universidad Nacional entregaran el caso para su revisión omitiendo el derecho a aplicar el principio de autonomía universitaria que –todavía– la ampara, pasando también por encima del fallo ya proferido por una Juez de la República y renunciando al uso de su propio régimen disciplinario del que se supone también goza, tal y como lo consagra la Ley 30 de 1992 aún vigente, donde se establece la posibilidad para las universidades públicas de tener su propio régimen disciplinario tanto para docentes como para funcionarios administrativos[1].
Advertimos en el proceder de las dos instancias un preocupante mensaje al profesorado y a los empleados no docentes de las universidades públicas del país, puesto que sus actos por acción y por omisión respectivamente, expresan una clara persecución y criminalización del pensamiento crítico, de la labor gremial y sindical, del derecho a disentir y a manifestarse púbicamente consagrado por la Constitución Nacional y amparado por el Estatuto General de nuestras Universidades. Rechazamos categóricamente esta condena y tememos que con ésta se busque una lección ejemplarizante que se pueda extender a todas las universidades públicas. Violar el derecho al buen nombre, desestimar fallos absolutorios de otras instancias, vulnerar los principios de buena fe, presunción de inocencia y debido proceso, ¿serán prácticas avaladas por las rectorías con el beneplácito de la Procuraduría?
Por todo lo anterior,
EXIGIMOS: Preocupa que la Procuraduría haya hecho caso omiso del fallo proferido por la justicia colombiana, donde se eximía de toda responsabilidad penal al profesor Beltrán y se le restituían sus derechos, y que las directivas de la Universidad Nacional entregaran el caso para su revisión omitiendo el derecho a aplicar el principio de autonomía universitaria que –todavía– la ampara, pasando también por encima del fallo ya proferido por una Juez de la República y renunciando al uso de su propio régimen disciplinario del que se supone también goza, tal y como lo consagra la Ley 30 de 1992 aún vigente, donde se establece la posibilidad para las universidades públicas de tener su propio régimen disciplinario tanto para docentes como para funcionarios administrativos[1].
Advertimos en el proceder de las dos instancias un preocupante mensaje al profesorado y a los empleados no docentes de las universidades públicas del país, puesto que sus actos por acción y por omisión respectivamente, expresan una clara persecución y criminalización del pensamiento crítico, de la labor gremial y sindical, del derecho a disentir y a manifestarse púbicamente consagrado por la Constitución Nacional y amparado por el Estatuto General de nuestras Universidades. Rechazamos categóricamente esta condena y tememos que con ésta se busque una lección ejemplarizante que se pueda extender a todas las universidades públicas. Violar el derecho al buen nombre, desestimar fallos absolutorios de otras instancias, vulnerar los principios de buena fe, presunción de inocencia y debido proceso, ¿serán prácticas avaladas por las rectorías con el beneplácito de la Procuraduría?
- Que la Procuraduría revoque su decisión y restituya plenamente los derechos del profesor Beltrán. Es de recordar que esta entidad representa a los ciudadanos frente al Estado y tiene como uno de sus deberes primordiales “vigilar el cumplimiento de la constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos; proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad, con el auxilio del Defensor del pueblo; y defender los intereses de la sociedad” (Art. 277 de la Constitución Nacional).
- Que la Universidad Nacional de Colombia en cabeza del Rector Ignacio Mantilla reconozca el fallo absolutorio que ya le había otorgado la Juez Cuarta Penal del Circuito Especializado de Bogotá al leer sentencia absolutoria al profesor Beltrán en audiencia pública el 27 de julio de 2011.
- Que la Universidad Nacional de Colombia reconozca la parcialidad con la que actuó porque su proceder cuestiona el dictamen y la condena.
- Que tanto la Procuraduría como la Rectoría de la Universidad Nacional devuelvan el buen nombre, reparen el daño y ofrezcan disculpas públicas al profesor Miguel Ángel Beltrán.
- Que se restituya plenamente la autonomía universitaria y la libertad de cátedra en las universidades públicas del país, como parte de sus principios constitucionales, legales y estatutarios actualmente vigentes.
- Que la Universidad Nacional reconozca y haga efectivo el pago de la licencia no remunerada al profesor Beltrán, durante el tiempo que estuvo detenido.
- Que tanto la Universidad Nacional como las demás universidades públicas desistan de su pretensión de utilizar a la Procuraduría como instrumento de persecución disciplinaria a docentes y trabajadores de las casas de estudio, y en tal caso que recurran a las instancias que tienen consagradas en su funcionamiento interno para tal propósito, haciendo valer a su interior la Constitución y las leyes que nos rigen.
- Que el Rector de la Universidad Nacional de Colombia, doctor Ignacio Mantilla, desestime e inaplique la resolución de la Procuraduría General de la Nación que inhabilita al Profesor Miguel Ángel Beltrán Villegas a seguir ejerciendo la docencia y la investigación en la Universidad, con fundamento en el fallo absolutorio que lo benefició.
- Que el Rector de la Universidad Nacional de Colombia, Ignacio Mantilla, defienda la Autonomía Universitaria y aplique los Reglamentos Internos de la Institución.
- Que se respete la libertad de
cátedra, de pensamiento crítico y la autonomía universitaria de
las Universidades Públicas en Colombia.
Medellín, Octubre 9 de 2013
MARÍA ROCÍO BEDOYA
BEDOYA
JORGE ARISTIZÁBAL OSSA
Presidenta
Secretario
Junta
Directiva
ASOCIACIÓN DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
ASOCIACIÓN DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
DENUNCIA PÚBLICA
Denunciamos ante la opinión pública nacional e internacional, la persecución contra el docente e investigador de la Universidad Nacional de Colombia, Miguel Ángel Beltrán, quien el pasado viernes 11 de octubre fue retenido en las instalaciones de migración del aeropuerto internacional “El Dorado” de Bogotá (Colombia) cuando venía en un vuelo procedente de Argentina, pese a contar con toda su documentación en regla.
Según los funcionarios del Departamento de Migración, el Dr. Beltrán tenía vigente un requerimiento de INTERPOL, y debió permanecer en las oficinas de migración, durante más de una hora, mientras se procedía a la verificación de esta información, generando zozobra entre familiares y amigos que esperaban con angustia en el muelle internacional. Una vez que los agentes de migración recabaron la información necesaria para permitir su ingreso, procedieron –por orientación de INTERPOL- a un largo interrogatorio donde se le preguntó por sus datos personales y los de su núcleo familiar.
Como es de conocimiento público, desde junio de 2011, el profesor Beltrán fue absuelto de los cargos de rebelión y concierto para delinquir con fines terroristas y actualmente no pesa sobre él orden judicial alguna; por lo que este procedimiento resulta a todas luces irregular y violatorio de sus libertades individuales; al mismo tiempo que constituye una clara demostración de que sigue la persecución del Estado en su contra. Este nuevo atropello -que tienen el propósito de generar miedo y terror entre quienes cuestionan las políticas oficiales- se suma a una cadena de vulneraciones contra los derechos fundamentales de que ha sido objeto el profesor Beltrán, desde su secuestro en México el 22 de mayo de 2009.
Alertamos a los organismos defensores de derechos humanos sobre estas situaciones que pretenden desconocer, -de manera deliberada-el fallo absolutorio que puso en libertad al profesor Beltrán; estigmatizándolo y atentando contra su dignidad humana.
