LA CÁRCEL Y EL PENSAMIENTO CRÍTICO PRESENTACIÓN DE "LA VORÁGINE DEL CONFLICTO COLOMBIANO: UNA MIRADA DESDE LAS CÁRCELES", DE MIGUEL ÁNGEL BELTRÁN

 

RENÁN VEGA CANTOR, REBELIÓN/LA PLUMA

 

Renán Vega Cantor

“Dolor infinito debía ser el único nombre de estas páginas.

Dolor infinito, porque el dolor del presidio es el más rudo, e

l más devastador de los dolores, el que mata la inteligencia, y seca el alma

y deja en ella huellas que no se borrarán jamás.

Nace con un pedazo de hierro; arrastra consigo este mundo

misterioso que agita cada corazón; crece nutrido de todas las penas sombrías,

y rueda, al fin, aumentado con todas las lágrimas abrasadoras”.

José Martí, El presidio político en Cuba. (1873)

 

Tengo el privilegio de participar en este evento gracias a la invitación personal que me ha hecho mi dilecto amigo Miguel Ángel Beltrán, lo cual para mí es un honor y una responsabilidad solidaria. Un honor que yo pueda dirigir unas palabras sobre su nuevo libro, y una responsabilidad, porque los profesores de la universidad pública estamos siendo amenazados y es un deber y una obligación oponernos a los designios de quienes representan a los pregoneros de la guerra y el odio. En esta ocasión quiero referirme de manera breve y panorámica a tres cuestiones: al autor, a la obra, y a la cárcel.

 EL AUTOR

Una tendencia de la crítica literaria y bibliográfica afirma que cuando se comenta una obra debe hacerse abstracción de quién es el autor y centrarse en forma exclusiva en la obra misma, para juzgarla de manera intrínseca y entender desde dentro sus virtudes y limitaciones, con independencia de la producción previa de un autor y de su trayectoria. Este presupuesto es difícil de aceptar cuando se comenta un libro como el que hoy estamos presentando, porque la vida de Miguel Ángel Beltrán está indisolublemente ligada, incluso como autobiografía, a su obra La vorágine del conflicto colombiano. Por tal razón, antes de hablar del libro que nos convoca es indispensable referirnos a su autor, lo cual nos remite al contexto colombiano actual.

Miguel Ángel es un notable estudioso e investigador de la realidad colombiana, pero no es un académico convencional, sino un activo participante en el drama de la vida nacional. Esto lo ha llevado a mirar la situación del país de una manera mucho más profunda que la del investigador tradicional y del típico profesor universitario, cuya relación con el saber social es puramente instrumental, porque cada vez se aísla más del mundo real, se centra en forma endogámica en una especialidad restringida y vende el conocimiento como cualquier mercancía (como sucede en Colombia con los violentologos).

 
Ese vínculo entre el conocimiento y el compromiso atraviesa toda la vida y obra de Miguel Ángel, siempre consagrada a la universidad pública, tanto como estudiante (en la Universidad Distrital, la Universidad Nacional y la UNAM de México) y como profesor. Este hecho es importante resaltarlo porque allí se encuentra, a mi modo de ver, el origen de la persecución que soporta nuestro colega y compañero.

Al respecto deben recordarse algunos hechos de esa persecución, que evidencian una responsabilidad directa del Estado en general y del uribismo en particular. El 1 de marzo de 2008 el Estado colombiano cometió un crimen de guerra en Sucumbíos Ecuador, lugar en el que fueron asesinados a mansalva 26 personas, entre ellas un ecuatoriano y cuatro estudiantes mexicanos, cuyos nombres no se pueden olvidar: Verónica Natalia Velázquez, Soren Ulises Avilés, Juan González del Castillo y Fernando Franco Delgado. Estas personas eran estudiantes de la UNAM y estaban vinculados al programa de Estudios Latinoamericanos. Además, en esa ocasión se inventó el mágico e indestructible computador de Raúl Reyes donde, como en la lámpara de Aladino, todos los días siguen saliendo documentos que inculpan a Raimundo y todo el mundo de ser terroristas y donde se anuncian con increíble precisión todos los hechos posteriores a 2008, en Colombia y en el mundo, ¡tales como las luchas de la MANE, el Paro Agrario e incluso los ataques de Estados Unidos a Libia y a otros países del medio oriente!

Aparte de calumniar a los estudiantes asesinados, para desviar la atención por el crimen cometido, el uribismo y sus áulicos mediáticos y académicos necesitaban un hecho de carácter internacional en el que se involucrara a un colombiano de la universidad pública con la UNAM, entidad que venía siendo infiltrada en forma ilegal por ese gobierno, como se ha comprobado después. El objetivo desde luego era claro: mostrar ante la opinión que esa respetable casa de estudios, la UNAM —que ha dado acogida a perseguidos políticos de todo el mundo durante diversas épocas— es un centro terrorista y, de esta manera, enlodar aún más la imagen de los cuatro estudiantes asesinados y justificar dicho crimen. En estas circunstancias, se prepara y efectúa el secuestro de Miguel Ángel Beltrán en México, donde él estaba adelantando estudios de Posdoctorado. Este es un hecho vergonzoso para el Estado de México, que se hizo cómplice de otro crimen del parauribismo y terminó con una tradición histórica de ese país como territorio que daba asilo a refugiados y perseguidos. Al respecto en el libro que comentamos se encuentra un testimonio que reafirma esto que decimos, el del periodista Rafael Maldonado Piedrahita, entrevistado en 1991:

“México era para nosotros en ese momento, el París para los Europeos, el país nación donde histórica y tradicionalmente, los exiliados políticos y los intelectuales habían encontrado cobijo. Recordemos que todos los poetas latinoamericanos, que todos los panfletarios latinoamericanos, que toda la intelectualidad perseguida del continente, termina asilada en México, entonces para nosotros formaba parte de esa tradición cultural y política de asilo y ninguno de nosotros pensaba en Lima, Buenos Aires o Río de Janeiro. Para nosotros el sitio obvio, natural, de asilo era México”. (p. 176).

El régimen de Felipe Calderón rompió con esa tradición de casi un siglo, lo que se reafirmó con lo sucedido a Miguel Ángel. Éste fue secuestrado y traído en forma ilegal a Colombia, donde los esbirros del régimen lo maltrataron y lo presentaron ante los medios de comunicación como un “peligroso terrorista” y se inició un falso positivo judicial, que aún no termina. Este hecho criminal fue avalado y amplificado por los medios de desinformación masiva, con todo tipo de mentiras e infundios. La farsa duró dos largos años en los cuales Miguel Ángel permaneció tras las rejas, hasta que una a una se fueron cayendo las falsas pruebas y nuestro amigo quedó en libertad.

 Pero para él la tragedia no ha terminado, porque después de su retorno a la Universidad Nacional, un Torquemada medieval que ocupa un alto cargo público se encargó de abrirle un proceso disciplinario absolutamente arbitrario, con las mismas falsas pruebas usadas por la Fiscalía, y, como en el caso de la Senadora Piedad Córdoba, procedió a destituirlo de su cargo de profesor y a inhabilitarlo para ejercer cargos públicos durante 13 años, según falló en primera instancia del 3 de septiembre de este año. No sobra decir que esto representa la muerte laboral y pública y la violenta interrupción de una notable carrera docente e investigativa.

 Hay que decirlo con todas las letras: este ataque planificado, realizado con toda la impunidad que ronda a los poderosos de este país, se centra en forma personal en Miguel Ángel, pero el asunto no se queda ahí, porque lo que en realidad se está poniendo en cuestión es la libertad de pensamiento y opinión en general y en particular en el ámbito universitario y académico, para que todos los que pensamos distinto a las clases dominantes y al Estado seamos acallados y criminalizados. El mensaje que transmite la Procuraduría es similar al de los inquisidores y censores de todos los tiempos: aquel que piense, escriba, opine en forma distinta a la oficial sobre el conflicto interno colombiano es y será considerado como un “guerrillero desarmado” o un “terrorista de civil”, que debe ser acallado y procesado en el mejor de los casos o asesinado y desaparecido, como sucedió con el también sociólogo colombiano Alfredo Correa de Andreis, quien murió por acción del DAS el 17 de septiembre del 2004.

Entre paréntesis, el 17 de este mes el DAS pidió perdón obligado y por orden judicial colocó una placa en la ciudad de Barranquilla, en el mismo lugar en donde fue asesinado el investigador costeño, con esta inscripción: “En memoria de Alfredo Correa De Andreis, asesinado en Barranquilla el 17 de septiembre de 2004. Hechos como los que originaron su muerte, jamás deberán repetirse. DAS en proceso de supresión, 17 de septiembre de 2013”. Ese día Magda Correa de Andreis, hermana del profesor asesinado, sostuvo que una “administración tenebrosa le hizo un montaje que le provocó la muerte”i.

He aquí el meollo del asunto: los pensadores críticos e independientes han sido y siguen siendo perseguidos por una “administración tenebrosa” y una (in)justicia también tenebrosa, que se basa en la mentira, la calumnia, la invención de pruebas, para perseguir a todos los que disienten, con el fin adicional de reafirmar su proyecto de liquidar de una vez por todas con lo que queda de universidad pública.

Mientras esto sucede, de lo cual Miguel Ángel es la prueba más palpable, los verdaderos criminales siguen actuando a sus anchas. Esto, por lo demás, no nos debe extrañar porque en una sociedad traqueta, como lo es la colombiana, lo que da prestigio no es el estudio o el ejercicio del pensamiento, sino los crímenes cometidos. De ahí que Pablo Escobar y sus émulos tengan tanta popularidad en el país y en algunas universidades se dicten cátedras que llevan el nombre de parapolíticos condenados, como sucede con César Pérez García, responsable intelectual y organizador de la masacre de Segovia en 1988, en la que fueron asesinadas 43 personasii.

 Pero no nos desviemos de nuestro objetivo, que es el de apreciar las calidades intelectuales, académicas y humanas de Miguel Ángel Beltrán, cuya límpida trayectoria de investigador no se ha visto entorpecida, ni mucho menos, por la privación de la libertad y el acoso al que se ha visto sometido, y que lo ha llevado a exiliarse en forma forzosa. Por el contrario, y como claro ejemplo que el saber comprometido con las causas populares y las vastas mayorías de este país, no tiene como objetivo intereses personales y falsos reconocimientos, Miguel Ángel ha producido en los últimos años varias obras, entre las que cabe mencionar Crónicas del “otro cambuche” y La vorágine del conflicto colombiano.

