LOS FANTASMAS DE LA HABANA: ¿VIEJOS TEMAS?, RENOVADOS MIEDOS Miguel Ángel Beltrán V.[1]

En el nuevo ciclo de conversaciones para abordar el segundo punto sobre la participación política, los voceros de las FARC han presentado un paquete de diez propuestas que incluye, entre otras, la democratización del régimen político colombiano, garantías para el ejercicio de la oposición política y social, condiciones para la participación política y social de sectores sociales excluidos, así como la democratización de los medios de comunicación, las cuales se vienen sumar a otras iniciativas que han estado agitado en estos siete meses largos de iniciado el proceso y que incluyen desde la propuesta del cese bilateral del fuego, hasta la convocatoria de una Asamblea Nacional constituyente como mecanismo refrendario de los acuerdos, pasando por la regularización de la guerra y el aplazamiento de las elecciones.

Algunas propuestas han sido reivindicaciones históricas de las FARC que ahora son formuladas de una manera un tanto más realista, mientras que otras forman parte del acervo común de reivindicaciones que de tiempo atrás han venido configurando los partidos de izquierda, los movimientos sociales y amplios sectores del campo popular; no se trata de imposibles, mucho menos de cambios estructurales, no obstante su concreción ha sido aplazada por la aplicación sistemática del terrorismo de Estado que ha frenado cualquier posibilidad de transformación política y social. Pese a las fuertes reticencias del actual gobierno, hoy estas demandas vienen abriéndose espacio en los diálogos de La Habana, si bien a través de mecanismos muy limitados, que no garantizan todavía una activa participación de la sociedad en su conjunto.

Es cierto que cada vez gana mayor claridad entre la opinión pública la idea de que la terminación del conflicto armado y social colombiano y la “Construcción de una Paz estable duradera”, pasa por la solución de problemas que como el agrario y la secular exclusión política y social están presentes en los orígenes mismos de la actual confrontación armada que vive el país.  Sin embargo, son también numerosas las voces periodísticas y gubernamentales que atemorizadas por el fantasma del cambio, advierten que “no se puede permitir que las Farc comiencen a hacer política antes de la dejación de las armas”. Incluso algunos han ido más allá al sugerir que el Gobierno debe supeditar la continuidad de los diálogos a que las FARC retiren de la mesa estas exigencias.

Quienes desde sus columnas periodísticas califican de “delirantes” e “inaceptables” estas propuestas siguen siendo los apologistas de la fracasada política de “Seguridad Democrática”, cuyos estrechos esquemas mentales no les  permite comprender cómo el Estado colombiano se ha visto abocado a dialogar con un interlocutor armado al cual pretenden presentar como una organización derrotada militarmente, carente de base social y que ha hecho del terrorismo y el negocio del narcotráfico su principal actividad. Por eso no dudan en equiparar  –haciendo gala de una deliberada ignorancia histórica- la propuesta de “reestructuración democrática” del Estado con la “refundación” del mismo que acordaran en el 2001 algunos jefes paramilitares junto con senadores, representantes, concejales y alcaldes, a espaldas de la nación,  estos sí para beneficiar a una minoría privilegiada a través del terror armado.

Sin duda es necesario recordar que en los orígenes históricos de las FARC  están presentes las ricas tradiciones de movilización agraria y campesina, que con el tiempo han ido enriqueciéndose con la vinculación a ella de líderes provenientes de nuevos sectores sociales acosados por la violencia oficial y por la compleja imbricación de esta organización insurgente con otras expresiones del movimiento social.

Desde los acuerdos del “Cese al fuego, tregua y paz” pactados en La Uribe hasta la concreción de “una agenda común para el cambio hacia la nueva Colombia”, suscrita por el gobierno del ex presidente Pastrana, el tema de las reformas políticas, económicas y sociales han estado presente en el corazón mismo de los diálogos como vía para allanar el camino a la solución política al conflicto social y armado. Desde entonces no ha habido cambios sustanciales que permitan plantear que hoy la salida política pueda alcanzarse con la simple entrega de armas por parte de los guerrilleros y su participación en el juego electoral. Es claro que tampoco puede limitarse a un acuerdo suscrito entre el gobierno y el actor armado. Requiere sin duda de la participación efectiva de la sociedad en su conjunto, y en ese sentido propuestas como la realización de una Asamblea Nacional Constituyente cobran particular relevancia.

Por su parte, en el campo del gobierno las iniciativas de incremento presupuestal para las Fuerzas Armadas, la ampliación del fuero militar así como el proyecto de privatización del sistema carcelario y penitenciario, para no hablar de los nuevos derroteros que ha tomado su política internacional con su  abierto apoyo a la oposición desestabilizadora en Venezuela y su fallida pretensión de vincular a Colombia a la OTAN colocan el gobierno de Santos en un punto que lo aleja cada vez más de la solución política del conflicto. Actitud que resulta aún más preocupante, cuando precisamente se empieza a discutir los derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política en general y en particular para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del Acuerdo Final

La resistencia y el miedo histórico de las élites políticas y económicas del país para abrir las compuertas del cambio, por mínimos que éstos sean, ha llevado al país por los caminos del escalamiento de la confrontación armada: A Los “acuerdos de la Uribe”, los sectores militaristas respondieron con una cruenta guerra sucia, que con la connivencia de los gobiernos de turno, condujo al exterminio de la Unión Patriótica, quizás la experiencia popular más importante del último cuarto de siglo; por su parte los diálogos del Caguán corrieron paralelos con el fortalecimiento del proyecto paramilitar, el afianzamiento del “Plan Colombia” y la modernización de las Fuerzas Militares. Frustrando en uno y otro caso la oportunidad histórica de poner fin al conflicto armado y social.