Campaña Europea por la libertad de las y los prisioneros políticos
INTAL-América Latina
Corporación Solidaridad Jurídica
Brigada Jurídica Eduardo Umaña Mendoza
Campaña Traspasa los muros
Observatorio de DDHH, Paz y conflicto Alfredo Correa de Andreis
Asociación de DDHH Justicia Social por Colombia
Campaña Traspasa los Muros – Capítulo Argentina
miércoles, 2 de octubre de 2013
CARTA ABIERTA A UN INQUISIDOR DEL PENSAMIENTO CRÍTICO
Doctor
Alejandro Ordoñez
La
investigación disciplinaria en mi contra la inició su despacho con base en una
noticia publicada por el periódico El Espectador, el 27 de mayo de 2009,
circunstancia que -como lo anotó en su momento mi defensa- dejaba en claro su
interés específico en el caso, y aunque la investigación fue asignada al
Procurador 1º. Delegado para la vigilancia administrativa, no escapa a mi
entendimiento que Usted funge como “titular y jefe único del Ministerio
Público, ante el cual todos los demás funcionarios que trabajan en la
procuraduría son subordinados, incluyendo desde luego el mencionado procurador
delegado y los abogados y abogadas que le asisten en su función, junto con
todos y cada uno de los procuradores judiciales en lo penal”.
¿Podría
esperarse una decisión distinta de una entidad oficial donde algunos de sus
empleados han sido designados no por sus capacidades y competencias jurídicas,
menos aún por sus calidades éticas, sino como parte de un entramado
clientelista, en el que Usted, como cabeza visible de ese organismo, vinculó
laboralmente a personas ligadas con lazos familiares o de amistad a servidores
públicos que intervinieron para su reelección como procurador? La ecuanimidad
no ha sido precisamente una de las virtudes que ha caracterizado su ejercicio
profesional; su flagrante violación al artículo 126 de la Constitución Política
Nacional, así lo corrobora.
También
habla de su falta de imparcialidad el hecho de que antes de iniciar el proceso
disciplinario en mi contra, se hubiese pronunciado públicamente señalando la
validez de los supuestos computadores del guerrillero de las FARC, abatido en
Ecuador, “Raúl Reyes”, impugnando la decisión de la Corte Suprema que declaró
su ilegalidad y aduciendo que se obtuvieron “en un contexto de lucha contra
el terrorismo, al amparo de la seguridad nacional e internacional, en el marco
del desarrollo de un conflicto no internacional”, eliminando así las
garantías mínimas para un proceso justo.
Ante
sus correligionarios Usted puede ufanarse de ser un consecuente soldado de los
caballeros templarios porque en pleno siglo XXI anuncia con sus trompetas de
guerra que el aborto es un delito de lesa humanidad; porque persigue con su
espada católica las uniones entre homosexuales; porque reivindica la Iglesia
que legitimó el genocidio contra los pueblos originarios de América y ejerció
el “santo oficio de la inquisición” a través de la tortura, la hoguera y el
descuartizamiento; porque justifica los miles de “infieles” que murieron a mano
de los cruzados; porque guarda en una de las gavetas de su escritorio un índice
de lecturas prohibidas ( Index librorum prohibitorum et expurgatorum) y
porque asiste a las ceremonias lefebvristas que se ofician en la Iglesia de los
Sagrados Corazones de Jesús y de María, de espalda a los feligreses y en latín,
quizás para excluir de la santificación a quienes, además de la pobreza, sólo
poseen el don de las lenguas vernáculas.
Estas
lejanas vivencias y aprendizajes que marcaron mis primeros años de estudio
hasta concluir el bachillerato, me permiten recordarle que cuando Usted valida
las supuestas pruebas del computador de Reyes y la USB, a sabiendas de que son
ilícitas e ilegales y que fueron analizadas y superadas en el proceso judicial,
a la vez que me señala de difundir con mis escritos el pensamiento
revolucionario de las FARC; divulgar sus ideas en foros internacionales;
organizar eventos en la Universidad Nacional “con sentido político” invitando a
los estudiantes a que se unan a las filas de las FARC y pretender crear un
centro de investigación de esta organización armada, está faltando una vez más
al octavo mandamiento de la Ley de Dios “No levantarás falsos testimonios,
ni mentirás”. Y digo una vez más, porque ya lo hizo en el proceso contra la
Senadora Piedad Córdoba.
En
su conocido catecismo el Padre Gaspar Astete nos recordaba que había tres tipos
de mentiras: jocosa, la que se recurre para hacer un chiste; oficiosa,
la que se dice por utilidad propia; y perniciosa, la que busca dañar al
prójimo. Déjeme decirle, señor procurador, que Usted ha incurrido en las tres:
ha dicho una mentira jocosa porque acusarme de que participé en eventos
nacionales e internacionales para difundir el pensamiento revolucionario de las
FARC francamente produce risa; ha recurrido a una mentira oficiosa para
defender sus convicciones político-religiosas personales y ha dicho una mentira
perniciosa que tiene como propósito mi eliminación física del campus
universitario colocando en alto riesgo mi integridad personal y la de mi
familia (y desde ya lo responsabilizo de las consecuencias que esta temeraria
falsedad pueda tener).
Las
dos primeras mentiras son pecados veniales, pero la última constituye –en la
interpretación que hace el padre Astete- un pecado mortal. No quisiera
preocuparlo, señor Procurador, pero sus contravenciones a los principios
cristianos son muchos más graves que esto, porque además de sus mentiras
perniciosas ha incurrido en perjurio ya que en el momento de su posesión, Usted
Juró solemnemente que ejercería “el control disciplinario del servidor
público, adelantando las investigaciones y sancionando a los funcionarios que
incurran en faltas disciplinarias en el desempeño de sus funciones y
desarrollando investigaciones cuando se presenten irregularidades en el manejo
del patrimonio público”.
Pero
Acaso ¿no pidió Usted absolver al coronel Alfonso Plazas Vega condenado por la
desaparición de 11 personas en los sangrientos hechos del Palacio de Justicia?
¿No solicitó eximir de responsabilidad penal a oficiales, suboficiales y
soldados judicializados por caso de “falsos positivos”(ejecuciones
extrajudiciales realizadas por el Estado)en Bosconia (Cesar) argumentando que
estos crímenes se hicieron para defender la institución? ¿No desestimó las
contundentes pruebas contra el ex senador –y primo del entonces presidente
Álvaro Uribe Vélez- Mario Uribe por sus vínculos con el paramilitarismo? ¿No se
enfrentó a la Corte para buscar la absolución del político Mauricio Pimento,
electo gobernador del Cesar con votos amarrados a través del terror
paramilitar? El filo de su espada justiciera no ha rozado ni de cerca a los servidores
públicos que han defraudado el erario público, no obstante ha sido desenvainada
para inhabilitar a quienes hemos disentido de las políticas oficiales,
denunciado el terrorismo de Estado y propugnando por una salida dialogada al
conflicto armado y social colombiano.
Mi
carta es para hacer pública mi indignación por el reiterado daño que Usted le
ha venido causando a la sociedad colombiana, prevaricando e incumpliendo sus
responsabilidades como funcionario público y regando la simiente de la
intolerancia, en un país donde las élites gobernantes se han caracterizado
precisamente por excluir y aniquilar todo lo que se opone a sus mezquinos
intereses, como lo hicieron con la Unión Patriótica, organización política y
legal, a la que le asesinaron más de cinco mil militantes; y como lo sigue
haciendo el gobierno del presidente Juan Manuel Santos con líderes populares
que han participado en las recientes movilizaciones sociales.