Con esto se demuestra que, cuando se tienen convicciones profundas y principios definidos, ni la cárcel ni la persecución pueden silenciar a los pensadores ni ocultar las verdades que éstos recuerdan a diario.

 

LA OBRA

La dura realidad latinoamericana se constituye en el trasfondo en el que se origina una importante producción bibliográfica crítica y alternativa a las explicaciones convencionales y conservadoras, y que desde el mismo siglo XIX ha ido forjando una rica y creativa veta explicativa sobre lo propio y específico de nuestro continente.

Después de la Revolución Cubana y durante el último medio siglo esa producción bibliográfica creció y se multiplicó a lo largo y ancho del continente, dando origen a un género propio y forjado de manera creadora en estas tierras: el testimonio. Es tal la importancia de esta forma de reflexión y escritura que Casa de las Américas —ese faro de la cultura al que tanto debemos los latinoamericanos, con sede en La Habana— creó hace muchos años un premio a este género, el cual ha reconocido a valiosas obras, en las que emergen extraordinarias historias de seres anónimos, que de otra manera nunca hubieran sido conocidas.

 El género testimonio es un hibrido entre la literatura y la reflexión política y social, en el que se combinan la autobiografía, las historias de vida, la historia oral, las vivencias personales y el análisis sociológico e histórico. La importancia de este género testimonial estriba en que ha permitido conocer las voces de los vencidos, de los de abajo, de los humildes y ha producido obras de trascendencia universal, como Biografía de un cimarrón, de Miguel Barnet o Memorias de Miguel Mármol, de Roque Dalton, para señalar tan solo dos ejemplos. En la primera se reconstruye la vida de

Esteban Montejo, un antiguo esclavo que en 1963, cuando tenía más de cien años, narró las peripecias de su extraordinaria existencia en la Cuba de finales del siglo XIX. En la segunda obra se recrea la apasionante vida de un dirigente del partido comunista de Salvador, que fue uno de los treinta mil fusilados de 1932 por la terrible dictadura de Maximiliano Hernández Martínez, y que por pura suerte sobrevivió.

 

Desde la década de 1960 el género testimonial ha incursionado en diversos temas y se ha expandido en términos geográficas por todo el continente. Esto se explica por la misma complejidad y riqueza social y cultural de nuestras sociedades, diversidad y riqueza que se ha intentado extirpar mediante la fuerza bruta y el opio mediático, como lo han hecho las dictaduras militares y los regímenes de seguridad nacional Made in USA, todos los cuales dejaron, y dejan, una estela de sangre y horror, con el intento no solamente de destruir cualquier proyecto alternativo al capitalismo, como sucedió en Chile hace 40 años, sino también de borrar la memoria de las luchas de los vencidos y legitimar los crímenes de las clases dominantes y de los Estados.

En ese contexto adquiere un significado especial el testimonio, porque se constituye en un medio literario, estético y político —en el sentido profundo del término—de dar a conocer la injusticia y desigualdad de nuestras sociedades, junto con la extraordinaria capacidad de resistencia, lucha e imaginación de los explotados y oprimidos.

En nuestro país también se ha consolidado el género testimonial, el cual se encuentra íntimamente ligado a la violencia estructural imperante desde hace varias décadas. Entre esos aportes se pueden mencionar, a manera de ejemplos, la obra pionera Las Guerrillas del Llano de Eduardo Franco Isaza (1955) y las de Alfredo Molano. Esas obras han abierto camino a muchos autores, que han recurrido a la misma técnica para contar sus historias personales y las de otras personas. En este sentido, habría que diferenciar, aunque su distancia sea sutil y relativa, entre el testimonio autobiográfico y el testimonio que reconstruye la vida de otros. En cualquier caso, lo decisivo radica en que una obra de esta naturaleza relata hechos vividos en forma directa y se reconstruyen a través de la palabra viva, la que luego es recreada por el escritor y se plasma en un texto impreso.

A esta técnica es la que recurre Miguel Ángel en su libro La vorágine del conflicto colombiano, a partir de su propia experiencia como preso político en varias cárceles del país. El autor vive en forma directa esa traumática experiencia y a partir de allí concibe y escribe esta enjundiosa obra, para mostrar tras los barrotes la compleja y terrible historia de Colombia, desde el 9 de abril hasta la actualidad. Con su mirada de sociólogo, Miguel Ángel escruta todo lo que se encuentra a su alrededor en la cárcel y, recurriendo a un papel, a un lápiz y a su memoria personal, toma nota de todo lo que ve, y sobre todo, de lo que escucha. Así, durante los largos 25 meses de su cautiverio, va armando un libro, primero en su cabeza, que luego plasma magistralmente en papel y que hoy tenemos la fortuna de conocer. En condiciones tan complicadas para la labor intelectual, el autor recurre a la técnica testimonial de las historias de vida, a través de las cuales describe un intrincado tejido social en el que se configura la trayectoria existencial de los reclusos de las cárceles colombianas, pero en especial de aquéllos que están relacionados directamente con el conflicto armado.

Con una gran amplitud mental, pero con una notable firmeza política, Miguel Ángel reconstruye el conflicto interno del país, a través de las voces y recuerdos de algunos de sus protagonistas directos, los cuales cuentan y analizan su propia vida, pero también la de Colombia. Con un estilo literario directo y comprensible se presentan testimonios de guerrilleros, paramilitares y miembros de los cuerpos represivos del Estado, con lo que se proporciona una imagen integral de la guerra que soportamos. Para el efecto, el libro se divide en tres partes: la primera se titula “Protagonistas del conflicto” (pp. 35-157), la segunda, “La cárcel: ‘juntos pero no revueltos’ (159-282), y la tercera y última, “los hilos del pasado” (283-381).

 En la primera parte se presentan, en su orden, testimonios de militares, paramilitares, guerrilleros y uno especial de un personaje que fue en forma sucesiva guerrillero, soldado y paramilitar, que es, como lo dice el autor, un caleidoscopio de la guerra en Colombia. En esta parte, se evidencia el origen humilde y campesino de las personas que participan e intervienen en forma directa en la guerra, y queda claro, sin necesidad de leer con mucho cuidado, que la violencia tiene un origen estructural, y opera como un mecanismo para perpetuar la desigualdad y la injusticia en beneficio de los poderosos, lo cual se ha sustentado en un prolongado terrorismo de Estado. Esto no lo dice el autor en forma directa, sino que emerge de los mismos testimonios, en los que queda claro, en contra del falso sentido común que engendra el mismo Estado y falsimedia, que las violencias no son iguales ni simétricas, sino que la responsabilidad principal recae en el Estado, como lo dice Juan Carlos López un suboficial (r) del Ejército, para quien “las autodefensas son el ejército oculto del estado” (p. 60). O como lo sostiene en forma enfática Yimmy, miembro de las Autodefensas Campesinas del Casanare:

“Nosotros no fuimos los únicos victimarios […] hay agentes del Estado, altos funcionarios y políticos que también lo son y que contribuyeron a fortalecer las organizaciones de autodefensas.

[…]la lucha de las autodefensas fue iniciativa del mismo Estado: la desaparición forzada, las masacres fueron estrategias provenientes del mismo Estado y de sus agentes y nosotros recibimos de ellos sus instrucciones militares antisubversivas y hoy, detrás de estas rejas, venimos a darnos cuenta que fuimos utilizados por el Estado […]”. (pp. 87-88).

Este es un aspecto importante, porque hoy se difunde la falsa imagen que el Estado no es el principal responsable de la violencia y, en el mejor de los casos, que las violencias son simétricas. Con los testimonios que trae el libro de Miguel Ángel se demuele esta falacia.

Esta primera parte transcurre, por decirlo así, en el ámbito externo y previo a la cárcel, cuando los protagonistas recuerdan sus episodios de guerra. La segunda parte se traslada de ese ámbito externo al interno, a la cárcel propiamente dicha. Allí lo que se cuenta es la miseria e injusticia de la cárcel en Colombia, convertida en un verdadero molino de destrucción de los seres humanos que tienen la desgracia de llegar allí, sin importar si son presos sociales o políticos, y ese lugar no tiene el mínimo atisbo de ser un centro de resocialización o reeducación como dice la propaganda oficial. Pero también se relata la manera como los presos políticos se organizan para no dejarse hundir en medio de la miseria y la desesperanza y mantienen sus concepciones y sus formas colectivas de lucha.

Estos presos políticos resisten a pesar de que el Estado y la prensa nieguen su existencia y como en la época de Julio César Turbay Ayala se haya convertido en axioma la cínica afirmación, que también aparece referenciada en el libro, de ese nefasto Presidente de la República (1978-1982) que negando la existencia de esos prisioneros, haya dicho que aquí en Colombia el “único preso político soy yo”. Esa negación, que complementaba la negación del conflicto armado interno, ha servido al Estado para violar los más elementales derechos de los prisioneros y ocultar, literalmente, la existencia de unas 8.000 personas que están detenidas por sus convicciones políticas.

Afortunadamente, voces valientes como las de Miguel Ángel y la Fredy Julián Cortés –otro profesor de la Universidad Nacional encarcelado arbitrariamente y autor del libro Te cuento desde la prisión— han mostrado con sus escritos y denuncias que en Colombia si hay presos políticos y que soportan condiciones indignas e inhumanas de existencia.

Finalmente, en la tercera parte del libro, Miguel Ángel se anticipa y responde a la negación de la historia sobre el origen del conflicto en Colombia —que se acaba de oficializar en el Informe del grupo de Memoria Histórica—, en donde se sostiene que ese conflicto se desencadena con la aparición de la insurgencia de izquierda durante el Frente Nacional, con lo cual se lava la imagen de los partidos tradicionales y se borran sus crímenes (unos 300 mil muertos, por lo menos) durante la fase de la violencia partidista, entre 1945 y 1958. El autor reconstruye los hilos del pasado, que no han desaparecido, que unen el hoy y el ayer, y que implica, en términos historiográficos y políticos, incorporar la “primera violencia” para entender la actual. Eso se hace con el testimonio del padre de Miguel Ángel, un oficial retirado de la Policía Nacional, en el que se recuerda parte de lo sucedido después del asesinato de Gaitán y la violencia ejercida por pájaros y chulavitas, como se llamaba a los paramilitares de aquella época. También aparecen testimonios de otros momentos álgidos de la violencia contemporánea, referidos al exterminio de la Unión Patriótica y la persecución al M-19 tras el robo de armas al Cantón Norte, efectuado a finales de 1978.