Ciertamente, nada en la historia está predeterminado y lo deseable es que la mesa en la Habana, en lugar de cerrarse se abra cada vez más para dar cabida el amplio espectro del movimiento popular y social, incluyendo las otras organizaciones guerrilleras que actualmente no están en el proceso de diálogo.  

http://webiigg.sociales.uba.ar/conflictosocial/revista/09/sumario9.htm

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[1] Profesor, Universidad Nacional de Colombia

PRONTO A LA VENTA LOS ULTIMOS LIBROS DEL PROFESOR MIGUEL ANGEL BELTRAN

ENTREVISTA PROFESOR MIGUEL ANGEL BELTRAN

MIGUEL BELTRÁN, ABSUELTO Y EXILIADO, REFLEXIONA

http://www.elheraldo.co/revistas/latitud/entrevista/miguel-beltran-absuelto-y-exiliado-reflexiona-109186

Relata que fueron dos años detrás de los fríos barrotes de La Modelo en Bogotá, “muy duros”. El sociólogo de la Universidad Nacional admite además que su vida cambió.

El Miguel Ángel Beltrán de antes, entregado a su cátedra y al continuo proceso de retroalimentación académica con sus estudiantes de un momento a otro se truncó al ser convertido en el principal enemigo público de la Seguridad Democrática, por sus artículos, por disentir del discurso oficial, por su postura crítica.

Graduado en licenciatura en Ciencias de la Educación con especialidad en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital, y en Sociología de la Universidad Nacional de Colombia se dedicaba a la docencia en universidades del país y, antes de su detención en mayo de 2009, residía en México adelantando estudios de doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México.  El académico fue expulsado del país azteca en una operación conjunta con autoridades mexicanas y capturado al aterrizar en la capital colombiana.

Los argumentos de la Fiscalía y la Procuraduría para solicitar su condena se basaron en supuestas comunicaciones encontradas en computadores del excomandante guerrillero alias Raúl Reyes, muerto en un bombardeo en suelo ecuatoriano.

Beltrán Villegas fue acusado de rebelión y concierto para delinquir al ser señalado por las autoridades colombianas como ‘Jaime Cienfuegos’ y miembro del Frente Internacional de las Farc, acusaciones que fueron desvirtuadas al ser consideradas ilegales por la Corte Suprema de Justicia.

 Actualmente es investigado disciplinariamente por la Procuraduría, en cabeza del reelecto Alejandro Ordóñez, pero mantiene su cabeza en alto e investigando sobre su pasión: el conflicto, actual tema nacional en la mesa de diálogo de La Habana.

 Hoy reside temporalmente en Argentina dictando conferencias e investigando sobre las aportaciones del pensamiento latinoamericano en el campo de la sociología histórica, y las motivaciones que han llevado a un sector de la población colombiana a asumir el camino de las armas. Ahora, tomándose diariamente el segundo café más amargo de su vida, el del exilio, respondió a las siguientes inquietudes.

 ¿Por qué representaba una amenaza para el Estado?

 He reflexionado sobre eso mucho, no era tanto Miguel Ángel la persona sino lo que representaba, por un lado un sociólogo vinculado a la universidad pública durante el gobierno de Uribe, en el que la persecución fue muy fuerte contra la universidad, y hubo un afán de él, por la misma resistencia, por la expresión crítica que se dio, para castigar a la universidad, y la mejor forma fue presentar a un profesor como infiltrado de la guerrilla.

Cuando se dio la zona de despeje con Pastrana, y aprovechando que muchos pudieron ir al Caguán, fui y me entrevisté con Raúl Reyes para hacer un balance de lo que era el conflicto y las posibilidades que representaban los diálogos de paz. En México, donde hice mi maestría y doctorado, había una representación de las Farc reconocida por el gobierno, tenía su permiso, y pude tener una relación académica con ellos para conocer sus opiniones sobre la guerra, eso pesó en mi contra.

 Escribí varios artículos y los tomaron como pruebas de que pertenecía a las Farc. Hoy estoy absuelto pero el reelecto procurador Alejandro Ordóñez ha continuado con su abierta labor de persecución a la libertad de cátedra y pensamiento. Al punto que ha solicitado a los funcionarios de la Universidad Nacional que informen cuál ha sido mi participación, a partir de 2004, en congresos, seminarios, cursos, diplomados, encuentros, foros y otros eventos de orden académico que he realizado en el país o en el exterior, así como eventos y grupos de estudio en los que he participado. Todo ello con la anuencia de las directivas universitarias, que poco o nada han hecho, en este caso, por defender su autonomía universitaria.

 ¿Por qué salió del país?

 Fui informado de amenazas de muerte y un plan para asesinarme de una fuente fidedigna que me dio datos muy puntuales de cómo se iba a dar mi asesinato. Tengo familia, mi idea era continuar con la universidad, lo he hecho desde otros espacios, pero tuve que salir, no quería repetir lo que les ha pasado a otros académicos, el caso del profesor Correa De Andréis pesa mucho en esta historia. De hecho, familiares suyos entraron en contacto con los míos aconsejándome que me fuera apenas saliera libre porque temían que me ocurriera lo mismo.

¿Qué particularidades encuentra entre el caso del profesor Alfredo Correa De Andréis y el suyo?

 Se trata de dos hechos dolorosos que ilustran claramente la perversidad y el cinismo con el que actúa el Estado colombiano en su propósito de perseguir y criminalizar el pensamiento crítico. A Alfredo Correa lo asesinaron por su compromiso con los sectores populares y sus investigaciones socio-económicas en torno al desplazamiento forzado en la región del Atlántico, en las que había puesto al descubierto desviaciones indebidas de fondos del Plan Colombia, al mismo tiempo que denunciaba el despojo de tierras a cientos de campesinos en la población de Ciénaga.

 Además de ello, años atrás, como rector de la Universidad pública del Magdalena, se había opuesto a las reformas que apuntaban hacia su privatización. En mi caso, se utilizaron mis escritos sobre el conflicto social y armado colombiano, así como algunas reflexiones en torno al papel de los estudiantes y el cambio social, con el fin de adelantarme un proceso por el supuesto delito de rebelión. Tanto en una como en otra situación se evidenció la participación de los organismos de inteligencia del Estado, en la confección de pruebas falsas para inculpar a inocentes, y cuando esto quedó al descubierto, en el caso del profesor Correa se recurrió a su vil asesinato.

 A Correa De Andréis le clonaron testimonios de supuestos exguerrilleros para acusarlo, y contra usted contrataron a un agente en México para que lo siguiera y le ‘encontrara’ algo. ¿Es posible creer que los montajes hicieron parte de una política de Estado?