Su
nociva actuación no es nueva: como presidente del Consejo de Estado Usted
favoreció las fumigaciones con glifosato de cultivos de uso ilícito, vulnerando
los derechos colectivos de las comunidades a disfrutar de un ambiente sano y
permitiendo que se atentara contra la salubridad pública y la conservación del
ecosistema; de este modo despejó el camino para la aplicación de las políticas
antidrogas, acrecentando la pérdida de nuestra soberanía nacional y el
afianzamiento de las estrategias contrainsurgentes que han tenido continuidad
bajo la actual administración.
¡Qué
lejos estamos de aquellos tiempos en que el entonces Procurador General de la
Nación, Carlos Jiménez Gómez, se levantó erguido y con pruebas en mano reveló a
la comunidad nacional e internacional los nombres de 163 personas involucradas
en actividades de paramilitarismo, específicamente relacionadas con los
escuadrones del MAS (Muerte a Secuestradores)! Entre los comprometidos
figuraban 59 miembros de las Fuerzas Armadas en servicio activo, incluido al
hoy general® Álvaro Velandia Hurtado, responsable de la desaparición forzada de
la estudiante Nidya Erika Bautista!. La Procuraduría ordenó la destitución de
este oficial en 1995, sin embargo, siete años después Usted, como magistrado
del Consejo de Estado, votó la revocatoria de la sentencia, logrando la
restitución de este general comprometido en delitos de lesa humanidad.
Pero
Usted también le ha hecho otros favores al paramilitarismo: a principios del
2010, por ejemplo, conceptuó que los vicios de trámite de la ley que convocaba
al referendo reeleccionista, con el cual pretendía perpetuarse en el poder el
ex presidente Álvaro Uribe Vélez eran subsanables y pidió que se declarara
exequible. En un país donde los procesos burocráticos caminan tan lentamente,
entregó su fallo dos semanas antes del tiempo previsto por la ley ¿tanta prisa
tenía para garantizarle a su mentor político la posibilidad de un tercer
mandato?
No
nos digamos mentiras, señor Procurador (I), sus convicciones religiosas a las
que refería al iniciar esta carta son solo una fachada para llevar adelante la
tarea servil que le han encomendado las élites bipartidistas de este país: esto
es, borrar del camino cualquier vestigio de oposición política y social; pues
si con el accionar de las fuerzas militares y paramilitares en Colombia se
elimina al contradictor político, y con el apoyo de la rama judicial se
fabrican falsos positivos judiciales; con el Ministerio Público que usted
regenta de manera ilegítima, se ha buscado inhabilitar políticamente a figuras
representativas de la oposición; no de otra manera se explican las arbitrarias
investigaciones que abrió contra el senador Jorge Robledo, la senadora Gloria
Inés Ramírez y el concejal Jaime Caicedo, como lo hizo en su momento con la
Doctora Piedad Córdoba y, ahora intenta hacerlo con los funcionarios públicos
que han viajado a La Habana a entrevistarse con la delegación de las FARC .
Esta mesa de diálogo con representantes del gobierno se instaló hace cerca de
un año para concertar salidas políticas al conflicto armado y social colombiano
¿Pretende criminalizar, también, las expresiones de apoyo al proceso de paz? Ni
el mismo senador republicano Joseph McCarthy se hubiera atrevido a tanto.
Finalmente
quisiera decirle que pese a la falta de ponderación en sus decisiones, he
cumplido, a través de mi defensa, con el ritual de apelación, que Usted deberá
resolver en los próximos días. Desde mi secuestro en México, el 22 de mayo de
2009, el Estado colombiano ha menoscabado casi todos mis derechos fundamentales;
los regímenes autoritarios suelen instrumentalizar a organismos como la
Procuraduría y a personajes como Usted para conculcar los derechos humanos y
las libertades públicas, por eso no puedo más que rememorar la digna actitud
asumida por el astrónomo y matemático Giordano Bruno cuando fue condenado a la
hoguera por el Santo Oficio de la Inquisición:
Profesor Asociado. Universidad Nacional de Colombia
Bogotá, octubre 3 de 2013
Ilegítimo
Procurador General de la Nación
Guió don Quijote, y habiendo andado como doscientos pasos,
dio con el bulto que hacía la sombra,
y vio una gran torre, y luego conoció que el tal edificio no
era alcázar, sino la iglesia principal del pueblo, y dijo:
-Con la iglesia hemos dado, Sancho.
-Ya lo veo -respondió Sancho-. Y plega a Dios que no demos
con nuestra sepultura;
El Quijote. Miguel de Cervantes Saavedra
El
pasado 4 de septiembre tuve conocimiento a través de los medios oficiales de
comunicación de la decisión tomada por su despacho de destituirme de mi
condición de docente de la Universidad Nacional de Colombia e inhabilitarme por
13 años para ejercer cargos públicos; un fallo que llama la atención tanto por
la sevicia con que pretende eliminarme del espacio público y universitario,
como por la pobreza intelectual y argumentativa que acompaña el mismo, haciendo
uso de pruebas ya superadas en el proceso judicial y limitando el legítimo
derecho a la defensa que me asiste.
Curiosa
“justicia” la de este país tanto tiempo consagrado al Sagrado Corazón de Jesús,
donde el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC (adscrito al
Ministerio de Justicia y del Derecho) niega mi condición de servidor público
para mantenerme durante más de dos años en una prisión de alta seguridad, junto
con peligrosos paramilitares, narcotraficantes y guerrilleros; mientras que su
Ministerio Público ratifica tal condición para iniciarme una investigación
disciplinaria, en el momento en que los jueces validaban una captura ilegal,
producto de mi secuestro, tortura y expulsión de México; acción en la que, cabe
anotar, participaron funcionarios públicos colombianos y sobre la cual no hay
la más mínima alusión en su pliego de cargos, pese a que fueron puestos de
presente ante la Viceprocuradora General, por una delegación de reconocidos
juristas mexicanos, y circunstancias que yo mismo relaté en mi testimonio ante
la juez cuarta penal del circuito especializado de Bogotá, en presencia de la
Procuradora Penal II que allí concurría en calidad de agente especial de su
despacho.
¿Olvidó
Usted y su delegada que como entidad que representa a los ciudadanos frente al
Estado es un deber de la Procuraduría “vigilar el cumplimiento de la
constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos;
proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad, con el auxilio del
Defensor del pueblo; y defender los intereses de la sociedad” (Art. 277 de
la Constitución Nacional)? ¿Es esta la democracia garantista que tanto se
enorgullecen los gobernantes colombianos?
El
fallo que ha proferido su despacho causa indignación porque siendo Usted
constitucionalmente el garante de los derechos fundamentales de la sociedad
colombiana ha sido el primero en pisotearlos; sin embargo, no es un azar que
provenga de alguien que ha militado en la Fraternidad Sacerdotal San Pío X (Fraternitas
Sacerdotalis Sancti Pii X), la misma que en cabeza del ex arzobispo Marcel
Lefevbre calificó la dictadura argentina -en la que hubo más de treinta mil
desaparecidos- como “un gobierno de orden, que tiene principios”; y que
a través del obispo británico Richard Williamson –ordenado por el mismo
Lefevbre- afirmó que el holocausto era “un mito prefabricado” y que “ningún
judío había muerto en la cámara de gas” (El País, febrero 1 de 2009).