 Hay que decir que por momentos el autor recurre a la ironía, al valerse de algunos documentos oficiales en los que se dicen bellezas que nada tienen que ver con la realidad nacional, tal y como se patentiza con las afirmaciones de Turbay Ayala sobre la inexistencia de presos de conciencia en este país en los años de 1979-1980, cuando las cárceles estaban repletas de miembros del M-19 y de otras organizaciones insurgentes, y cuando se había generalizado la tortura contra los opositores políticos, como expresión clara del terrorismo de Estado.

LA CÁRCEL

Un último punto al que me quiero referir en forma breve es el de la cárcel, porque constituye el escenario en el que se concibió este libro y la temática de fondo del mismo. La cárcel simboliza a pequeña y mediana escala la profunda injusticia y desigualdad imperante en este país, porque allí se traslada y evidencia la estructura de clases aquí existente.

 No sorprende que los presos sociales —pertenecientes, en términos generales, a los sectores más pobres y humildes de la sociedad— y los presos políticos —muchos de ellos de origen campesino— estén hacinados en condiciones indignas y soportando todo tipo de vejámenes y humillaciones, mientras que los pocos presos de las clases dominantes (parapolíticos, miembros del Paramento, delincuentes de cuello blanco –como los Nule) o ligados a ella (como uno de los responsable de la masacre del Palacio de Justicia) residan en lugares que no tienen nada que envidiarle a los hoteles de cinco estrellas. En condiciones similares se encuentran los miembros del Ejército y la Policía responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad que disfrutan del Melgar Resort y hoteles parecidos, con comodidades increíbles, las que nunca podrá alcanzar un colombiano común y corriente.

Los dos libros de Miguel Ángel referidos en forma directa o indirecta a su arbitrario e injusto cautiverio nos dicen mucho sobre esa dura realidad que se quiere negar, pero que está ahí y que nos abruma por su brutalidad: la de las cárceles colombianas. Allí se consume la vida de miles de colombianos que no tuvieron la oportunidad de estudiar, de conseguir un empleo digno, de tener un ingreso que les permitiera sobrevivir a ellos y sus familias, que se vieron empujados a llevar drogas en su cuerpo hacia los Estados Unidos o aquellos que se han revelado contra la injusticia. Mientras tanto, reconocidos criminales, con un interminable prontuario se aprestan a ser senadores de la república, y mantienen su arrogancia, porque saben que la impunidad los protege y tolera todas sus acciones delictivas.

 La cárcel es un instrumento para aterrorizar y domesticar a la gente, para que asuma la desigualdad y la opresión como algo perfectamente normal y natural y por eso el régimen carcelario reproduce al pie de la letra la lógica del capitalismo neoliberal, esto es, castigar a los cuerpos, para que su fuerza de trabajo esté siempre disponible y a bajo precio. En el caso de los que piensan, la prisión es utilizada por el Estado terrorista para acallarlos e intimidarlos, para impedir que se difundan otras formas de ver la sociedad y el conflicto en este país.

El libro de Miguel Ángel Beltrán es un testimonio directo no sólo de alguien que ha soportado todo tipo de maltratos y calumnias por parte del Estado y los dueños de este país, sino, lo que es más importante, de una persona que ha dado ejemplo de firmeza y dignidad, para no traficar de ninguna forma con su dolor a cambio de unas dadivas miserables que ofrece el régimen. Con esto se demuestra que en Colombia, al igual que ha sucedido en otros lugares y otras épocas, hombres y mujeres valerosos han convertido a la cárcel en otra escuela de la vida, para reafirmar sus convicciones y

sus ideales de lucha. Esto nos recuerda lo dicho por el personaje central de la novela de Jack London, El vagabundo de las estrellas:

“[…] he conseguido evadirme de mi tumba, escapar de ella pese a la reclusión a la que me sometieron, en mi vuelo inusitado que muy pocos hombres libres han conocido. Sí, me río de aquellos que creyeron encerrarme en este calabozo y que, por el contrario, me han abierto los siglos. Gracias al castigo, he podido ir recorriendo todas mis existencias anteriores”iii.

 Miguel Ángel con sus libros, como el personaje de Jack London, se ha evadido de los carceleros, de aquellos que quieren encadenar el pensamiento con los grilletes de la censura y la intolerancia. Para terminar podemos recordar las palabras de José Martí, que aparecen en su texto sobre su experiencia como prisionero político en España, cuando todavía ondeaba la bandera del decrépito imperio ibérico sobre Cuba:

“La honra puede ser mancillada.

La justicia puede ser vendida.

Todo puede ser desgarrado.

Pero la noción del bien flota sobre todo, y no naufraga jamás.

Salvadla en vuestra tierra, si no queréis que en la historia de este mundo la primera que naufrague sea la vuestra.

Salvadla, ya que aún podría ser nación aquella, en que perdidos todos los sentimientos, quedase al fin el sentimiento del dolor y el de la propia dignidad”iv.

 

NOTAS

i. “El DAS no pidió ningún perdón: fue una obligación”, http://www.elespectador.com/noticias/judicial/el-das-no-pidio-ningun-perdon-fue-una-obligacion-articulo-447034

ii. En la página web de la Universidad Cooperativa puede leerse al respecto esta perla de impunidad “La Facultad de Ingenierías de la sede Medellín celebró en su bloque ubicado en el sector de Buenos Aires el tradicional día del Ingeniero. […] El acto central de la celebración fue el lanzamiento de la Cátedra Abierta de Ingeniería “César Pérez García” por parte de la Directora Académica de la sede Medellín, Ligia González Betancur”. En la intervención, mencionó los comienzos de la Universidad y el papel que jugó el doctor Pérez García durante los primeros años para la consolidación de la institución. De igual manera mencionó sus calidades personales y profesionales. La Cátedra abierta se constituye como un espacio de apropiación del conocimiento científico, tecnológico y empresarial en aspectos de orden ingenieril. Se denomina abierta porque recibirá personas interesadas de todos los sectores de la sociedad. Internamente busca que los estudiantes logren identificar aspectos académicos propios de su formación, relacionados con las mejores prácticas y desarrollos actuales que se vienen gestando en grupos de investigación, empresas y organizaciones nacionales e internacionales”.

http://www.centrohistorialopezmichelsen.hol.es/catedra-cesar-perez-garcia.html

iii. Jack London, El vagabundo de las estrellas, Plaza y Janes, Barcelona, 1975.

iv. José Martí, El presidio político en Cuba, disponible en http://jose-marti.org/jose_marti/obras/documentoshistoricos/presidiopolitico/presidio01.htm

Renán Vega Cantor

Fuente: Rebelión, 23 de septiembre de 2013

SILENCIAR A LOS DOCENTES CRÍTICOS TAMBIÉN ES TERRRORISMO DE ESTADO -JORGE SALCEDO

 Abogado. Docente Universidad Nacional de Colombia. Palabras pronunciadas en la Presentación del Libro del profesor Beltrán. La Vorágine del Conflicto Colombiano: Una Mirada desde las Cárceles.

1 Sent. T-492/92 M.P. José Gregorio Hernández Galindo

 Asumir presentar el libro de Otro, implica - en primer lugar - asumir el privilegio de conocer, primero o mejor que el público, al autor y a su obra. Implica también, frente a los destinatarios del texto, asumirse, si no como un experto, sí como un conocedor de la temática a la que se refiere el trabajo que se presenta. Esto suele ser así en los espacios académicos, donde los autores - pares entre si - se leen, reconocen, critican, adulan y retroalimentan enriqueciendo el estado del arte de la problemática que, desde sus saberes privilegiados, abordan. Para acotar expectativas, asumo no ser un par académico del profesor Beltrán pero si el privilegio de conocer a Miguel Ángel. Esto sucedió cuando estaba preso. La primera vez que conversamos fue entre los muros de "La Picota" donde lo visité como abogado para ayudarle a tomar decisiones frente a su situación laboral con la Universidad Nacional que, paradójicamente, no se resuelven en esta institución académica sino en la Procuraduría General de la Nación, institución que abusando de una asignación de funciones decidió irrespetar la autonomía universitaria con el lamentable beneplácito de la Universidad, realidad que hoy lo pone en la situación a estar destituido por el contenido de textos como el que hoy se presenta y que según la Procurador General de la Nación, son prueba de que el profesor desde la academia ha fomentado, promovido y colaborado con grupos al margen de la ley.

 Estas reflexiones sobre la actitud de la Universidad las hago fundamentado en que desde el año de 1992 nuestra Corte Constitucional se ha pronunciado sobre la autonomía universitaria. Entonces dijo que “ella encuentra fundamento en la necesidad de que el acceso a la formación académica de las personas tenga lugar dentro de un clima libre de interferencias del poder público tanto en el campo netamente académico como en la orientación ideológica”1; y, porque en el año 2002 se pronunció sobre la constitucionalidad de los apartes de la Ley 30 de 1992 que establecen la posibilidad para las universidades públicas de tener su propio régimen disciplinario tanto para docentes como para funcionarios administrativos.

 Por el respeto que le debo a mi Alma Mater, donde aprendí a ejercer el derecho a pensar diferente de los maestros Eduardo Umaña Luna, Alberto Alaba Montenegro, Jaime Pardo Leal, Jorge Salcedo Segura y otros, debo decir que ésta - la Universidad Nacional de Colombia - hoy parecería estar eficazmente docilizada o amaestrada por la estrategia del terrorismo de Estado que no solo implica matar o amenazar con matar. También es terrorismo de Estado pretender silenciar a los docentes disidentes o críticos como el profesor Beltrán con la amenaza eficaz de sancionarlos con la pérdida de sus empleos. Lo digo porque, aunque relativamente amable con el profesor perseguido, la Universidad no ha asumido, como debiera, la defensa de su derecho a que no lo persigan por lo que piensa y por los temas que como académico investiga. Hoy, frente a la realidad de la destitución como profesor de Miguel Ángel Beltrán, debo señalar que se está presentando un texto proscrito que, indudablemente, hubiese estado en la lista de los que en sus arrebatos juveniles quemaba el Procurador en las calles de Bucaramanga.