 Los montajes judiciales se incrementaron notablemente durante los ocho años de gobierno de Álvaro Uribe, sin embargo, esta política ha sido aplicada sistemáticamente por el Estado colombiano desde los tiempos del expresidente Turbay Ayala. Incluso en aquella época los militares tenían la potestad de juzgar a civiles, a través de los llamados ‘consejos verbales de guerra’, donde se violaban todas las garantías procesales de los sindicados.

 Hoy, las violaciones al debido proceso siguen al orden del día, y la existencia de un ‘cartel de testigos falsos’ es un elemento indicativo de lo que pasa en la justicia colombiana. La arbitraria detención del exdiputado Sigifredo López y la sentencia contra el profesor y líder social David Rabelo evidencian que en Colombia los montajes judiciales no son cosas del pasado, siguen siendo parte de una política de Estado.

 ¿Por qué en una democracia a personas como Correa De Andréis y a usted las señalaron prácticamente como enemigos del Estado?

Porque a pesar de que las élites gobernantes han pretendido proyectar internacionalmente la imagen de que Colombia es un país que cuenta supuestamente con una de las democracias más estables del continente, en realidad lo que ha aplicado desde hace varias décadas es una política de terrorismo de Estado, en la cual los opositores políticos y sociales son considerados enemigos internos, así que el caso del profesor Correa y el mío, que en su momento fueron presentados como resultados exitosos de la mal llamada política de Seguridad Democrática, no son únicos y se suman a los miles de colombianas y colombianos perseguidos, y hostigados por sus posturas críticas.

¿Qué opina de los puntos de la agenda pactada entre Gobierno y Farc?

 Son muy generales pero al analizarlos hay elementos que no son tan fáciles de resolver, el tema agrario es sustancial, siempre ha estado en los orígenes del conflicto armado y resolverlo es darle salida a la guerra. No es fácil, como el tema de la participación política que implica saber cuáles son las garantías que van a tener las Farc en caso de que decidan asumirse como organización política y hacer política legal implica requisitos que siempre ellos han planteado.

El tema del desmonte de los paramilitares es importante porque, creamos o no, a pesar del proceso de desmovilización sabemos que estos nuevos grupos denominados bacrim están muy ligadas con los anteriores, entonces, parte de esa negociación debe llevar a eso, a cuáles son las garantías y medidas que van a llevar realmente a garantizar la posibilidad de ejercer en espacios políticos en el campo legal, para que no se repita lo que ocurrió con la Unión Patriótica.

¿Cómo sobrevive usted en el exterior?

 La Universidad Nacional me otorgó una prórroga de un año a la comisión de estudios que se había interrumpido por mi secuestro en México. Cabe anotar que esto se logró gracias a la comprometida intervención de la representación profesoral, y a la presión nacional e internacional ejercida por los sindicatos de profesores. Mientras el Consejo Superior Universitario tomaba esta decisión, estuve con una licencia no remunerada y pude sobrevivir gracias a la solidaridad de mi familia, colegas, amigas y amigos de dentro y fuera del país. Esto me permitió darme cuenta de que –a diferencia de otros espacios académicos del mundo, donde el derecho a la vida prima sobre cualquier otra consideración– en Colombia, las universidades no ofrecen garantías para quienes investigamos temas relacionados con el conflicto armado, de manera tal que los costos son asumidos individualmente.

Son muchos los académicos que han tenido que enfrentar esta situación, es de resaltar el caso reciente del profesor Renán Vega, que a pesar de las múltiples amenazas recibidas, las directivas de la Universidad Pedagógica se niegan a concederle una permiso para que pueda resguardar su integridad personal. Esto, sin duda, es una forma de censurar su trabajo investigativo.

 ¿Qué tan compleja es la cotidianidad de un exiliado?

 La condición de exilio supone una ruptura con la cotidianidad; una separación brusca del círculo familiar, de los amigos y un aislamiento también del contexto laboral y cultural del país. La inserción en un medio social diferente no es una labor fácil. Lo sorprendente es que después de tantas generaciones de mujeres y hombres, perseguidos políticos en Colombia, que se han visto forzados(as) a salir del país a causa del conflicto armado, al día de hoy el Estado y en ocasiones la misma sociedad no reconocen esa realidad y mucho menos el gran drama humano individual y colectivo que conlleva el exilio. Peor aún, muchos consideran que se trata de una condición de privilegio.

Por Óscar López Lobo

Especial para EL HERALDO
Buenos Aires, Argentina

LA LEY DE LOS NULE, LA LEY DEL EMBUDO

Miguel Ángel Beltrán Villegas
Rebelión

 “Para este caso el señor juez ha considerado que asistir a la primera comunión de su hijo Felipe Nule, es un acto trascendental para el interno, y al Inpec lo que le corresponde es cumplir con la orden del señor juez”. Con estas palabras el general Gustavo Adolfo Ricaurte justificó ante los medios de comunicación su decisión de permitir la salida de la cárcel del empresario Manuel Nule, recluido en La Penitenciaría La Picota de Bogotá, con el fin de participar en la ceremonia de primera comunión de su hijo en Cartagena. Un viaje que costó cinco millones de pesos (unos 2.700 dólares) y que pagaremos los contribuyentes colombianos.

 En esta ocasión el interno no tuvo que recurrir a tutelas, ni a jornadas de desobediencia civil, mucho menos a extenuantes huelgas de hambre. El juez 38 penal del circuito de Bogotá obró en derecho; eso sí, en su argumentación jurídica no adujo -como suele hacerse cuando se trata de un “preso común”- “que el traslado no constituye un derecho fundamental para el recluso y que apenas tiene la calidad de derecho legal, por lo que solamente puede hacerse efectivo cuando se observa la totalidad de los requisitos que exige la ley penitenciaria y carcelaria para lograr su efectividad”. Sin duda para el honorable servidor de la justicia que autorizó el permiso y para la ley penitenciaria y carcelaria que se aplica en Colombia el señor Manuel Nule cumple a

cabalidad con los requisitos que le hacen merecedor de dicho permiso: próspero empresario, acostumbrado a una vida de lujos, asiduo visitante de los mejores hoteles del mundo y emparentado con reconocidos políticos de la Costa que han ejercido cargos de representación nacional y regional, seguramente en estrechos vínculos con jefes paramilitares.