Como
muchos compatriotas de mi generación me formé en escuelas y colegios que siendo
públicos profesaban la fe católica, y a sus estudiantes se les exigía presentar
para su ingreso la partida de bautizo, y el registro de matrimonio de los
padres. Además contábamos con los servicios espirituales de un capellán, siendo
obligatoria la asistencia a las celebraciones litúrgicas, que si nos atenemos a
su parecer ya estaban contaminadas del “humo de Satanás” porque no se
celebraban en latín. En estos centros educativos los cursos de religión
constituían una asignatura más donde estudiábamos la biblia, en su edición
oficial (la de Jerusalén) porque las demás estaban proscritas; fue muchos años
después que comprendí que existían otros libros sagrados como el Corán, el
Talmud, el Tao, o el Popol Vuh; y que en el mundo además de católicos existían
protestantes, judíos, musulmanes, budistas, gnósticos, agnósticos, mormones y
animistas entre muchas otras doctrinas religiosas, y, lo más importante,
entendí que no era un pecado pertenecer a ellas. Así mismo, advertí que en la
Iglesia católica coexistían corrientes “progresistas” y, también,
“tradicionalistas” como la que Usted adscribe.
Ese
conocimiento y ese respeto hacia los creyentes y no creyentes fue posible
gracias a la formación que me brindó la Universidad Pública, donde la libertad
de cátedra, y el pluralismo ideológico fueron siempre pilares fundamentales,
como una valiosa conquista del movimiento universitario de Córdoba (1918) que
se expandió a todo el continente. Son esos mismos principios los que su despacho
acaba de cercenar gracias a su arbitraria decisión contando con la impasible
mirada del rector de la Universidad Nacional, Ignacio Mantilla, quien frente al
caso no sólo ha guardado un silencio cercano a la estolidez, sino que ha
invocado el poder ilegítimo que Usted ostenta para solicitar su actuación
disciplinaria sobre los trabajadores y funcionarios del Alma Mater que se han
movilizado para reivindicar sus legítimos derechos. Acción que menoscaba la
autonomía universitaria y que pretende ser repicada hoy por las directivas de
otras universidades públicas.
La
Doctrina Católica enseña la obligación de cumplir con los mandamientos para
alcanzar la salvación divina, esto lo consagra ya no digamos el Concilio
Vaticano II, -el que tengo entendido Usted aborrece por su ecumenismo y
excesiva liberalidad- sino el mismísimo Concilio de Trento. Créame que no es mi
aspiración verlo abrasado por las ardientes llamas del infierno; no desearía
para Usted la suerte que corrieron decenas de ejemplares de obras escritas por
Marx, Descartes, Friedrich Nietzsche, José María Vargas Vila y Gabriel García
Márquez, entre muchos otros, cuya quema pública Usted propició en sus años
juveniles. Le aclaro sí, que no le escribí para recordarle sus deberes de
cristiano que tanto lo desvelan; soy respetuoso de las creencias políticas y
religiosas y estoy seguro que los dolores del alma que deben asistirle por su
torcido proceder serán purificados en su fuero interior gracias el sacramento
de la penitencia.
Todavía
está fresca en la memoria de los colombianos su desempeño como magistrado del
Consejo de Estado frente a los procesos de la parapolítica. Particularmente,
frente a la solicitud de pérdida de investidura del entonces congresista
William Alfonso Montes Medina -quien reconoció haber firmado el “Pacto de
Ralito” suscrito entre paramilitares y políticos para ‘refundar’ la patria-
Usted se pronunció señalando que “no obran en el proceso suficientes elementos
probatorios que permitan afirmar la pertenencia del congresista a los mismos,
de la sola firma del documento arriba señalado no se puede inferir tal
aseveración” (Bogotá, D.C., 20 de noviembre de dos 2007), pruebas que Usted
minimizó y que fueron suficientes para que la Corte Suprema condenara
penalmente al ex congresista a 90 meses de cárcel; Otro tanto sucedió con los
congresistas Ciro Ramírez, Álvaro Araujo, Erick Morris, Jairo Enrique Merlano y
Luis Humberto Gómez Gallo, entre muchos otros que la Corte condenó
¿determinaron estos complacientes pronunciamientos su nombramiento como
Procurador General de la Nación?
Con
esta misiva pongo a su disposición mi libro La Vorágine del Conflicto
Colombiano: una Mirada desde las Cárceles, que recoge relatos de vida de
los protagonistas del conflicto armado y social (militares, paramilitares,
guerrilleros, milicianos y delincuentes sociales), los cuales recopilé durante
los dos años que estuve injustamente privado de la libertad sindicado de
rebelión y concierto para delinquir. Tengo la sospecha que este ejemplar
terminará alimentando sus piras bibliográficas (en su momento los guardias
penitenciarios realizaron acciones similares con las bibliotecas que creamos
los presos políticos en La Modelo y la Picota); lo invitó, sin embargo, a que
venza sus prejuicios medievales y lo lea, quizás le ayude a recordar la verdad
a gritos de los estrechos nexos que han tenido el Estado Colombiano, las
Fuerzas Militares, latifundistas y políticos nacionales y locales con las
organizaciones paramilitares; también le aportará algunos elementos sobre el
oscuro desempeño del ex comisionado de Paz Luis Carlos Restrepo, a quien ha
defendido con vehemencia su despacho.
“Bruno
escucha en silencio, arrodillado delante de sus jueces. Pequeño, flaco,
descarnado, con la barba oscura y descuidada, agotado por casi 2.800 días de
prisión, por las privaciones, la tortura, por una inquietud que duró siete años
y nunca compartida con alguien, por nadie confortado, Bruno se yergue, la
mirada orgullosa y llameante. Luego se alza, mirando en derredor con una mirada
torva y amenazadora, colmada de un desprecio incontenible, y pronuncia las
últimas palabras de las que se tiene testimonio seguro. Son palabras ásperas,
duras, que surgen de un espíritu que domina al de los jueces y de los
presentes, que está más allá de la muerte ya inminente. Son palabras proféticas
que, sin que nadie las comprenda, anuncian el futuro de la Iglesia y tal vez,
de la humanidad: ‘Tal vez tenéis más temor vosotros al pronunciar mi
sentencia, que yo al recibirla’ [Primitivo Martínez Fernández. La
Inquisición. El Lado Oscuro de la Iglesia]
Atentamente,
Miguel
Ángel Beltrán Villegas Profesor Asociado. Universidad Nacional de Colombia
Bogotá, octubre 3 de 2013
LA DESTITUCIÓN DEL PROFESOR MIGUEL ÁNGEL BELTRÁN REPRESENTA UNA CONDENA AL PENSAMIENTO CRÍTICO
El colega Miguel Ángel Beltrán, vinculado
como profesor a la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional de
Colombia, fue secuestrado conjuntamente por los Estados de Colombia y México en
una tenebrosa maniobra de terrorismo internacional en el año de 2009, que
revivió la sombría época del Plan Cóndor, en el que las dictaduras del Cono Sur
secuestraban, torturaban y mataban a los que declaraban como sus enemigos.
Luego de su secuestro fue traído a Colombia y presentado como Jaime Cienfuegos,
un presunto enlace internacional de las FARC. El estado colombiano justificó el
secuestro y las posteriores acusaciones en los supuestos computadores de Raúl
Reyes, en donde aparecían pretendidos correos entre el comandante insurgente y
el profesor Beltrán.