Cumplida la condición de conocer al autor y las dificultades en medio de las cuales escribió, debía, entonces, darme a la tarea de conocer la obra. Había leído algunos de los trabajos académicos de Miguel Ángel y "Crónicas desde otro cambuche", este último escrito desde la vivencia personal de la injusta privación de la libertad a la que fue sometido y en la que los relatos de Otros - sus compañeros de presidio - empezaban a tomarle prestada la palabra. Con solo conocer el título de "La vorágine del conflicto: una mirada desde las cárceles" y observar la portada en la que asoman sus caras dos anónimos presos de la cárcel de Cómbita presentí con acierto la naturaleza del texto que leería. Las caras de la portada anuncian que se contarán algunas de sus historias - relacionadas todas con el conflicto social, político y armado que nos agobia -. Sin embargo, debe advertirse que no se trata solo de una colección de testimonios de vida inconexos. El ejercicio del profesor Beltrán no fue solo el de buscar, encontrar y darle voz a algunos protagonistas del conflicto. La escogencia de los protagonistas, sus orígenes y su vínculo particular con el conflicto revelan, no solo como afecta a los individuos, sino la naturaleza, la etiología y complejidad del mismo.

 Por la parte literaria, al abordar el texto resultaba muy difícil no evocar las palabras de Arturo Cova personaje de "La Vorágine" de José Eustasio Rivera cuando confesaba que "antes de que se hubiera apasionado por mujer alguna, jugó su corazón al azar y se lo ganó la violencia" para terminar narrándonos, con la disculpa de su drama personal, la horrorosa realidad de la explotación cauchera por parte de la genocida Casa Arana que con la complicidad del Estado Colombiano, entre los años 1900 y 1925, esclavizó y asesinó a miles de indígenas compatriotas en nuestras selvas amazónicas. Tal vez en la voz prestada de Miguel Ángel Beltrán; los protagonistas de su texto, con la excepción de Miguel Antonio Beltrán, y María Helena Camacho, hubiesen podido iniciar de manera similar su relato porque a todos ellos la Vorágine del conflicto colombiano les ganó sus corazones para la violencia. Aún antes de terminar la lectura se evidenció lo presentido: la similitud de propósitos en las narrativas de Rivera y de Beltrán. Sin embargo, es preciso recordar las diferencias; los personajes de Beltrán son reales y sus relatos se acompañan de documentos históricos que dirigen la percepción que debe producir el texto y evidencian la historicidad del mismo. Esa documentación referencial básicamente está formada por los textos oficiales que institucionalizan las teorías schmitterianas que sustentan la percepción esquizofrénica del enemigo comunista omnipresente y mimetizado en cualquier actor social, en la que la represión estatal y paraestatal, sustentó; y ahora, justifica o explica sus excesos. De esta documentación leída en medio de la resonancia de los testimonios recogidos se explica la inevitable y progresiva degradación del actor estatal dentro del conflicto que lo pone, hoy, ante la evidencia de que así no logrará la victoria. Por eso, la presentación documental se cierra con el texto del pacto suscrito por el Estado Colombiano y las Farc donde se anuncia que existe la posibilidad de "una luz al final del túnel: (…) la salida política al conflicto armado y social colombiano".

Para la adecuada presentación del libro, se debe advertir, que a pesar de todo el dolor del que da cuenta, no se trata de un relato trágico; como en las buenas novelas de suspenso al final se presenta un testimonio de esperanza que armoniza con el texto con que se inician los diálogos en La Habana. Los relatos de los primeros capítulos podrían, como en la Vorágine de Rivera, parecer encaminarnos a un final en el que no habría salida distinta a la violencia. Abandonando determinismos fatalistas, Miguel Antonio Beltrán otro de los protagonistas, toma la voz de su hijo para dar señales de esperanza y lo hace desde su postura de policía honesto que reclama ser reconocido y respetado como tal, que da fe de que no maltrató a nadie y que cumplió con honor, pero con dificultades, su trabajo tal como lo debe realizar un policía en una sociedad justa e igualitaria, en una sociedad en la que el pensamiento disidente se respete, en una sociedad en que nadie sea criminalizado por lo que piense y escriba, en una sociedad en la que no pueden tener cabida teorías en las que cualquier reclamo social se perciba y resuelva dentro de la dualidad excluyente del amigo – enemigo.

 Finalmente, es preciso señalar que el libro del profesor Beltrán es particularmente oportuno, ya que su mirada académica al conflicto del que el mismo es víctima no promueve o fomenta grupos al margen de la ley; sino, por lo contrario, promueve la posibilidad de que éstos se integren a una sociedad que asuma resolver de manera eficaz el conflicto social que dio lugar al conflicto armado.

LANZAMIENT​O ULTIMO LIBRO DEL PROFESOR MIGUEL ANGEL BELTRAN EN BOGOTA Y BUENOS AIRES

 

Estan cordialmente invitados a la presentacion publica del ultimo libro del Profesor Miguel Angel Beltran
 

LA VORAGINE DEL CONFLICTO COLOMBIANO:

UNA MIRADA DESDE LAS CARCELES

 

La presentación del Libro estará a cargo de:

Piedad Córdoba Ruiz - Colombianos y Colombianas por la Paz

Renán Vega Cantor - DocenteInvestigador Universidad Pedagógica Nacional

Jorge Salcedo- Abogado, Docente Universidad Nacional de Colombia

David Albarracín - Abogado en Barra de Colombia (ABC Justicia)

Alberto Franco – Comisión Interclerecial de Justicia y Paz

El evento en Bogotá se realizará el dia 19 de septiembre a las 6pm, en Bogotá en la Biblioteca Nacional Calle 24 # 5-60. La entrada es libre.

 

En Buenos Aires, el lanzamiento sera próximo viernes 13 de septiembre, a las 6.30pm hora local, en el aula 2 del Instituto "Gino Germani", la presentacion estará a cargo de Flabian Nievas, Pablo Bonavena, Inés Izaguirre y Carolina Mera, directora de la institución.





http://flabian-nievas.blogspot.com/2013/08/presentacion-de-la-voragine-del.html

Les agradecemos replicar esta informacion. Los esperamos

LANZAMIENTO LA VORAGINE DEL CONFLICTO COLOMBIANO: UNA MIRADA DESDE LAS CARCELES

Queridos(as) Amigos, Amigas y Colegas:

Denunciamos la arbitraria decisión de la Procuraduría de destituir al Dr. Miguel Ángel Beltrán V. de su cargo como profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia e inhabilitarlo como funcionario público por 13 años. Este nuevo fallo, se suma a los actos de persecución de que ha sido objeto por sus escritos e investigaciones sobre el conflicto colombiano, como parte de una política de represión hacia todos aquellos(as) que disienten de las políticas oficiales del Estado colombiano.

El profesor Beltrán ha sido sancionado por expresar sus opiniones críticas, ya que desde el sesgo autoritario del ministerio público se le señala de prestar su conocimiento: “para colaborar con el grupo armado de las FARC desde un ámbito académico, concretamente, en la producción de posiciones ideológicas de orden subjetivo dirigida a compartir los mismos ideales y objetivos del grupo armado de las FARC”.

En medio de un proceso viciado -donde fue condenado desde un principio y se le impidió cualquier posibilidad de defensa justa- estos señalamientos -que agravan su situación de seguridad- desconocen el legítimo derecho a pensar diferente, y niegan la libertad de cátedra.

Por todo lo anterior queremos invitarlos e invitarlas a la presentación pública de su reciente libro:

LA VORAGINE DEL CONFLICTO COLOMBIANO: UNA MIRADA DESDE LAS CARCELES.

Lugar: Biblioteca Nacional. Calle 24 5-60

Dia: 19 de Septiembre 6 pm

LOS FANTASMAS DE LA HABANA: ¿VIEJOS TEMAS?, RENOVADOS MIEDOS Miguel Ángel Beltrán V.[1]

En el nuevo ciclo de conversaciones para abordar el segundo punto sobre la participación política, los voceros de las FARC han presentado un paquete de diez propuestas que incluye, entre otras, la democratización del régimen político colombiano, garantías para el ejercicio de la oposición política y social, condiciones para la participación política y social de sectores sociales excluidos, así como la democratización de los medios de comunicación, las cuales se vienen sumar a otras iniciativas que han estado agitado en estos siete meses largos de iniciado el proceso y que incluyen desde la propuesta del cese bilateral del fuego, hasta la convocatoria de una Asamblea Nacional constituyente como mecanismo refrendario de los acuerdos, pasando por la regularización de la guerra y el aplazamiento de las elecciones.

Algunas propuestas han sido reivindicaciones históricas de las FARC que ahora son formuladas de una manera un tanto más realista, mientras que otras forman parte del acervo común de reivindicaciones que de tiempo atrás han venido configurando los partidos de izquierda, los movimientos sociales y amplios sectores del campo popular; no se trata de imposibles, mucho menos de cambios estructurales, no obstante su concreción ha sido aplazada por la aplicación sistemática del terrorismo de Estado que ha frenado cualquier posibilidad de transformación política y social. Pese a las fuertes reticencias del actual gobierno, hoy estas demandas vienen abriéndose espacio en los diálogos de La Habana, si bien a través de mecanismos muy limitados, que no garantizan todavía una activa participación de la sociedad en su conjunto.

Es cierto que cada vez gana mayor claridad entre la opinión pública la idea de que la terminación del conflicto armado y social colombiano y la “Construcción de una Paz estable duradera”, pasa por la solución de problemas que como el agrario y la secular exclusión política y social están presentes en los orígenes mismos de la actual confrontación armada que vive el país.  Sin embargo, son también numerosas las voces periodísticas y gubernamentales que atemorizadas por el fantasma del cambio, advierten que “no se puede permitir que las Farc comiencen a hacer política antes de la dejación de las armas”. Incluso algunos han ido más allá al sugerir que el Gobierno debe supeditar la continuidad de los diálogos a que las FARC retiren de la mesa estas exigencias.