 Pero no sólo sorprende la rigurosidad con que el mencionado juez se ciñe a la ley, sino la celeridad con que los funcionarios de esta institución acataron la decisión judicial. Esta vez, brillaron por su ausencia los reiterados argumentos sobre la inexistencia de recursos presupuestales para el traslado de presos; menos aún, se atrevieron a decir –como suele hacerse cuando se trata de un preso común- “que la separación o afectación que hubiere sufrido el núcleo familiar del recluso en mención, tuvo su origen en circunstancias no atribuibles al INPEC, pues como es claro, la misma se dio con ocasión del comportamiento contrario a la normatividad penal desplegado por el interno, toda vez que al incurrir en conductas punibles, implícitamente propició ése alejamiento”. Seguramente consideran los impartidores de justicia y los administradores penitenciarios que el robo a centenares de familias de bajos recursos; la evasión de impuestos al Estado; el peculado y el robo de 250 millones de dólares al erario público en el llamado “carrusel de la contratación”, son delitos de poca monta, frente al “peligro” que representan para la sociedad los jóvenes desempleados de los estratos populares que recurren al hurto, el tráfico de estupefacientes y el crimen organizado para sobrevivir a las políticas neoliberales del capitalismo salvaje que los condena a la miseria. Ya uno de los hermanos Nule–Guido-obtuvo acercamiento familiar y ahora disfruta de otro cómodo sitio de reclusión en Barranquilla. Y aunque el general Ricaurte pretenda hacer creer a la opinión pública que esta es una política que se aplica indiscriminadamente a todos los reclusos, es otra la realidad que se vive en los centros penitenciarios. Ancianas, y madres con niños menores de edad, o de brazos, tienen que realizar largos viajes por la geografía nacional, para poder ver a sus hijos, padres o hermanos cuatro horas (o menos, si se tienen en cuenta las largas filas que deben hacer) y luego esperar un año o más para emprender un nuevo viaje de visita. Quienes no pueden realizar el esfuerzo económico que estos encuentros supone, terminan con sus familiares presos prácticamente abandonados y sumidos en una profunda desesperanza y frustración psicológica que los sumerge, aún más, en el mundo delincuencial.

 No hay cuadro más doloroso que el de un preso que ha perdido a uno de sus seres queridos. En estas situaciones invariablemente las directivas de la cárcel niegan a los internos el permiso para asistir al sepelio. Con suerte, éstos pueden obtener autorización para que despidan el cadáver de sus allegados desde las rejas del penal. Esto siempre y cuando sus dolientes logren juntar los recursos necesarios para pagar el trayecto adicional que supone el desplazamiento del cortejo fúnebre al centro de reclusión. De lo contrario tendrán que resignarse a recordar las últimas imágenes retenidas en su cerebro.

 Ni qué decir cuando se trata de presos políticos y prisioneros de guerra. Para ellos (Y ellas) no existen “consideraciones humanitarias”. Las violaciones a sus derechos empiezan con la afectación misma al “debido proceso”. Algunos prisioneros –como en el caso de José Marbel Zamora (“Chucho”)- se le ha obligado a asistir a audiencias virtuales, menoscabando sus garantías procesales y negándole la posibilidad de acercamiento familiar en Bogotá, pese a tener un bebé en etapa de lactancia. De esta manera castiga el INPEC a quienes ejercen un liderazgo en la lucha por los derechos fundamentales en las cárceles. Ni siquiera cuando está de por medio la vida de un preso político, las directivas del INPEC facilitan la salida o el traslado de un interno. Por lo que esta institución es directa responsable de los más de ochenta muertos que han fallecido en el transcurso de un año por falta de asistencia médica. Él último de ellos, Juan Camilo Lizarazo, permaneció cerca de seis meses con su cuerpo semiparalizado, con graves limitaciones para hablar y comer, antes que fuera autorizada su remisión a un centro hospitalario, donde finalmente falleció debido a la negligencia de las autoridades penitenciarias; porque en Colombia es más fácil que atiendan un resfrío de los Nules, que el cáncer de un preso político que ha alzado su grito de rebeldía contra estas profundas injusticias. Con razón decía el carismático líder del M-19, Jaime Bateman Cayón, en entrevista concedida a la periodista Patricia Lara: “Eso es lo que pasa siempre a la gente que está más jodida en este país: [La ley del Embudo] lo angosto siempre es pa' ella y lo ancho es pa' los otros...”

COLOMBIA: CÁRCELES DE LA MISERIA Y MISERIA DE LAS CÁRCELES

COLOMBIA: CÁRCELES DE LA MISERIA Y MISERIA DE LAS CÁRCELES

Miguel Ángel Beltrán V.*

“Suele decirse que nadie conoce realmente cómo es una nación

hasta haber estado en una de sus cárceles. Una nación no debe

ser juzgada por el modo en que trata a sus ciudadanos de alto rango,

sino por la manera en la que trata a los de más bajo”

El Largo Camino Hacia la Libertad

Nelson Mandela

“Nunca había visto por dentro esa horrible cárcel que en años posteriores me fue tan familiar. Después de caminar por oscuros pasadizos y de subir y bajar mugrientas escaleras nos encontramos en un largo salón cuyo techo tocábamos con las manos. Triste luz crepuscular hacía más horrendo aquel antro fétido, húmedo, negro. Apoyé mis manos en la pared y las retiré asombrado: esputos sanguinolentos decoraban las paredes […] Había ahí leprosos, tísicos, sarnosos, cojos, mancos, tuertos, ciegos, sordos, mudos, paralíticos, llagados, sifilíticos, jorobados, idiotas, un espantoso depósito de carne enferma que chorreaba pus y mugre. Los tuberculosos tosían. Las moscas zumbaban. Un vapor espeso y fétido mareaba a los más fuertes. Los nervios se aflojaban en aquella antesala de la muerte […].