Se consideran como pruebas en su contra los
“reiterados artículos publicados sobre el ‘conflicto colombiano’ y su
comprobada asistencia a foros internacionales” en los que la Procuraduría, en
contra de lo dictaminado por el Juez que lo declaró inocente, opina que en
ellos se difundía el punto de vista de las FARC.
En el mismo sentido, es lamentable que la
Universidad Nacional no se haya opuesto a la actuación de la Procuraduría y no
haya invocado el derecho a la autonomía universitaria para adelantar procesos
disciplinarios internos, sino que sus altos funcionarios hayan permanecido en
silencio, como si el procedimiento de la Procuraduría no significara, en última
instancia, la vulneración de dicha autonomía.
Si en esta ocasión nos callamos y aceptamos
en silencio las arbitrariedades de un órgano de control disciplinario que se
está atribuyendo funciones de juez, que no tiene, como lo determinó el Consejo
de Estado el 11 de junio de 2013, tal y como lo transcribe El Espectador en
su edición virtual del 23 de septiembre del presente año:
La Procuraduría General de la Nación no juzga
ni sentencia porque no es un juez, es la máxima autoridad disciplinaria y sus
decisiones están sujetas al control del Consejo de Estado, porque no posee “un
poder omnímodo no sujeto a controles ni es una nueva rama del poder. (http://www.elespectador.com/noticias/nacional/procuraduria-no-juez-articulo-448038)
Por todo lo anterior, ASPU NACIONAL Y ASPU
UPN llaman a todos los colegas universitarios a rechazar abiertamente la
actuación ilegítima y arbitraria de la Procuraduría y brindan todo su apoyo y
solidaridad moral al colega Miguel Ángel Beltrán Villegas.
Bogotá
D.C. 24 de Septiembre de 2013
Aparte de que tales “pruebas” eran muy burdas
y amañadas se dio un largo proceso que significó que el Profesor Miguel Ángel
permaneciera detenido en forma ilegal durante 25 meses en varias cárceles del
país y luego un juez determinó que las acusaciones de la Fiscalía no tenían el
más mínimo fundamento, como quedó consignado en el fallo absolutorio. Cuando
esto sucedió ni el Estado colombiano ni los medios de comunicación, que habían
calumniado al profesor, no hicieron rectificaciones ni pidieron disculpas por
sus señalamientos criminales.
Él se reintegró a su trabajo docente en la
Universidad Nacional, y en el año 2011 la Procuraduría General de la Nación le
abrió un proceso disciplinario por las mismas razones que había sido absuelto.
Luego de más de dos años, el 3 de septiembre la Procuraduría falló en primera
instancia en su contra, procediendo a destituirlo de su cargo y a suspenderlo
por un tiempo de 13 años para ejercer cualquier cargo público en Colombia.
La Procuraduría en forma arbitraria
desconoció la decisión del proceso judicial y asume que Miguel Ángel Beltrán y
Jaime Cienfuegos son la misma persona –una falacia que se desmoronó durante el
juicio–, a partir de lo cual fundamenta su decisión. A partir de ese falso
presupuesto, la Procuraduría no efectuó ninguna investigación, sino que se
limitó a dictaminar una decisión tomada con antelación.
Lo que es más grave, porque sienta un
peligroso y terrible antecedente, radica en que la Procuraduría está censurando
–y castigando– la libre opinión de un académico e intelectual que se atrevió a
fijar su posición en forma abierta sobre el conflicto social y armado que soporta
Colombia, hasta el punto que se criminalizan sus puntos de vista, como los que
expresó en una entrevista concedida a la W Radio, durante la cual fue atacado
por un conocido periodista en forma alevosa y grotesca, inquiriéndolo para que
dijera si era terrorista o no. La Procuraduría y los medios de comunicación
actúan como si fueran fiscales y jueces de la inquisición.
La destitución del colega representa una
condena al pensamiento crítico e independiente y constituye un nefasto
precedente, porque en lo sucesivo cualquier profesor, catedrático o
investigador será juzgado, condenado y/o destituido por lo que piense y afirme,
con lo cual se clausura la libre opinión e investigación académica. Esto
significa la imposición de la censura y la autocensura a quienes disientan y
critican el estado de cosas existentes, mientras que gran cantidad de
delincuentes –ligados incluso a gobiernos anteriores– mantienen sus acciones
criminales.
Lo más preocupante estriba en que los
atropellos contra nuestro colega no han sido llevados a cabo en forma exclusiva
por la “justicia colombiana” sino que también por la Universidad Nacional. En
efecto, durante el tiempo que estuvo encarcelado, esta institución suspendió en
forma arbitraria su vinculación a la planta docente mediante una licencia no
remunerada, con lo cual se violaron sus derechos y se generaron grandes
privaciones a su familia. Así mismo, diversas instancias de la Universidad
Nacional pusieron múltiples trabas para que se le concediera una prórroga a su
comisión de posdoctorado, la que finalmente le fue aprobada, y eso a pesar del
riesgo personal que corre el profesor de permanecer en el país debido a las
amenazas contra su vida.
Los profesores universitarios y la comunidad
universitaria en general no pueden aceptar en forma pasiva una decisión tan
amañada como la de la Procuraduría, porque eso representa una afrenta contra la
libertad de cátedra y de crítica y un atentado contra las pocas garantías
democráticas que aún nos quedan.
“la Procuraduría General de la Nación no
juzga ni sentencia porque no es un juez, es la máxima autoridad disciplinaria y
sus decisiones están sujetas al control del Consejo de Estado, porque no posee
“un poder omnímodo no sujeto a controles ni es una nueva rama del poder (…); no
se pueden atribuir, en contra de la Constitución Política que dice defender,
estas funciones ni siquiera sugerir que sus decisiones constituyen sentencias,
con todas las garantías que revisten los fallos judiciales”.
El tribunal precisó que el uso corriente de
la expresión “juez disciplinario” por la Corte Constitucional, para hacer
referencia a la Procuraduría, “no puede interpretarse bajo ninguna perspectiva
en el sentido de que la Procuraduría sea una autoridad jurisdiccional ni de que
sus dictámenes disciplinarios tengan la naturaleza jurídica de sentencias que
hagan tránsito a cosa juzgada; tampoco el uso de la palabra ‘fallos’ o
‘instancias’, en el que se suele incurrir”.
Vale terminar, recordando que las decisiones
de la Procuraduría en términos pretendidamente disciplinarios se convierten en
realidad en una “nueva” práctica de impartir justicia, que es más riesgosa que
las mismas acciones penales, porque éstas últimas pueden ser más garantistas,
mientras que con las acciones administrativas se genera la muerte política y
pública de los funcionarios destituidos. De ahí que esta forma sea tan
detestable, si no más, que la abierta persecución política o el encarcelamiento
arbitrario, porque pretende ampararse en una decisión puramente administrativa,
procedimiento mediante el cual “se saca de circulación” a todo aquel
funcionario público (como los profesores universitarios) considerados incómodos
o enemigos del Estado colombiano.