Quienes desde sus columnas periodísticas califican de “delirantes” e “inaceptables” estas propuestas siguen siendo los apologistas de la fracasada política de “Seguridad Democrática”, cuyos estrechos esquemas mentales no les  permite comprender cómo el Estado colombiano se ha visto abocado a dialogar con un interlocutor armado al cual pretenden presentar como una organización derrotada militarmente, carente de base social y que ha hecho del terrorismo y el negocio del narcotráfico su principal actividad. Por eso no dudan en equiparar  –haciendo gala de una deliberada ignorancia histórica- la propuesta de “reestructuración democrática” del Estado con la “refundación” del mismo que acordaran en el 2001 algunos jefes paramilitares junto con senadores, representantes, concejales y alcaldes, a espaldas de la nación,  estos sí para beneficiar a una minoría privilegiada a través del terror armado.

Sin duda es necesario recordar que en los orígenes históricos de las FARC  están presentes las ricas tradiciones de movilización agraria y campesina, que con el tiempo han ido enriqueciéndose con la vinculación a ella de líderes provenientes de nuevos sectores sociales acosados por la violencia oficial y por la compleja imbricación de esta organización insurgente con otras expresiones del movimiento social.

Desde los acuerdos del “Cese al fuego, tregua y paz” pactados en La Uribe hasta la concreción de “una agenda común para el cambio hacia la nueva Colombia”, suscrita por el gobierno del ex presidente Pastrana, el tema de las reformas políticas, económicas y sociales han estado presente en el corazón mismo de los diálogos como vía para allanar el camino a la solución política al conflicto social y armado. Desde entonces no ha habido cambios sustanciales que permitan plantear que hoy la salida política pueda alcanzarse con la simple entrega de armas por parte de los guerrilleros y su participación en el juego electoral. Es claro que tampoco puede limitarse a un acuerdo suscrito entre el gobierno y el actor armado. Requiere sin duda de la participación efectiva de la sociedad en su conjunto, y en ese sentido propuestas como la realización de una Asamblea Nacional Constituyente cobran particular relevancia.

Por su parte, en el campo del gobierno las iniciativas de incremento presupuestal para las Fuerzas Armadas, la ampliación del fuero militar así como el proyecto de privatización del sistema carcelario y penitenciario, para no hablar de los nuevos derroteros que ha tomado su política internacional con su  abierto apoyo a la oposición desestabilizadora en Venezuela y su fallida pretensión de vincular a Colombia a la OTAN colocan el gobierno de Santos en un punto que lo aleja cada vez más de la solución política del conflicto. Actitud que resulta aún más preocupante, cuando precisamente se empieza a discutir los derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política en general y en particular para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del Acuerdo Final

La resistencia y el miedo histórico de las élites políticas y económicas del país para abrir las compuertas del cambio, por mínimos que éstos sean, ha llevado al país por los caminos del escalamiento de la confrontación armada: A Los “acuerdos de la Uribe”, los sectores militaristas respondieron con una cruenta guerra sucia, que con la connivencia de los gobiernos de turno, condujo al exterminio de la Unión Patriótica, quizás la experiencia popular más importante del último cuarto de siglo; por su parte los diálogos del Caguán corrieron paralelos con el fortalecimiento del proyecto paramilitar, el afianzamiento del “Plan Colombia” y la modernización de las Fuerzas Militares. Frustrando en uno y otro caso la oportunidad histórica de poner fin al conflicto armado y social.

Ciertamente, nada en la historia está predeterminado y lo deseable es que la mesa en la Habana, en lugar de cerrarse se abra cada vez más para dar cabida el amplio espectro del movimiento popular y social, incluyendo las otras organizaciones guerrilleras que actualmente no están en el proceso de diálogo.  

http://webiigg.sociales.uba.ar/conflictosocial/revista/09/sumario9.htm

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[1] Profesor, Universidad Nacional de Colombia

PRONTO A LA VENTA LOS ULTIMOS LIBROS DEL PROFESOR MIGUEL ANGEL BELTRAN

ENTREVISTA PROFESOR MIGUEL ANGEL BELTRAN

MIGUEL BELTRÁN, ABSUELTO Y EXILIADO, REFLEXIONA

http://www.elheraldo.co/revistas/latitud/entrevista/miguel-beltran-absuelto-y-exiliado-reflexiona-109186

Relata que fueron dos años detrás de los fríos barrotes de La Modelo en Bogotá, “muy duros”. El sociólogo de la Universidad Nacional admite además que su vida cambió.

El Miguel Ángel Beltrán de antes, entregado a su cátedra y al continuo proceso de retroalimentación académica con sus estudiantes de un momento a otro se truncó al ser convertido en el principal enemigo público de la Seguridad Democrática, por sus artículos, por disentir del discurso oficial, por su postura crítica.

Graduado en licenciatura en Ciencias de la Educación con especialidad en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital, y en Sociología de la Universidad Nacional de Colombia se dedicaba a la docencia en universidades del país y, antes de su detención en mayo de 2009, residía en México adelantando estudios de doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México.  El académico fue expulsado del país azteca en una operación conjunta con autoridades mexicanas y capturado al aterrizar en la capital colombiana.

Los argumentos de la Fiscalía y la Procuraduría para solicitar su condena se basaron en supuestas comunicaciones encontradas en computadores del excomandante guerrillero alias Raúl Reyes, muerto en un bombardeo en suelo ecuatoriano.

Beltrán Villegas fue acusado de rebelión y concierto para delinquir al ser señalado por las autoridades colombianas como ‘Jaime Cienfuegos’ y miembro del Frente Internacional de las Farc, acusaciones que fueron desvirtuadas al ser consideradas ilegales por la Corte Suprema de Justicia.

 Actualmente es investigado disciplinariamente por la Procuraduría, en cabeza del reelecto Alejandro Ordóñez, pero mantiene su cabeza en alto e investigando sobre su pasión: el conflicto, actual tema nacional en la mesa de diálogo de La Habana.

 Hoy reside temporalmente en Argentina dictando conferencias e investigando sobre las aportaciones del pensamiento latinoamericano en el campo de la sociología histórica, y las motivaciones que han llevado a un sector de la población colombiana a asumir el camino de las armas. Ahora, tomándose diariamente el segundo café más amargo de su vida, el del exilio, respondió a las siguientes inquietudes.

 ¿Por qué representaba una amenaza para el Estado?

 He reflexionado sobre eso mucho, no era tanto Miguel Ángel la persona sino lo que representaba, por un lado un sociólogo vinculado a la universidad pública durante el gobierno de Uribe, en el que la persecución fue muy fuerte contra la universidad, y hubo un afán de él, por la misma resistencia, por la expresión crítica que se dio, para castigar a la universidad, y la mejor forma fue presentar a un profesor como infiltrado de la guerrilla.

Cuando se dio la zona de despeje con Pastrana, y aprovechando que muchos pudieron ir al Caguán, fui y me entrevisté con Raúl Reyes para hacer un balance de lo que era el conflicto y las posibilidades que representaban los diálogos de paz. En México, donde hice mi maestría y doctorado, había una representación de las Farc reconocida por el gobierno, tenía su permiso, y pude tener una relación académica con ellos para conocer sus opiniones sobre la guerra, eso pesó en mi contra.

 Escribí varios artículos y los tomaron como pruebas de que pertenecía a las Farc. Hoy estoy absuelto pero el reelecto procurador Alejandro Ordóñez ha continuado con su abierta labor de persecución a la libertad de cátedra y pensamiento. Al punto que ha solicitado a los funcionarios de la Universidad Nacional que informen cuál ha sido mi participación, a partir de 2004, en congresos, seminarios, cursos, diplomados, encuentros, foros y otros eventos de orden académico que he realizado en el país o en el exterior, así como eventos y grupos de estudio en los que he participado. Todo ello con la anuencia de las directivas universitarias, que poco o nada han hecho, en este caso, por defender su autonomía universitaria.

 ¿Por qué salió del país?

 Fui informado de amenazas de muerte y un plan para asesinarme de una fuente fidedigna que me dio datos muy puntuales de cómo se iba a dar mi asesinato. Tengo familia, mi idea era continuar con la universidad, lo he hecho desde otros espacios, pero tuve que salir, no quería repetir lo que les ha pasado a otros académicos, el caso del profesor Correa De Andréis pesa mucho en esta historia. De hecho, familiares suyos entraron en contacto con los míos aconsejándome que me fuera apenas saliera libre porque temían que me ocurriera lo mismo.

¿Qué particularidades encuentra entre el caso del profesor Alfredo Correa De Andréis y el suyo?

 Se trata de dos hechos dolorosos que ilustran claramente la perversidad y el cinismo con el que actúa el Estado colombiano en su propósito de perseguir y criminalizar el pensamiento crítico. A Alfredo Correa lo asesinaron por su compromiso con los sectores populares y sus investigaciones socio-económicas en torno al desplazamiento forzado en la región del Atlántico, en las que había puesto al descubierto desviaciones indebidas de fondos del Plan Colombia, al mismo tiempo que denunciaba el despojo de tierras a cientos de campesinos en la población de Ciénaga.

 Además de ello, años atrás, como rector de la Universidad pública del Magdalena, se había opuesto a las reformas que apuntaban hacia su privatización. En mi caso, se utilizaron mis escritos sobre el conflicto social y armado colombiano, así como algunas reflexiones en torno al papel de los estudiantes y el cambio social, con el fin de adelantarme un proceso por el supuesto delito de rebelión. Tanto en una como en otra situación se evidenció la participación de los organismos de inteligencia del Estado, en la confección de pruebas falsas para inculpar a inocentes, y cuando esto quedó al descubierto, en el caso del profesor Correa se recurrió a su vil asesinato.

 A Correa De Andréis le clonaron testimonios de supuestos exguerrilleros para acusarlo, y contra usted contrataron a un agente en México para que lo siguiera y le ‘encontrara’ algo. ¿Es posible creer que los montajes hicieron parte de una política de Estado?

 Los montajes judiciales se incrementaron notablemente durante los ocho años de gobierno de Álvaro Uribe, sin embargo, esta política ha sido aplicada sistemáticamente por el Estado colombiano desde los tiempos del expresidente Turbay Ayala. Incluso en aquella época los militares tenían la potestad de juzgar a civiles, a través de los llamados ‘consejos verbales de guerra’, donde se violaban todas las garantías procesales de los sindicados.