Este testimonio del anarquista mexicano Ricardo Flores Magón, narra sus primeras vivencias en una prisión, cuando siendo estudiante de la Escuela Nacional Preparatoria fue detenido en 1892, por participar en un movimiento de oposición a la reelección del dictador Porfirio Díaz. Desde entonces, buena parte de su vida pasaría en centros penitenciarios tanto nacionales como extranjeros, donde finalmente lo sorprendió la muerte en 1922, poco después de rechazar el indulto que le ofreciera el gobierno de los Estados Unidos, en una de cuyas cárceles purgaba una pena de 20 años.

Si nos atuviéramos a los principios para la protección de las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión adoptados por la Asamblea General de Naciones Unidas cuya resolución 43/173 del 9 de diciembre de 1988   garantiza  que “Toda persona sometida a cualquier forma de detención o prisión será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”, no vacilaríamos en afirmar que las situaciones descritas por el revolucionario Magón, hace ya 120 años, hacen parte de un pasado remoto.

Sin embargo, nada más lejano a la realidad; la existencia de prisiones, como las que mantuvo Estados Unidos hasta hace un tiempo en los territorios ocupados de Iraq y Afganistán y la que actualmente conserva en la ilegal base naval de Guantánamo (Cuba), donde bajo el pretexto de la lucha contra el terrorismo retiene a más de un centenar de prisioneros incomunicados, sin garantías procesales ni judiciales y sometidos a las más crueles torturas y tratos degradantes e inhumanos, es una muestra fehaciente de la función que siguen cumpliendo las cárceles como instrumento de  represión política y control social.

SISTEMA PENITENCIARIO COLOMBIANO: ENTRE LA PENALIDAD NEOLIBERAL Y EL TERRORISMO DE ESTADO

Recientes episodios como los acaecidos en un penal de Comayagua (Honduras) donde cerca de 400 prisioneros murieron calcinados; o los  hechos de violencia que cobraron la vida de 58 personas en la prisión de Uribania (Estado de Lara/Venezuela); o en el centro penitenciario de Apodaca (Nuevo León/México), donde en complicidad con la guardia 30 miembros de los zetas protagonizaron una fuga, dejando a su paso 44 internos masacrados; indican un patrón recurrente de violencia, que parece darle la razón a Harold Thompson: “Las prisiones –decía este anarquista norteamericano que permaneció los últimos treinta años de su vida en la cárcel- son instituciones diseñadas para enseñar lecciones de violencia a través del abuso hacia aquellos confinados en ellas”.

Aunque el sistema penitenciario en las sociedades modernas se plantea como un espacio para reformar al infractor e impedir la repetición del acto antisocial (“resocialización”), en la práctica funciona por excelencia como aparato punitivo del Estado que hace primar, sobre cualquier principio humanista, los criterios de venganza permitiendo además resguardar el sacrosanto principio de la propiedad privada, convirtiéndose en un camino corto para dar salida -por la vía de la criminalización de la pobreza- a los agudos problemas sociales inherentes al capitalismo: “La indigencia, desempleo, drogadicción, enfermedad mental y analfabetismo –escribe Angela Davis- son sólo algunos de los problemas que desaparecen del escenario público cuando los seres humanos que contienden con ellos son relegados a jaulas”

En este sentido la realidad carcelaria colombiana guarda similitudes con la de otros centros penitenciarios del continente. Por eso no sorprende que el hacinamiento, la corrupción, la privación de servicios básicos como el agua potable y la luz, la alimentación precaria, la ausencia de atención médica y de condiciones dignas para los internos, estén allí al orden día. Con razón anota la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que uno de los sectores  de la población más desprotegidos y con mayor vulnerabilidad en América Latina son las personas privadas de la libertad .

Pero si bien las cárceles del país comparten patrones más o menos similares con las del resto del continente, en Colombia la crisis carcelaria está inmersa en las complejas dinámicas de un conflicto armado y social que sacude al país desde hace más de medio siglo; y no escapa a la acción criminal de un aparato estatal que históricamente ha recurrido al uso sistemático de la violencia para acallar la oposición política y social y silenciar las expresiones del pensamiento crítico. De este modo, el sistema penitenciario colombiano cumple un importante papel como  instrumento jurídico para la desarticulación de las organizaciones sociales, y el silenciamiento de la protesta social.

La presencia de oficiales activos de la policía, en la dirección del sistema nacional penitenciario y carcelario (INPEC)2 , y en algunos centros de reclusión, así como la existencia de cuerpos especializados entre ellos el Grupo de Reacción Inmediata (GRI) y el  Comando Operativo de Remisiones de Especial Seguridad (CORES) que cumplen funciones represivas más allá de las que les corresponde como cuerpo de custodia y vigilancia hacen parte de esta estrategia, en consonancia con una justicia parcializada que ofrece privilegios a los que tienen poder y se muestra ejemplarizante con quienes carecen de él.

LAS CÁRCEL NO ELIMINA LOS PROBLEMAS SOCIALES PERO SI LOS SERES HUMANOS

Según cifras del mismo Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) actualmente hay 114.772 internos cuando el cupo es para 75 mil, lo que coloca de presente graves problemas de hacinamiento. Recientemente la juez 56 penal del circuito ordenó suspender el traslado de más presos a la cárcel Modelo de Bogotá, un centro de reclusión que, de acuerdo con las cifras del mismo INPEC cuenta con 7230 reclusos pese a que su capacidad es de 2850 internos, lo que significa una sobrepoblación del 153%, cifra que supera con creces los niveles de sobrepoblación crítica establecidos por los estándares internacionales en el 20%.

El informe que avala la decisión judicial en primera instancia puso de presente que muchos internos tienen que dormir amontonados en los corredores, escaleras o espacios destinados a actividades colectivas, comer con las manos y lavar platos en los orinales. Pese a la contundencia de estos hechos el Tribunal Superior de Bogotá en cabeza del magistrado Jorge Enrique Vallejo, no tardó en anular la sentencia recurriendo a una serie de artilugios jurídicos.