ASOCIACIÓN
SINDICAL DE PROFESORES UNIVERSITARIOS ASPU-UPN
Personería
Jurídica No. 0623 del 4 de Mayo de 1966 del Ministerio de Trabajo
LA CÁRCEL Y EL PENSAMIENTO CRÍTICO PRESENTACIÓN DE "LA VORÁGINE DEL CONFLICTO COLOMBIANO: UNA MIRADA DESDE LAS CÁRCELES", DE MIGUEL ÁNGEL BELTRÁN
Renán
Vega Cantor
“Dolor infinito debía ser el único nombre de estas
páginas.
Dolor infinito, porque el dolor del presidio es el más
rudo, e
l más devastador de los dolores, el que mata la
inteligencia, y seca el alma
y deja en ella huellas que no se borrarán jamás.
Nace con un pedazo de hierro; arrastra consigo este
mundo
misterioso que agita cada corazón; crece nutrido de
todas las penas sombrías,
y rueda, al fin, aumentado con todas las lágrimas
abrasadoras”.
José Martí, El presidio político en Cuba. (1873)
Tengo
el privilegio de participar en este evento gracias a la invitación personal que
me ha hecho mi dilecto amigo Miguel Ángel Beltrán, lo cual para mí es un honor
y una responsabilidad solidaria. Un honor que yo pueda dirigir unas palabras
sobre su nuevo libro, y una responsabilidad, porque los profesores de la
universidad pública estamos siendo amenazados y es un deber y una obligación
oponernos a los designios de quienes representan a los pregoneros de la guerra
y el odio. En esta ocasión quiero referirme de manera breve y panorámica a tres
cuestiones: al autor, a la obra, y a la cárcel.
Una
tendencia de la crítica literaria y bibliográfica afirma que cuando se comenta
una obra debe hacerse abstracción de quién es el autor y centrarse en forma exclusiva
en la obra misma, para juzgarla de manera intrínseca y entender desde dentro
sus virtudes y limitaciones, con independencia de la producción previa de un
autor y de su trayectoria. Este presupuesto es difícil de aceptar cuando se
comenta un libro como el que hoy estamos presentando, porque la vida de Miguel
Ángel Beltrán está indisolublemente ligada, incluso como autobiografía, a su
obra La vorágine del conflicto colombiano. Por tal razón, antes de hablar del
libro que nos convoca es indispensable referirnos a su autor, lo cual nos
remite al contexto colombiano actual.
Miguel
Ángel es un notable estudioso e investigador de la realidad colombiana, pero no
es un académico convencional, sino un activo participante en el drama de la
vida nacional. Esto lo ha llevado a mirar la situación del país de una manera
mucho más profunda que la del investigador tradicional y del típico profesor
universitario, cuya relación con el saber social es puramente instrumental,
porque cada vez se aísla más del mundo real, se centra en forma endogámica en
una especialidad restringida y vende el conocimiento como cualquier mercancía
(como sucede en Colombia con los violentologos).
Ese vínculo entre el conocimiento y el compromiso atraviesa toda la vida y obra de Miguel Ángel, siempre consagrada a la universidad pública, tanto como estudiante (en la Universidad Distrital, la Universidad Nacional y la UNAM de México) y como profesor. Este hecho es importante resaltarlo porque allí se encuentra, a mi modo de ver, el origen de la persecución que soporta nuestro colega y compañero.
Al
respecto deben recordarse algunos hechos de esa persecución, que evidencian una
responsabilidad directa del Estado en general y del uribismo en particular. El
1 de marzo de 2008 el Estado colombiano cometió un crimen de guerra en
Sucumbíos Ecuador, lugar en el que fueron asesinados a mansalva 26 personas,
entre ellas un ecuatoriano y cuatro estudiantes mexicanos, cuyos nombres no se
pueden olvidar: Verónica Natalia Velázquez, Soren Ulises Avilés, Juan González
del Castillo y Fernando Franco Delgado. Estas personas eran estudiantes de la
UNAM y estaban vinculados al programa de Estudios Latinoamericanos. Además, en
esa ocasión se inventó el mágico e indestructible computador de Raúl Reyes
donde, como en la lámpara de Aladino, todos los días siguen saliendo documentos
que inculpan a Raimundo y todo el mundo de ser terroristas y donde se anuncian
con increíble precisión todos los hechos posteriores a 2008, en Colombia y en
el mundo, ¡tales como las luchas de la MANE, el Paro Agrario e incluso los
ataques de Estados Unidos a Libia y a otros países del medio oriente!
Aparte
de calumniar a los estudiantes asesinados, para desviar la atención por el
crimen cometido, el uribismo y sus áulicos mediáticos y académicos necesitaban
un hecho de carácter internacional en el que se involucrara a un colombiano de
la universidad pública con la UNAM, entidad que venía siendo infiltrada en
forma ilegal por ese gobierno, como se ha comprobado después. El objetivo desde
luego era claro: mostrar ante la opinión que esa respetable casa de estudios,
la UNAM —que ha dado acogida a perseguidos políticos de todo el mundo durante
diversas épocas— es un centro terrorista y, de esta manera, enlodar aún más la
imagen de los cuatro estudiantes asesinados y justificar dicho crimen. En estas
circunstancias, se prepara y efectúa el secuestro de Miguel Ángel Beltrán en
México, donde él estaba adelantando estudios de Posdoctorado. Este es un hecho
vergonzoso para el Estado de México, que se hizo cómplice de otro crimen del
parauribismo y terminó con una tradición histórica de ese país como territorio
que daba asilo a refugiados y perseguidos. Al respecto en el libro que
comentamos se encuentra un testimonio que reafirma esto que decimos, el del
periodista Rafael Maldonado Piedrahita, entrevistado en 1991:
“México
era para nosotros en ese momento, el París para los Europeos, el país nación
donde histórica y tradicionalmente, los exiliados políticos y los intelectuales
habían encontrado cobijo. Recordemos que todos los poetas latinoamericanos, que
todos los panfletarios latinoamericanos, que toda la intelectualidad perseguida
del continente, termina asilada en México, entonces para nosotros formaba parte
de esa tradición cultural y política de asilo y ninguno de nosotros pensaba en
Lima, Buenos Aires o Río de Janeiro. Para nosotros el sitio obvio, natural, de
asilo era México”. (p. 176).
El régimen de Felipe Calderón rompió con esa tradición
de casi un siglo, lo que se reafirmó con lo sucedido a Miguel Ángel. Éste fue
secuestrado y traído en forma ilegal a Colombia, donde los esbirros del régimen
lo maltrataron y lo presentaron ante los medios de comunicación como un
“peligroso terrorista” y se inició un falso positivo judicial, que aún no termina.
Este hecho criminal fue avalado y amplificado por los medios de desinformación
masiva, con todo tipo de mentiras e infundios. La farsa duró dos largos años en
los cuales Miguel Ángel permaneció tras las rejas, hasta que una a una se
fueron cayendo las falsas pruebas y nuestro amigo quedó en libertad.
Entre
paréntesis, el 17 de este mes el DAS pidió perdón obligado y por orden judicial
colocó una placa en la ciudad de Barranquilla, en el mismo lugar en donde fue
asesinado el investigador costeño, con esta inscripción: “En memoria de Alfredo
Correa De Andreis, asesinado en Barranquilla el 17 de septiembre de 2004.
Hechos como los que originaron su muerte, jamás deberán repetirse. DAS en
proceso de supresión, 17 de septiembre de 2013”. Ese día Magda Correa de
Andreis, hermana del profesor asesinado, sostuvo que una “administración
tenebrosa le hizo un montaje que le provocó la muerte”i.