 Hoy, las violaciones al debido proceso siguen al orden del día, y la existencia de un ‘cartel de testigos falsos’ es un elemento indicativo de lo que pasa en la justicia colombiana. La arbitraria detención del exdiputado Sigifredo López y la sentencia contra el profesor y líder social David Rabelo evidencian que en Colombia los montajes judiciales no son cosas del pasado, siguen siendo parte de una política de Estado.

 ¿Por qué en una democracia a personas como Correa De Andréis y a usted las señalaron prácticamente como enemigos del Estado?

Porque a pesar de que las élites gobernantes han pretendido proyectar internacionalmente la imagen de que Colombia es un país que cuenta supuestamente con una de las democracias más estables del continente, en realidad lo que ha aplicado desde hace varias décadas es una política de terrorismo de Estado, en la cual los opositores políticos y sociales son considerados enemigos internos, así que el caso del profesor Correa y el mío, que en su momento fueron presentados como resultados exitosos de la mal llamada política de Seguridad Democrática, no son únicos y se suman a los miles de colombianas y colombianos perseguidos, y hostigados por sus posturas críticas.

¿Qué opina de los puntos de la agenda pactada entre Gobierno y Farc?

 Son muy generales pero al analizarlos hay elementos que no son tan fáciles de resolver, el tema agrario es sustancial, siempre ha estado en los orígenes del conflicto armado y resolverlo es darle salida a la guerra. No es fácil, como el tema de la participación política que implica saber cuáles son las garantías que van a tener las Farc en caso de que decidan asumirse como organización política y hacer política legal implica requisitos que siempre ellos han planteado.

El tema del desmonte de los paramilitares es importante porque, creamos o no, a pesar del proceso de desmovilización sabemos que estos nuevos grupos denominados bacrim están muy ligadas con los anteriores, entonces, parte de esa negociación debe llevar a eso, a cuáles son las garantías y medidas que van a llevar realmente a garantizar la posibilidad de ejercer en espacios políticos en el campo legal, para que no se repita lo que ocurrió con la Unión Patriótica.

¿Cómo sobrevive usted en el exterior?

 La Universidad Nacional me otorgó una prórroga de un año a la comisión de estudios que se había interrumpido por mi secuestro en México. Cabe anotar que esto se logró gracias a la comprometida intervención de la representación profesoral, y a la presión nacional e internacional ejercida por los sindicatos de profesores. Mientras el Consejo Superior Universitario tomaba esta decisión, estuve con una licencia no remunerada y pude sobrevivir gracias a la solidaridad de mi familia, colegas, amigas y amigos de dentro y fuera del país. Esto me permitió darme cuenta de que –a diferencia de otros espacios académicos del mundo, donde el derecho a la vida prima sobre cualquier otra consideración– en Colombia, las universidades no ofrecen garantías para quienes investigamos temas relacionados con el conflicto armado, de manera tal que los costos son asumidos individualmente.

Son muchos los académicos que han tenido que enfrentar esta situación, es de resaltar el caso reciente del profesor Renán Vega, que a pesar de las múltiples amenazas recibidas, las directivas de la Universidad Pedagógica se niegan a concederle una permiso para que pueda resguardar su integridad personal. Esto, sin duda, es una forma de censurar su trabajo investigativo.

 ¿Qué tan compleja es la cotidianidad de un exiliado?

 La condición de exilio supone una ruptura con la cotidianidad; una separación brusca del círculo familiar, de los amigos y un aislamiento también del contexto laboral y cultural del país. La inserción en un medio social diferente no es una labor fácil. Lo sorprendente es que después de tantas generaciones de mujeres y hombres, perseguidos políticos en Colombia, que se han visto forzados(as) a salir del país a causa del conflicto armado, al día de hoy el Estado y en ocasiones la misma sociedad no reconocen esa realidad y mucho menos el gran drama humano individual y colectivo que conlleva el exilio. Peor aún, muchos consideran que se trata de una condición de privilegio.

Por Óscar López Lobo

Especial para EL HERALDO
Buenos Aires, Argentina

LA LEY DE LOS NULE, LA LEY DEL EMBUDO

Miguel Ángel Beltrán Villegas
Rebelión

 “Para este caso el señor juez ha considerado que asistir a la primera comunión de su hijo Felipe Nule, es un acto trascendental para el interno, y al Inpec lo que le corresponde es cumplir con la orden del señor juez”. Con estas palabras el general Gustavo Adolfo Ricaurte justificó ante los medios de comunicación su decisión de permitir la salida de la cárcel del empresario Manuel Nule, recluido en La Penitenciaría La Picota de Bogotá, con el fin de participar en la ceremonia de primera comunión de su hijo en Cartagena. Un viaje que costó cinco millones de pesos (unos 2.700 dólares) y que pagaremos los contribuyentes colombianos.

 En esta ocasión el interno no tuvo que recurrir a tutelas, ni a jornadas de desobediencia civil, mucho menos a extenuantes huelgas de hambre. El juez 38 penal del circuito de Bogotá obró en derecho; eso sí, en su argumentación jurídica no adujo -como suele hacerse cuando se trata de un “preso común”- “que el traslado no constituye un derecho fundamental para el recluso y que apenas tiene la calidad de derecho legal, por lo que solamente puede hacerse efectivo cuando se observa la totalidad de los requisitos que exige la ley penitenciaria y carcelaria para lograr su efectividad”. Sin duda para el honorable servidor de la justicia que autorizó el permiso y para la ley penitenciaria y carcelaria que se aplica en Colombia el señor Manuel Nule cumple a

cabalidad con los requisitos que le hacen merecedor de dicho permiso: próspero empresario, acostumbrado a una vida de lujos, asiduo visitante de los mejores hoteles del mundo y emparentado con reconocidos políticos de la Costa que han ejercido cargos de representación nacional y regional, seguramente en estrechos vínculos con jefes paramilitares.

 Pero no sólo sorprende la rigurosidad con que el mencionado juez se ciñe a la ley, sino la celeridad con que los funcionarios de esta institución acataron la decisión judicial. Esta vez, brillaron por su ausencia los reiterados argumentos sobre la inexistencia de recursos presupuestales para el traslado de presos; menos aún, se atrevieron a decir –como suele hacerse cuando se trata de un preso común- “que la separación o afectación que hubiere sufrido el núcleo familiar del recluso en mención, tuvo su origen en circunstancias no atribuibles al INPEC, pues como es claro, la misma se dio con ocasión del comportamiento contrario a la normatividad penal desplegado por el interno, toda vez que al incurrir en conductas punibles, implícitamente propició ése alejamiento”. Seguramente consideran los impartidores de justicia y los administradores penitenciarios que el robo a centenares de familias de bajos recursos; la evasión de impuestos al Estado; el peculado y el robo de 250 millones de dólares al erario público en el llamado “carrusel de la contratación”, son delitos de poca monta, frente al “peligro” que representan para la sociedad los jóvenes desempleados de los estratos populares que recurren al hurto, el tráfico de estupefacientes y el crimen organizado para sobrevivir a las políticas neoliberales del capitalismo salvaje que los condena a la miseria. Ya uno de los hermanos Nule–Guido-obtuvo acercamiento familiar y ahora disfruta de otro cómodo sitio de reclusión en Barranquilla. Y aunque el general Ricaurte pretenda hacer creer a la opinión pública que esta es una política que se aplica indiscriminadamente a todos los reclusos, es otra la realidad que se vive en los centros penitenciarios. Ancianas, y madres con niños menores de edad, o de brazos, tienen que realizar largos viajes por la geografía nacional, para poder ver a sus hijos, padres o hermanos cuatro horas (o menos, si se tienen en cuenta las largas filas que deben hacer) y luego esperar un año o más para emprender un nuevo viaje de visita. Quienes no pueden realizar el esfuerzo económico que estos encuentros supone, terminan con sus familiares presos prácticamente abandonados y sumidos en una profunda desesperanza y frustración psicológica que los sumerge, aún más, en el mundo delincuencial.

 No hay cuadro más doloroso que el de un preso que ha perdido a uno de sus seres queridos. En estas situaciones invariablemente las directivas de la cárcel niegan a los internos el permiso para asistir al sepelio. Con suerte, éstos pueden obtener autorización para que despidan el cadáver de sus allegados desde las rejas del penal. Esto siempre y cuando sus dolientes logren juntar los recursos necesarios para pagar el trayecto adicional que supone el desplazamiento del cortejo fúnebre al centro de reclusión. De lo contrario tendrán que resignarse a recordar las últimas imágenes retenidas en su cerebro.

 Ni qué decir cuando se trata de presos políticos y prisioneros de guerra. Para ellos (Y ellas) no existen “consideraciones humanitarias”. Las violaciones a sus derechos empiezan con la afectación misma al “debido proceso”. Algunos prisioneros –como en el caso de José Marbel Zamora (“Chucho”)- se le ha obligado a asistir a audiencias virtuales, menoscabando sus garantías procesales y negándole la posibilidad de acercamiento familiar en Bogotá, pese a tener un bebé en etapa de lactancia. De esta manera castiga el INPEC a quienes ejercen un liderazgo en la lucha por los derechos fundamentales en las cárceles. Ni siquiera cuando está de por medio la vida de un preso político, las directivas del INPEC facilitan la salida o el traslado de un interno. Por lo que esta institución es directa responsable de los más de ochenta muertos que han fallecido en el transcurso de un año por falta de asistencia médica. Él último de ellos, Juan Camilo Lizarazo, permaneció cerca de seis meses con su cuerpo semiparalizado, con graves limitaciones para hablar y comer, antes que fuera autorizada su remisión a un centro hospitalario, donde finalmente falleció debido a la negligencia de las autoridades penitenciarias; porque en Colombia es más fácil que atiendan un resfrío de los Nules, que el cáncer de un preso político que ha alzado su grito de rebeldía contra estas profundas injusticias. Con razón decía el carismático líder del M-19, Jaime Bateman Cayón, en entrevista concedida a la periodista Patricia Lara: “Eso es lo que pasa siempre a la gente que está más jodida en este país: [La ley del Embudo] lo angosto siempre es pa' ella y lo ancho es pa' los otros...”