Con todo, la situación de la cárcel Modelo no es la más crítica; en otros sitios de reclusión del país como Villahermosa (Cali), el hacinamiento alcanza niveles alarmantes ya que ésta cuenta con 5855 internos, siendo su capacidad apenas para 1.667 hombres; lo mismo sucede en Bellavista (Medellín) donde están alojados 7461 reclusos en una cárcel diseñada para 2424 internos. Si a esto le sumamos el hecho que no dispone de una infraestructura adecuada, no está lejos el día en que las cárceles colombianas vivan una tragedia como la del mencionado penal de Comayagua. Por demás el hacinamiento favorece la propagación de epidemias y enfermedades contagiosas de manera tal que la salud constituye otro de los problemas estructurales que vive la población carcelaria, agudizado por la ausencia de personal médico especializado y la escasez de medicamentos3.

En una carta dirigida a la CIDH, uno de los voceros del Movimiento Nacional Carcelario (MNC), Tulio Ávila Murillo, denunciaba las condiciones inhumanas en que se encuentran las personas privadas de la libertad en Colombia y señalaba como “en un año han muerto más de 80 internos en total abandono, la mayoría por inasistencia médica, pero lo más grave es que todo queda en la absoluta impunidad […] la impotencia, la consternación y el dolor que se mezcla con la desesperanza, al ver como nuestros compañeros y compañeras de prisión, día a día se enferman y van muriendo lentamente como simples animales encerrados en los pabellones de la ignominia y la miseria, administrada por una institución que está corrompida por los jugosos negocios de los contratos[…]”  4

El hecho más reciente ocurrió el pasado 9 de abril en el centro penitenciario de “Picaleña” (Ibagué/Tolima), con la muerte, por falta de tratamiento médico oportuno, del preso político Juan Camilo Lizarazo quien desde varios meses atrás venía solicitando a las autoridades carcelarias atención médica urgente. Su caso se suma al de cientos de prisioneros políticos y de guerra que han muerto en las cárceles colombianas debido a la negligencia del Estado Colombiano y en abierta violación a las normas constitucionales que garantizan la protección del derecho a la vida.

Es aún más crítica la situación de las mujeres privadas de la libertad quienes sufren una vulnerabilidad especial, más aún cuando se encuentran en estado de embarazo o en condición de madres lactantes, pues los efectos negativos del encierro se extienden sobre la salud física y emocional de sus hijos, ya que estos centros de reclusión carecen de atención ginecológica, pediátrica y en general de personal especializado que atienda sus necesidades, así como de ambientes adecuados para la estancia de los menores. La amenaza de separación de sus hijos es un arma utilizada por las autoridades penitenciarias para lograr obediencia de las madres internas.

Cabe advertir sin embargo que no todos los internos e internas reciben el mismo trato: mientras a los prisioneros políticos se les retienen las órdenes de remisión para recibir atención médica especializada, en los pabellones de la llamada “parapolítica”, “justicia y paz”, donde conviven políticos nacionales, regionales y reconocidos narcotraficantes vinculados con delitos de corrupción, paramilitarismo y lesa humanidad, abundan los permisos para supuestas visitas médicas y odontológicas, que no reciben registro alguno, lo que les permite permanecer varios días por fuera del penal visitando familiares o realizando otro tipo de actividades. Esto para no hablar de las guarniciones militares, donde los oficiales detenidos disfrutan de todos los lujos y beneficios, que en un preso común sería impensable.

UN MODELO PERVERSO

El 9 de julio de 2001 el gobierno del entonces presidente Andrés Pastrana, colombiano, en cabeza de su ministro de Justicia, firmó un acuerdo de cooperación para el supuesto “mejoramiento del Sistema Penitenciario Colombiano”; el acuerdo, destinaba 4.5 millones de dólares para este programa, procedentes de los dineros del “Plan Colombia”, e incluía el asesoramiento técnico y material del Bureau Federal de Prisiones, para la adecuación de instalaciones penitenciarias y carcelarias, así como el entrenamiento de funcionarios del Inpec en escuelas e instalaciones dirigidas por instructores norteamericanos. Con base en estos acuerdos se orientó la construcción de 11 Nuevos Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional(“ERON”) 5

Una investigación adelantada por la Procuraduría General de la Nación en el 2008 puso en evidencia que estas instalaciones no garantizaban un ambiente digno para las personas privadas de la libertad: “No cuentan –señala el informe- con espacio para el consumo de alimentos, los espacios para movilización de sindicados son muy reducidos y sin acceso al aire libre; la altura del edificio limita la entrada de luz natural y ventilación, situación que se agravará en ciudades cuya temperatura alcanza o supera los 30 grados centígrados, y las dimensiones de las ventanas de las celdas de 20 cmts por 120 cmts, no garantizan iluminación ni ventilación suficiente, ni permite el uso de la luz natural en condiciones normales” 6.

Pese a estas flagrantes violaciones de los protocolos internacionales para el tratamiento de personas privadas de la libertad (asociados a actos de corrupción que a la fecha no han sido investigados) estos establecimientos fueron puestos en funcionamiento sin mayores modificaciones, descargando la responsabilidad sobre los reclusos y sus familiares que  no sólo han visto restringidas las visitas a sus seres queridos, sino que deben padecer los abusos sistemáticos cometidos por los guardias de turno acrecentando así la violación de los derechos fundamentales de los reclusos.

Resulta claro que la crisis humanitaria de las cárceles colombianas no se soluciona con la construcción de más sitios de reclusión, mucho menos con su privatización. Este modelo que ya se aplicó inicialmente en Estados Unidos y  se expandió a Europa (Inglaterra, Nueva Zelanda, Australia, Francia y Alemania), viene tomado fuerza en países del continente como Chile donde ya se ha implementado, arrojando un balance negativo para la impartición de justicia, ya que acorde con la lógica del mercado “Para aumentar las ganancias en el sector de la justicia penal esta industria necesita que se mantenga a más gente presa en el sistema por más tiempo” 7 .