He
aquí el meollo del asunto: los pensadores críticos e independientes han sido y
siguen siendo perseguidos por una “administración tenebrosa” y una (in)justicia
también tenebrosa, que se basa en la mentira, la calumnia, la invención de
pruebas, para perseguir a todos los que disienten, con el fin adicional de
reafirmar su proyecto de liquidar de una vez por todas con lo que queda de
universidad pública.
Mientras esto sucede, de lo cual Miguel Ángel es la
prueba más palpable, los verdaderos criminales siguen actuando a sus anchas.
Esto, por lo demás, no nos debe extrañar porque en una sociedad traqueta, como
lo es la colombiana, lo que da prestigio no es el estudio o el ejercicio del
pensamiento, sino los crímenes cometidos. De ahí que Pablo Escobar y sus émulos
tengan tanta popularidad en el país y en algunas universidades se dicten
cátedras que llevan el nombre de parapolíticos condenados, como sucede con
César Pérez García, responsable intelectual y organizador de la masacre de
Segovia en 1988, en la que fueron asesinadas 43 personasii.
Con
esto se demuestra que, cuando se tienen convicciones profundas y principios
definidos, ni la cárcel ni la persecución pueden silenciar a los pensadores ni
ocultar las verdades que éstos recuerdan a diario.
La
dura realidad latinoamericana se constituye en el trasfondo en el que se origina
una importante producción bibliográfica crítica y alternativa a las
explicaciones convencionales y conservadoras, y que desde el mismo siglo XIX ha
ido forjando una rica y creativa veta explicativa sobre lo propio y específico
de nuestro continente.
Después
de la Revolución Cubana y durante el último medio siglo esa producción
bibliográfica creció y se multiplicó a lo largo y ancho del continente, dando
origen a un género propio y forjado de manera creadora en estas tierras: el
testimonio. Es tal la importancia de esta forma de reflexión y escritura que
Casa de las Américas —ese faro de la cultura al que tanto debemos los
latinoamericanos, con sede en La Habana— creó hace muchos años un premio a este
género, el cual ha reconocido a valiosas obras, en las que emergen
extraordinarias historias de seres anónimos, que de otra manera nunca hubieran
sido conocidas.
Esteban Montejo, un antiguo esclavo que en 1963,
cuando tenía más de cien años, narró las peripecias de su extraordinaria
existencia en la Cuba de finales del siglo XIX. En la segunda obra se recrea la
apasionante vida de un dirigente del partido comunista de Salvador, que fue uno
de los treinta mil fusilados de 1932 por la terrible dictadura de Maximiliano
Hernández Martínez, y que por pura suerte sobrevivió.
Desde
la década de 1960 el género testimonial ha incursionado en diversos temas y se
ha expandido en términos geográficas por todo el continente. Esto se explica
por la misma complejidad y riqueza social y cultural de nuestras sociedades,
diversidad y riqueza que se ha intentado extirpar mediante la fuerza bruta y el
opio mediático, como lo han hecho las dictaduras militares y los regímenes de
seguridad nacional Made in USA, todos los cuales dejaron, y dejan, una estela
de sangre y horror, con el intento no solamente de destruir cualquier proyecto
alternativo al capitalismo, como sucedió en Chile hace 40 años, sino también de
borrar la memoria de las luchas de los vencidos y legitimar los crímenes de las
clases dominantes y de los Estados.
En
ese contexto adquiere un significado especial el testimonio, porque se
constituye en un medio literario, estético y político —en el sentido profundo
del término—de dar a conocer la injusticia y desigualdad de nuestras
sociedades, junto con la extraordinaria capacidad de resistencia, lucha e
imaginación de los explotados y oprimidos.
En
nuestro país también se ha consolidado el género testimonial, el cual se
encuentra íntimamente ligado a la violencia estructural imperante desde hace
varias décadas. Entre esos aportes se pueden mencionar, a manera de ejemplos,
la obra pionera Las Guerrillas del Llano de Eduardo Franco Isaza (1955) y las
de Alfredo Molano. Esas obras han abierto camino a muchos autores, que han
recurrido a la misma técnica para contar sus historias personales y las de
otras personas. En este sentido, habría que diferenciar, aunque su distancia
sea sutil y relativa, entre el testimonio autobiográfico y el testimonio que
reconstruye la vida de otros. En cualquier caso, lo decisivo radica en que una
obra de esta naturaleza relata hechos vividos en forma directa y se
reconstruyen a través de la palabra viva, la que luego es recreada por el
escritor y se plasma en un texto impreso.
A
esta técnica es la que recurre Miguel Ángel en su libro La vorágine del
conflicto colombiano, a partir de su propia experiencia como preso político en
varias cárceles del país. El autor vive en forma directa esa traumática
experiencia y a partir de allí concibe y escribe esta enjundiosa obra, para
mostrar tras los barrotes la compleja y terrible historia de Colombia, desde el
9 de abril hasta la actualidad. Con su mirada de sociólogo, Miguel Ángel
escruta todo lo que se encuentra a su alrededor en la cárcel y, recurriendo a
un papel, a un lápiz y a su memoria personal, toma nota de todo lo que ve, y
sobre todo, de lo que escucha. Así, durante los largos 25 meses de su
cautiverio, va armando un libro, primero en su cabeza, que luego plasma magistralmente
en papel y que hoy tenemos la fortuna de conocer. En condiciones tan
complicadas para la labor intelectual, el autor recurre a la técnica
testimonial de las historias de vida, a través de las cuales describe un
intrincado tejido social en el que se configura la trayectoria existencial de los reclusos de las
cárceles colombianas, pero en especial de aquéllos que están relacionados
directamente con el conflicto armado.
Con
una gran amplitud mental, pero con una notable firmeza política, Miguel Ángel
reconstruye el conflicto interno del país, a través de las voces y recuerdos de
algunos de sus protagonistas directos, los cuales cuentan y analizan su propia
vida, pero también la de Colombia. Con un estilo literario directo y
comprensible se presentan testimonios de guerrilleros, paramilitares y miembros
de los cuerpos represivos del Estado, con lo que se proporciona una imagen
integral de la guerra que soportamos. Para el efecto, el libro se divide en
tres partes: la primera se titula “Protagonistas del conflicto” (pp. 35-157),
la segunda, “La cárcel: ‘juntos pero no revueltos’ (159-282), y la tercera y
última, “los hilos del pasado” (283-381).
“Nosotros
no fuimos los únicos victimarios […] hay agentes del Estado, altos funcionarios
y políticos que también lo son y que contribuyeron a fortalecer las
organizaciones de autodefensas.
[…]la
lucha de las autodefensas fue iniciativa del mismo Estado: la desaparición
forzada, las masacres fueron estrategias provenientes del mismo Estado y de sus
agentes y nosotros recibimos de ellos sus instrucciones militares
antisubversivas y hoy, detrás de estas rejas, venimos a darnos cuenta que
fuimos utilizados por el Estado […]”. (pp. 87-88).
Este
es un aspecto importante, porque hoy se difunde la falsa imagen que el Estado
no es el principal responsable de la violencia y, en el mejor de los casos, que
las violencias son simétricas. Con los testimonios que trae el libro de Miguel
Ángel se demuele esta falacia.