COLOMBIA: CÁRCELES DE LA MISERIA Y MISERIA DE LAS CÁRCELES

COLOMBIA: CÁRCELES DE LA MISERIA Y MISERIA DE LAS CÁRCELES

Miguel Ángel Beltrán V.*

“Suele decirse que nadie conoce realmente cómo es una nación

hasta haber estado en una de sus cárceles. Una nación no debe

ser juzgada por el modo en que trata a sus ciudadanos de alto rango,

sino por la manera en la que trata a los de más bajo”

El Largo Camino Hacia la Libertad

Nelson Mandela

“Nunca había visto por dentro esa horrible cárcel que en años posteriores me fue tan familiar. Después de caminar por oscuros pasadizos y de subir y bajar mugrientas escaleras nos encontramos en un largo salón cuyo techo tocábamos con las manos. Triste luz crepuscular hacía más horrendo aquel antro fétido, húmedo, negro. Apoyé mis manos en la pared y las retiré asombrado: esputos sanguinolentos decoraban las paredes […] Había ahí leprosos, tísicos, sarnosos, cojos, mancos, tuertos, ciegos, sordos, mudos, paralíticos, llagados, sifilíticos, jorobados, idiotas, un espantoso depósito de carne enferma que chorreaba pus y mugre. Los tuberculosos tosían. Las moscas zumbaban. Un vapor espeso y fétido mareaba a los más fuertes. Los nervios se aflojaban en aquella antesala de la muerte […].

Este testimonio del anarquista mexicano Ricardo Flores Magón, narra sus primeras vivencias en una prisión, cuando siendo estudiante de la Escuela Nacional Preparatoria fue detenido en 1892, por participar en un movimiento de oposición a la reelección del dictador Porfirio Díaz. Desde entonces, buena parte de su vida pasaría en centros penitenciarios tanto nacionales como extranjeros, donde finalmente lo sorprendió la muerte en 1922, poco después de rechazar el indulto que le ofreciera el gobierno de los Estados Unidos, en una de cuyas cárceles purgaba una pena de 20 años.

Si nos atuviéramos a los principios para la protección de las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión adoptados por la Asamblea General de Naciones Unidas cuya resolución 43/173 del 9 de diciembre de 1988   garantiza  que “Toda persona sometida a cualquier forma de detención o prisión será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”, no vacilaríamos en afirmar que las situaciones descritas por el revolucionario Magón, hace ya 120 años, hacen parte de un pasado remoto.

Sin embargo, nada más lejano a la realidad; la existencia de prisiones, como las que mantuvo Estados Unidos hasta hace un tiempo en los territorios ocupados de Iraq y Afganistán y la que actualmente conserva en la ilegal base naval de Guantánamo (Cuba), donde bajo el pretexto de la lucha contra el terrorismo retiene a más de un centenar de prisioneros incomunicados, sin garantías procesales ni judiciales y sometidos a las más crueles torturas y tratos degradantes e inhumanos, es una muestra fehaciente de la función que siguen cumpliendo las cárceles como instrumento de  represión política y control social.

SISTEMA PENITENCIARIO COLOMBIANO: ENTRE LA PENALIDAD NEOLIBERAL Y EL TERRORISMO DE ESTADO

Recientes episodios como los acaecidos en un penal de Comayagua (Honduras) donde cerca de 400 prisioneros murieron calcinados; o los  hechos de violencia que cobraron la vida de 58 personas en la prisión de Uribania (Estado de Lara/Venezuela); o en el centro penitenciario de Apodaca (Nuevo León/México), donde en complicidad con la guardia 30 miembros de los zetas protagonizaron una fuga, dejando a su paso 44 internos masacrados; indican un patrón recurrente de violencia, que parece darle la razón a Harold Thompson: “Las prisiones –decía este anarquista norteamericano que permaneció los últimos treinta años de su vida en la cárcel- son instituciones diseñadas para enseñar lecciones de violencia a través del abuso hacia aquellos confinados en ellas”.

Aunque el sistema penitenciario en las sociedades modernas se plantea como un espacio para reformar al infractor e impedir la repetición del acto antisocial (“resocialización”), en la práctica funciona por excelencia como aparato punitivo del Estado que hace primar, sobre cualquier principio humanista, los criterios de venganza permitiendo además resguardar el sacrosanto principio de la propiedad privada, convirtiéndose en un camino corto para dar salida -por la vía de la criminalización de la pobreza- a los agudos problemas sociales inherentes al capitalismo: “La indigencia, desempleo, drogadicción, enfermedad mental y analfabetismo –escribe Angela Davis- son sólo algunos de los problemas que desaparecen del escenario público cuando los seres humanos que contienden con ellos son relegados a jaulas”

En este sentido la realidad carcelaria colombiana guarda similitudes con la de otros centros penitenciarios del continente. Por eso no sorprende que el hacinamiento, la corrupción, la privación de servicios básicos como el agua potable y la luz, la alimentación precaria, la ausencia de atención médica y de condiciones dignas para los internos, estén allí al orden día. Con razón anota la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que uno de los sectores  de la población más desprotegidos y con mayor vulnerabilidad en América Latina son las personas privadas de la libertad .

Pero si bien las cárceles del país comparten patrones más o menos similares con las del resto del continente, en Colombia la crisis carcelaria está inmersa en las complejas dinámicas de un conflicto armado y social que sacude al país desde hace más de medio siglo; y no escapa a la acción criminal de un aparato estatal que históricamente ha recurrido al uso sistemático de la violencia para acallar la oposición política y social y silenciar las expresiones del pensamiento crítico. De este modo, el sistema penitenciario colombiano cumple un importante papel como  instrumento jurídico para la desarticulación de las organizaciones sociales, y el silenciamiento de la protesta social.

La presencia de oficiales activos de la policía, en la dirección del sistema nacional penitenciario y carcelario (INPEC)2 , y en algunos centros de reclusión, así como la existencia de cuerpos especializados entre ellos el Grupo de Reacción Inmediata (GRI) y el  Comando Operativo de Remisiones de Especial Seguridad (CORES) que cumplen funciones represivas más allá de las que les corresponde como cuerpo de custodia y vigilancia hacen parte de esta estrategia, en consonancia con una justicia parcializada que ofrece privilegios a los que tienen poder y se muestra ejemplarizante con quienes carecen de él.

LAS CÁRCEL NO ELIMINA LOS PROBLEMAS SOCIALES PERO SI LOS SERES HUMANOS

Según cifras del mismo Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) actualmente hay 114.772 internos cuando el cupo es para 75 mil, lo que coloca de presente graves problemas de hacinamiento. Recientemente la juez 56 penal del circuito ordenó suspender el traslado de más presos a la cárcel Modelo de Bogotá, un centro de reclusión que, de acuerdo con las cifras del mismo INPEC cuenta con 7230 reclusos pese a que su capacidad es de 2850 internos, lo que significa una sobrepoblación del 153%, cifra que supera con creces los niveles de sobrepoblación crítica establecidos por los estándares internacionales en el 20%.

El informe que avala la decisión judicial en primera instancia puso de presente que muchos internos tienen que dormir amontonados en los corredores, escaleras o espacios destinados a actividades colectivas, comer con las manos y lavar platos en los orinales. Pese a la contundencia de estos hechos el Tribunal Superior de Bogotá en cabeza del magistrado Jorge Enrique Vallejo, no tardó en anular la sentencia recurriendo a una serie de artilugios jurídicos.

Con todo, la situación de la cárcel Modelo no es la más crítica; en otros sitios de reclusión del país como Villahermosa (Cali), el hacinamiento alcanza niveles alarmantes ya que ésta cuenta con 5855 internos, siendo su capacidad apenas para 1.667 hombres; lo mismo sucede en Bellavista (Medellín) donde están alojados 7461 reclusos en una cárcel diseñada para 2424 internos. Si a esto le sumamos el hecho que no dispone de una infraestructura adecuada, no está lejos el día en que las cárceles colombianas vivan una tragedia como la del mencionado penal de Comayagua. Por demás el hacinamiento favorece la propagación de epidemias y enfermedades contagiosas de manera tal que la salud constituye otro de los problemas estructurales que vive la población carcelaria, agudizado por la ausencia de personal médico especializado y la escasez de medicamentos3.

En una carta dirigida a la CIDH, uno de los voceros del Movimiento Nacional Carcelario (MNC), Tulio Ávila Murillo, denunciaba las condiciones inhumanas en que se encuentran las personas privadas de la libertad en Colombia y señalaba como “en un año han muerto más de 80 internos en total abandono, la mayoría por inasistencia médica, pero lo más grave es que todo queda en la absoluta impunidad […] la impotencia, la consternación y el dolor que se mezcla con la desesperanza, al ver como nuestros compañeros y compañeras de prisión, día a día se enferman y van muriendo lentamente como simples animales encerrados en los pabellones de la ignominia y la miseria, administrada por una institución que está corrompida por los jugosos negocios de los contratos[…]”  4

El hecho más reciente ocurrió el pasado 9 de abril en el centro penitenciario de “Picaleña” (Ibagué/Tolima), con la muerte, por falta de tratamiento médico oportuno, del preso político Juan Camilo Lizarazo quien desde varios meses atrás venía solicitando a las autoridades carcelarias atención médica urgente. Su caso se suma al de cientos de prisioneros políticos y de guerra que han muerto en las cárceles colombianas debido a la negligencia del Estado Colombiano y en abierta violación a las normas constitucionales que garantizan la protección del derecho a la vida.

Es aún más crítica la situación de las mujeres privadas de la libertad quienes sufren una vulnerabilidad especial, más aún cuando se encuentran en estado de embarazo o en condición de madres lactantes, pues los efectos negativos del encierro se extienden sobre la salud física y emocional de sus hijos, ya que estos centros de reclusión carecen de atención ginecológica, pediátrica y en general de personal especializado que atienda sus necesidades, así como de ambientes adecuados para la estancia de los menores. La amenaza de separación de sus hijos es un arma utilizada por las autoridades penitenciarias para lograr obediencia de las madres internas.

Cabe advertir sin embargo que no todos los internos e internas reciben el mismo trato: mientras a los prisioneros políticos se les retienen las órdenes de remisión para recibir atención médica especializada, en los pabellones de la llamada “parapolítica”, “justicia y paz”, donde conviven políticos nacionales, regionales y reconocidos narcotraficantes vinculados con delitos de corrupción, paramilitarismo y lesa humanidad, abundan los permisos para supuestas visitas médicas y odontológicas, que no reciben registro alguno, lo que les permite permanecer varios días por fuera del penal visitando familiares o realizando otro tipo de actividades. Esto para no hablar de las guarniciones militares, donde los oficiales detenidos disfrutan de todos los lujos y beneficios, que en un preso común sería impensable.