El sociólogo francés Loïc Wacquant, en una interesante investigación sobre las políticas de seguridad de lo que él denomina “Estado Penitencia”, señala, -apoyado en una amplia información empírica- cómo la industria de prisiones se ha transformado en una  de las más prósperas de los Estados Unidos, siendo el tercer renglón generador de empleo en ese país. alrededor de este ramo se anuda una compleja red de actividades económicas y comerciales. De ello da cuenta la feria que anualmente realiza la Asociación Correccional Americana donde participan más de seiscientas cincuentas empresas ofertando una variedad de productos y servicios que cubre desde “’uniformes de extracción’ (para arrancar de sus celdas a los internos recalcitrantes)” y sistemas de celdas portátiles que pueden improvisarse en cualquier sitio de la ciudad, hasta sistemas de purificación de aire antituberculosis 8

COLECTIVOS DE PRESOS POLÍTICOS: “NO PEDIMOS PERMISO PARA SER LIBRES”

La prolongación del conflicto armado y social colombiano y, consustancial a él,  el incremento del número de presos(as) políticos(as) -que ya sobrepasa los diez mil- ha permitido que éstos hayan adquirido una larga tradición de organización y reivindicación de sus derechos en los centros de reclusión. Misma que han conservado y enriquecido de generación en generación, pero que los sucesivos gobiernos y la misma dirección del INPEC tratan de negar continuamente, recluyendo indiscriminadamente en un mismo pabellón a guerrilleros y paramilitares y creando así un clima de permanente tensión.

A lo anterior hay que sumar las continuas políticas del Estado colombiano por estimular la deserción, desmovilización y delación de los insurgentes a cambio de beneficios jurídicos. Labor que se hace más palpable en los penales donde, a través de presiones, engaños y ofertas económicas promovidas directamente desde el Ministerio del Interior y Justicia, se ha pretendido –casi siempre infructuosamente– que los rebeldes se acojan a los programas de “Justicia y Paz” (ley 975 de 2005)

Pese a estos obstáculos en los centros de reclusión colombianos encontramos colectivos de presos políticos ya consolidados con una estructura organizativa que -a diferencia de otros penales del continente- ha permitido no sólo visibilizar y dilucidar la crítica situación carcelaria sino que también ha logrado una cierta regulación de la vida interna de estos establecimientos, y organizar la lucha colectiva por mejoras en la atención sanitaria, la calidad de la alimentación, el respeto a las visitas, a través de jornadas de desobediencia civil.

Frente a la ausencia de programas de educación como instrumentos de capacitación y redención de pena y la prohibición de acceso de los internos a los talleres de trabajo, en los pabellones de alta seguridad,  los colectivos de presos políticos han asumido tareas educativas que contemplan desde labores de alfabetización, hasta la discusión sobre diferentes aspectos de la realidad nacional e internacional, actividades que mantienen en alto la moral de los presos en un ambiente donde el consumo de alucinógenos, el ocio y los juegos de azar se constituyen en la constante.

Los sindicados y condenados por delitos políticos son naturalizados como enemigos “per se” y con ellos sus colectivos, que permanentemente son desintegrados recurriendo al traslado masivo de prisioneros a las diferentes cárceles del país, alejándolos de sus núcleos familiares y sembrando terror psicológico para bloquear cualquier acción reivindicativa. Un ejemplo de esta situación es la que viven actualmente los prisioneros políticos de guerra Tulio Ávila Murillo (“Alonso”), José Marbel Zamora (“Chucho”) y Bernardo Mosquera (“Negro Antonio)  quienes han sido amenazados en su integridad física y personal, como consecuencia del liderazgo asumido en las jornadas de desobediencia pacífica que, desde algunos meses vienen adelantando millares de presos(as) políticos(as) por las condiciones inhumanas e indignantes que afrontan.

En numerosas ocasiones los presos políticos son recluidos en celdas de aislamiento (Unidades de Tratamiento Especial), privados de comunicación con el exterior y sin derecho a tomar el sol; así mismo son trasladados a centros penitenciarios que, como el de Valledupar, son considerados de alto castigo, alejándolos de su núcleo familiar y sometiéndolos al hostigamiento permanente del cuerpo de custodia. Esta situación no da cuenta de casos aislados sino  de la sistemática violación de los derechos humanos de que son objeto los internos en las cárceles colombianas.

Los atropellos contra la población carcelaria no han impedido la consolidación del Movimiento Nacional Carcelario (MNC) que, en el mes de abril ha desarrollado exitosamente Jornadas Nacionales de Desobediencia Carcelaria en treinta establecimientos reclusorios del país; como parte, también, de las luchas que adelantan en el campo y la ciudad las organizaciones campesinas, indígenas, cívicas y sindicales en favor de sus derechos, y que vienen allanando el camino para una movilización más amplia del pueblo colombiano hacia el afianzamiento de una solución política al conflicto armado y social que vive el país desde hace ya tantas décadas.
 

* Profesor Asociado Universidad Nacional de Colombia. Ex preso político.
1. Cfr. Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en las Américas. OEA, 2011.

2 Actualmente la dirección general del INPEC está a cargo del Brigadier General Gustavo Adolfo Ricaurte, quien anteriormente se había desempeñado como comandante Operativo de la Policía Metropolitana de Cali y Comandante de la Región No. 4 de Policía que agrupa los departamentos de Valle del Cauca, Cauca, Nariño y la ciudad de Santiago de Cali; a principios de este año se anunció su reemplazo por el coronel Gustavo Moreno pero en esos mismos días este oficial de la policía, ex agregado militar en Washington, se vio involucrado en la muerte de un supuesto fletero, en hechos que actualmente son investigados y que llevaron a confirmar al general Ricaurte en su cargo.

3 La actual crisis humanitaria en las cárceles no es un asunto coyuntural, ya la Corte Constitucional se había expresado en tal sentido al expresar en su sentencia T-153 de 1998 que “Las condiciones de vida en los penales colombianos vulneran evidentemente la dignidad de los penados y amenazan otros de sus derechos, tales como la vida y la integridad personal, su derecho a la familia, etc. Nadie se atrevería a decir que los establecimientos de reclusión cumplen con la labor de resocialización que se les ha encomendado. Por lo contrario, la situación descrita anteriormente tiende más bien a confirmar el lugar común acerca de que las cárceles son escuelas del crimen, generadoras de ocio, violencia y corrupción”.

4 Carta abierta de Tulio Murillo Ávila "Alonso" Prisionero Político y de Guerra Complejo Carcelario de Ibagué- Tolima. Agosto 28 de 2012 (ver: http://www.traspasalosmuros.net/node/1244)

5 Jamundí, Bogotá, Medellín, Ibagué y Guaduas, Puerto Triunfo, Florencia, Acacias, Yopal, Cartagena y Cúcuta, contemplando la expansión de 21169 de cupos penitenciarios y carcelarios.