Esta
primera parte transcurre, por decirlo así, en el ámbito externo y previo a la
cárcel, cuando los protagonistas recuerdan sus episodios de guerra. La segunda
parte se traslada de ese ámbito externo al interno, a la cárcel propiamente
dicha. Allí lo que se cuenta es la miseria e injusticia de la cárcel en
Colombia, convertida en un verdadero molino de destrucción de los seres humanos
que tienen la desgracia de llegar allí, sin importar si son presos sociales o
políticos, y ese lugar no tiene el mínimo atisbo de ser un centro de
resocialización o reeducación como dice la propaganda oficial. Pero también se
relata la manera como los presos políticos se organizan para no dejarse hundir
en medio de la miseria y la desesperanza y mantienen sus concepciones y sus
formas colectivas de lucha.
Estos
presos políticos resisten a pesar de que el Estado y la prensa nieguen su
existencia y como en la época de Julio César Turbay Ayala se haya convertido en
axioma la cínica afirmación, que también aparece referenciada en el libro, de
ese nefasto Presidente de la República (1978-1982) que negando la existencia de
esos prisioneros, haya dicho que aquí en Colombia el “único preso político soy
yo”. Esa negación, que complementaba la negación del conflicto armado interno,
ha servido al Estado para violar los más elementales derechos de los
prisioneros y ocultar, literalmente, la existencia de unas 8.000 personas que
están detenidas por sus convicciones políticas.
Afortunadamente,
voces valientes como las de Miguel Ángel y la Fredy Julián Cortés –otro
profesor de la Universidad Nacional encarcelado arbitrariamente y autor del
libro Te cuento desde la prisión— han mostrado con sus escritos y denuncias que
en Colombia si hay presos políticos y que soportan condiciones indignas e
inhumanas de existencia.
Finalmente,
en la tercera parte del libro, Miguel Ángel se anticipa y responde a la
negación de la historia sobre el origen del conflicto en Colombia —que se acaba
de oficializar en el Informe del grupo de Memoria Histórica—, en donde se
sostiene que ese conflicto se desencadena con la aparición de la insurgencia de
izquierda durante el Frente Nacional, con lo cual se lava la imagen de los
partidos tradicionales y se borran sus crímenes (unos 300 mil muertos, por lo
menos) durante la fase de la violencia partidista, entre 1945 y 1958. El autor
reconstruye los hilos del pasado, que no han desaparecido, que unen el hoy y el
ayer, y que implica, en términos historiográficos y políticos, incorporar la
“primera violencia” para entender la actual. Eso se hace con el testimonio del
padre de Miguel Ángel, un oficial retirado de la Policía Nacional, en el que se
recuerda parte de lo sucedido después del asesinato de Gaitán y la violencia
ejercida por pájaros y chulavitas, como se llamaba a los paramilitares de
aquella época. También aparecen testimonios de otros momentos álgidos de la
violencia contemporánea, referidos al exterminio de la Unión Patriótica y la
persecución al M-19 tras el robo de armas al Cantón Norte, efectuado a finales
de 1978.
LA CÁRCEL
Un
último punto al que me quiero referir en forma breve es el de la cárcel, porque
constituye el escenario en el que se concibió este libro y la temática de fondo
del mismo. La cárcel simboliza a pequeña y mediana escala la profunda
injusticia y desigualdad imperante en este país, porque allí se traslada y
evidencia la estructura de clases aquí existente.
Los
dos libros de Miguel Ángel referidos en forma directa o indirecta a su
arbitrario e injusto cautiverio nos dicen mucho sobre esa dura realidad que se
quiere negar, pero que está ahí y que nos abruma por su brutalidad: la de las
cárceles colombianas. Allí se consume la vida de miles de colombianos que no tuvieron
la oportunidad de estudiar, de conseguir un empleo digno, de tener un ingreso
que les permitiera sobrevivir a ellos y sus familias, que se vieron empujados a
llevar drogas en su cuerpo hacia los Estados Unidos o aquellos que se han
revelado contra la injusticia. Mientras tanto, reconocidos criminales, con un
interminable prontuario se aprestan a ser senadores de la república, y
mantienen su arrogancia, porque saben que la impunidad los protege y tolera
todas sus acciones delictivas.
El
libro de Miguel Ángel Beltrán es un testimonio directo no sólo de alguien que
ha soportado todo tipo de maltratos y calumnias por parte del Estado y los
dueños de este país, sino, lo que es más importante, de una persona que ha dado
ejemplo de firmeza y dignidad, para no traficar de ninguna forma con su dolor a
cambio de unas dadivas miserables que ofrece el régimen. Con esto se demuestra
que en Colombia, al igual que ha sucedido en otros lugares y otras épocas,
hombres y mujeres valerosos han convertido a la cárcel en otra escuela de la
vida, para reafirmar sus convicciones y
sus ideales de lucha. Esto nos recuerda lo dicho por
el personaje central de la novela de Jack London, El vagabundo de las
estrellas:
“[…]
he conseguido evadirme de mi tumba, escapar de ella pese a la reclusión a la
que me sometieron, en mi vuelo inusitado que muy pocos hombres libres han
conocido. Sí, me río de aquellos que creyeron encerrarme en este calabozo y
que, por el contrario, me han abierto los siglos. Gracias al castigo, he podido
ir recorriendo todas mis existencias anteriores”iii.
“La
honra puede ser mancillada.
La
justicia puede ser vendida.
Todo
puede ser desgarrado.
Pero
la noción del bien flota sobre todo, y no naufraga jamás.
Salvadla
en vuestra tierra, si no queréis que en la historia de este mundo la primera
que naufrague sea la vuestra.
Salvadla,
ya que aún podría ser nación aquella, en que perdidos todos los sentimientos,
quedase al fin el sentimiento del dolor y el de la propia dignidad”iv.
i.
“El DAS no pidió ningún perdón: fue una obligación”, http://www.elespectador.com/noticias/judicial/el-das-no-pidio-ningun-perdon-fue-una-obligacion-articulo-447034
ii.
En la página web de la Universidad Cooperativa puede leerse al respecto esta
perla de impunidad “La Facultad de Ingenierías de la sede Medellín celebró en
su bloque ubicado en el sector de Buenos Aires el tradicional día del
Ingeniero. […] El acto central de la celebración fue el lanzamiento de la
Cátedra Abierta de Ingeniería “César Pérez García” por parte de la Directora
Académica de la sede Medellín, Ligia González Betancur”. En la intervención,
mencionó los comienzos de la Universidad y el papel que jugó el doctor Pérez
García durante los primeros años para la consolidación de la institución. De
igual manera mencionó sus calidades personales y profesionales. La Cátedra
abierta se constituye como un espacio de apropiación del conocimiento
científico, tecnológico y empresarial en aspectos de orden ingenieril. Se
denomina abierta porque recibirá personas interesadas de todos los sectores de
la sociedad. Internamente busca que los estudiantes logren identificar aspectos
académicos propios de su formación, relacionados con las mejores prácticas y
desarrollos actuales que se vienen gestando en grupos de investigación,
empresas y organizaciones nacionales e internacionales”.
http://www.centrohistorialopezmichelsen.hol.es/catedra-cesar-perez-garcia.html
iii. Jack London, El vagabundo de las estrellas, Plaza
y Janes, Barcelona, 1975.
iv.
José Martí, El presidio político en Cuba, disponible en http://jose-marti.org/jose_marti/obras/documentoshistoricos/presidiopolitico/presidio01.htm
Renán
Vega Cantor
Fuente: Rebelión, 23 de septiembre de 2013
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