UN MODELO PERVERSO

El 9 de julio de 2001 el gobierno del entonces presidente Andrés Pastrana, colombiano, en cabeza de su ministro de Justicia, firmó un acuerdo de cooperación para el supuesto “mejoramiento del Sistema Penitenciario Colombiano”; el acuerdo, destinaba 4.5 millones de dólares para este programa, procedentes de los dineros del “Plan Colombia”, e incluía el asesoramiento técnico y material del Bureau Federal de Prisiones, para la adecuación de instalaciones penitenciarias y carcelarias, así como el entrenamiento de funcionarios del Inpec en escuelas e instalaciones dirigidas por instructores norteamericanos. Con base en estos acuerdos se orientó la construcción de 11 Nuevos Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional(“ERON”) 5

Una investigación adelantada por la Procuraduría General de la Nación en el 2008 puso en evidencia que estas instalaciones no garantizaban un ambiente digno para las personas privadas de la libertad: “No cuentan –señala el informe- con espacio para el consumo de alimentos, los espacios para movilización de sindicados son muy reducidos y sin acceso al aire libre; la altura del edificio limita la entrada de luz natural y ventilación, situación que se agravará en ciudades cuya temperatura alcanza o supera los 30 grados centígrados, y las dimensiones de las ventanas de las celdas de 20 cmts por 120 cmts, no garantizan iluminación ni ventilación suficiente, ni permite el uso de la luz natural en condiciones normales” 6.

Pese a estas flagrantes violaciones de los protocolos internacionales para el tratamiento de personas privadas de la libertad (asociados a actos de corrupción que a la fecha no han sido investigados) estos establecimientos fueron puestos en funcionamiento sin mayores modificaciones, descargando la responsabilidad sobre los reclusos y sus familiares que  no sólo han visto restringidas las visitas a sus seres queridos, sino que deben padecer los abusos sistemáticos cometidos por los guardias de turno acrecentando así la violación de los derechos fundamentales de los reclusos.

Resulta claro que la crisis humanitaria de las cárceles colombianas no se soluciona con la construcción de más sitios de reclusión, mucho menos con su privatización. Este modelo que ya se aplicó inicialmente en Estados Unidos y  se expandió a Europa (Inglaterra, Nueva Zelanda, Australia, Francia y Alemania), viene tomado fuerza en países del continente como Chile donde ya se ha implementado, arrojando un balance negativo para la impartición de justicia, ya que acorde con la lógica del mercado “Para aumentar las ganancias en el sector de la justicia penal esta industria necesita que se mantenga a más gente presa en el sistema por más tiempo” 7 .

El sociólogo francés Loïc Wacquant, en una interesante investigación sobre las políticas de seguridad de lo que él denomina “Estado Penitencia”, señala, -apoyado en una amplia información empírica- cómo la industria de prisiones se ha transformado en una  de las más prósperas de los Estados Unidos, siendo el tercer renglón generador de empleo en ese país. alrededor de este ramo se anuda una compleja red de actividades económicas y comerciales. De ello da cuenta la feria que anualmente realiza la Asociación Correccional Americana donde participan más de seiscientas cincuentas empresas ofertando una variedad de productos y servicios que cubre desde “’uniformes de extracción’ (para arrancar de sus celdas a los internos recalcitrantes)” y sistemas de celdas portátiles que pueden improvisarse en cualquier sitio de la ciudad, hasta sistemas de purificación de aire antituberculosis 8

COLECTIVOS DE PRESOS POLÍTICOS: “NO PEDIMOS PERMISO PARA SER LIBRES”

La prolongación del conflicto armado y social colombiano y, consustancial a él,  el incremento del número de presos(as) políticos(as) -que ya sobrepasa los diez mil- ha permitido que éstos hayan adquirido una larga tradición de organización y reivindicación de sus derechos en los centros de reclusión. Misma que han conservado y enriquecido de generación en generación, pero que los sucesivos gobiernos y la misma dirección del INPEC tratan de negar continuamente, recluyendo indiscriminadamente en un mismo pabellón a guerrilleros y paramilitares y creando así un clima de permanente tensión.

A lo anterior hay que sumar las continuas políticas del Estado colombiano por estimular la deserción, desmovilización y delación de los insurgentes a cambio de beneficios jurídicos. Labor que se hace más palpable en los penales donde, a través de presiones, engaños y ofertas económicas promovidas directamente desde el Ministerio del Interior y Justicia, se ha pretendido –casi siempre infructuosamente– que los rebeldes se acojan a los programas de “Justicia y Paz” (ley 975 de 2005)

Pese a estos obstáculos en los centros de reclusión colombianos encontramos colectivos de presos políticos ya consolidados con una estructura organizativa que -a diferencia de otros penales del continente- ha permitido no sólo visibilizar y dilucidar la crítica situación carcelaria sino que también ha logrado una cierta regulación de la vida interna de estos establecimientos, y organizar la lucha colectiva por mejoras en la atención sanitaria, la calidad de la alimentación, el respeto a las visitas, a través de jornadas de desobediencia civil.

Frente a la ausencia de programas de educación como instrumentos de capacitación y redención de pena y la prohibición de acceso de los internos a los talleres de trabajo, en los pabellones de alta seguridad,  los colectivos de presos políticos han asumido tareas educativas que contemplan desde labores de alfabetización, hasta la discusión sobre diferentes aspectos de la realidad nacional e internacional, actividades que mantienen en alto la moral de los presos en un ambiente donde el consumo de alucinógenos, el ocio y los juegos de azar se constituyen en la constante.

Los sindicados y condenados por delitos políticos son naturalizados como enemigos “per se” y con ellos sus colectivos, que permanentemente son desintegrados recurriendo al traslado masivo de prisioneros a las diferentes cárceles del país, alejándolos de sus núcleos familiares y sembrando terror psicológico para bloquear cualquier acción reivindicativa. Un ejemplo de esta situación es la que viven actualmente los prisioneros políticos de guerra Tulio Ávila Murillo (“Alonso”), José Marbel Zamora (“Chucho”) y Bernardo Mosquera (“Negro Antonio)  quienes han sido amenazados en su integridad física y personal, como consecuencia del liderazgo asumido en las jornadas de desobediencia pacífica que, desde algunos meses vienen adelantando millares de presos(as) políticos(as) por las condiciones inhumanas e indignantes que afrontan.

En numerosas ocasiones los presos políticos son recluidos en celdas de aislamiento (Unidades de Tratamiento Especial), privados de comunicación con el exterior y sin derecho a tomar el sol; así mismo son trasladados a centros penitenciarios que, como el de Valledupar, son considerados de alto castigo, alejándolos de su núcleo familiar y sometiéndolos al hostigamiento permanente del cuerpo de custodia. Esta situación no da cuenta de casos aislados sino  de la sistemática violación de los derechos humanos de que son objeto los internos en las cárceles colombianas.

Los atropellos contra la población carcelaria no han impedido la consolidación del Movimiento Nacional Carcelario (MNC) que, en el mes de abril ha desarrollado exitosamente Jornadas Nacionales de Desobediencia Carcelaria en treinta establecimientos reclusorios del país; como parte, también, de las luchas que adelantan en el campo y la ciudad las organizaciones campesinas, indígenas, cívicas y sindicales en favor de sus derechos, y que vienen allanando el camino para una movilización más amplia del pueblo colombiano hacia el afianzamiento de una solución política al conflicto armado y social que vive el país desde hace ya tantas décadas.
 

* Profesor Asociado Universidad Nacional de Colombia. Ex preso político.
1. Cfr. Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en las Américas. OEA, 2011.

2 Actualmente la dirección general del INPEC está a cargo del Brigadier General Gustavo Adolfo Ricaurte, quien anteriormente se había desempeñado como comandante Operativo de la Policía Metropolitana de Cali y Comandante de la Región No. 4 de Policía que agrupa los departamentos de Valle del Cauca, Cauca, Nariño y la ciudad de Santiago de Cali; a principios de este año se anunció su reemplazo por el coronel Gustavo Moreno pero en esos mismos días este oficial de la policía, ex agregado militar en Washington, se vio involucrado en la muerte de un supuesto fletero, en hechos que actualmente son investigados y que llevaron a confirmar al general Ricaurte en su cargo.

3 La actual crisis humanitaria en las cárceles no es un asunto coyuntural, ya la Corte Constitucional se había expresado en tal sentido al expresar en su sentencia T-153 de 1998 que “Las condiciones de vida en los penales colombianos vulneran evidentemente la dignidad de los penados y amenazan otros de sus derechos, tales como la vida y la integridad personal, su derecho a la familia, etc. Nadie se atrevería a decir que los establecimientos de reclusión cumplen con la labor de resocialización que se les ha encomendado. Por lo contrario, la situación descrita anteriormente tiende más bien a confirmar el lugar común acerca de que las cárceles son escuelas del crimen, generadoras de ocio, violencia y corrupción”.

4 Carta abierta de Tulio Murillo Ávila "Alonso" Prisionero Político y de Guerra Complejo Carcelario de Ibagué- Tolima. Agosto 28 de 2012 (ver: http://www.traspasalosmuros.net/node/1244)

5 Jamundí, Bogotá, Medellín, Ibagué y Guaduas, Puerto Triunfo, Florencia, Acacias, Yopal, Cartagena y Cúcuta, contemplando la expansión de 21169 de cupos penitenciarios y carcelarios.

6 Procuraduría General de la Nación. “Procurador advierte sobre fallas en diseños de nuevos centros de reclusión”. Boletín No. 210, 19 de mayo de 2008 7 Stephen Nathan. “Privatización de la prisión: Acontecimientos y Temas internacionales y sus implicaciones para América Latina” en Elías Carranza (coord.). Cárcel y Justicia Penal en América Latina y el Caribe. México: Siglo XXI, Ilanud, Raoul Wallenberg Institute, P. 292 8 Löic Wacquant. Las Cárceles de la Miseria. Buenos Aires: Manantial, 2004, p. 98