6 Procuraduría General de la Nación. “Procurador advierte sobre fallas en diseños de nuevos centros de reclusión”. Boletín No. 210, 19 de mayo de 2008 7 Stephen Nathan. “Privatización de la prisión: Acontecimientos y Temas internacionales y sus implicaciones para América Latina” en Elías Carranza (coord.). Cárcel y Justicia Penal en América Latina y el Caribe. México: Siglo XXI, Ilanud, Raoul Wallenberg Institute, P. 292 8 Löic Wacquant. Las Cárceles de la Miseria. Buenos Aires: Manantial, 2004, p. 98

“TORPEDOS DE GUERRA” CONTRA LA PAZ….

“TORPEDOS DE GUERRA” CONTRA LA PAZ….

Miguel Ángel Beltrán V*

En una memorable columna, publicada en marzo de 1983, escribía el periodista Guillermo Cano, “Nos asisten legítimos temores de que, por acción o por omisión, estemos ante una o varias conspiraciones contra la paz que nos conduzcan inexorablemente a un nuevo y todavía más sangriento e irreversible enfrentamiento atroz y violento” (Torpedos de Guerra contra la Paz). Esto a propósito de las crecientescríticas que desde diferentes ángulos se venían planteando en rechazo a la amnistía promulgada por el gobierno de Belisario Betancur a los grupos guerrilleros, y cuestionandola tarea de paz que venía adelantando la Comisión de paz en su trabajo de acercamiento con la insurgencia armada.

Pocas semanas después el presidente de esta comisión, Otto Morales Benítez, presentaba al primer mandatario conservador, su renuncia irrevocable a dicho cargo. En uno de los apartes de la misiva, el ex ministro plasmaba una frase que posteriormente haría carrera: “Sé que aún le falta a su gobierno una tarea muy exigente. La más apremiante, es rechazar el escepticismo y a veces el pesimismo beligerante, que se apodera de todos. Y combatir contra los enemigos de la paz y de la rehabilitación, que están agazapados por fuera y por dentro del gobierno. Esas fuerzas reaccionarias en otras épocas lucharon, como hoy, con sutilezas contra la paz, y lograron torpedearla. Por ello nunca hemos salido de ese ambiente de zozobra colectiva”

Casi tres décadas después de escritas estas palabras, resulta inevitable traerlas a la mente cuando se escuchan las declaraciones de algunos ministros, ex presidentes, altos funcionarios del gobierno y miembros de las Fuerzas militares, entre otros, en relación al futuro de los diálogos de paz que se adelantan en La Habana (Cuba), y en alusión a lasrecientes acciones militares desarrolladas por las FARC, luego de levantar la tregua unilateral que declarara durantedos meses. Algunos han pedido con beligerancia que los diálogos se suspendan de inmediato, mientras que otros con cierta cautela -pero no por ello con menor inquina- han advertido “que las FARC podrían frustrar el proceso de paz”.

Y es que en Colombia cada vez que se habla de paz rugen los señores de la guerra.

Ahora bien, si al despuntar los años ochenta éstos actuabansolapadamente, hace ya mucho tiempo que actúan públicamente y se les puede ver a la luz del día: son los mismos que se han enriquecido con el negocio de la guerra; los que han desplazado a más de 5 millones y medio de campesinos para apropiarse de sus tierras; Los que han promovido y financiado los grupos paramilitares; los que han impedido que en Colombia se materialice una verdadera reforma agraria; los que se han lucrado con los dineros del narcotráfico; los que han ejecutado u ordenado la muerte de miles de líderes sociales y de la oposición para acallar sus justas reivindicaciones y mantener, así, los privilegios de una élite.

Pero beligerantes o  cautelosos; agazapados o públicos; de dentro o fuera del gobierno; los enemigos de la paz en Colombia han pretendido, con la ayuda incondicional de los medios de comunicación, hacer creer al país que las FARC ha sido la responsable del fracaso de los sucesivos procesos de paz en los que ha participado esta organización, durantelas tres últimas décadas. Sin embargo, basta una rápida mirada histórica para darnos cuenta de la falsedad de esta afirmación: Desde los acuerdos del Cese al Fuego, Tregua y Paz (1984) hasta la agenda pactada en la zona de despeje en el Caguán (1999), pasando por los diálogos realizados en Caracas y Tlaxcala (1992), ha sido el gobierno de turno quien de manera unilateral se ha levantado de la mesa.

Sin duda en su momento le faltó mayor claridad a las FARC para exigirle al gobierno del presidente Virgilio Barco, definiciones concretas sobre una tregua que se mantuvo en vilo durante mucho tiempo, y no esperar que éste declarara abiertamente su ruptura; o quizás le hizo falta alcanzarmejores consensos con los demás integrantes de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB) a la hora de plantear unificadamente sus puntos de vista en  la mesa de diálogo frente a los voceros de la administración del presidente César Gaviria; o ejercer un control más riguroso sobre los excesos de algunos jefes guerrilleros en el tratamiento a la población civil, en los cuatro años que permaneció la zona de despeje bajo la administración Pastrana. Pero ello no lleva a concluir que ha faltado voluntad política de esta organización armada en la búsqueda de una solución política al conflicto.

Contrario a ello, lo que se ha evidenciado en los gobiernos que han impulsado procesos de diálogo es una doble lógica:por un lado hablan de paz y, por el otro, promueven la guerra; no de otra manera se entiende el exterminio de laUnión Patriótica (UP), mientras estuvieron vigentes los acuerdos de cese al fuego, tregua y paz; o el bombardeo a Casa Verde simultáneamente con la votación de una nueva constituyente; o la expansión del paramilitarismo, la aplicación del “Plan Colombia” y la modernización de las Fuerzas Armadas mientras se adelantaban los diálogos en elCaguán. Sobra decir que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos no ha escapado a esta lógica: los reiterados bombardeos a campamentos guerrilleros, la extensión del fuero militar, la ampliación del pie de fuerza y el aumento del presupuesto militar, son algunas expresiones de este fenómeno.

La pretensión de derrotar a la insurgencia armada por la vía militar, para luego negociar su rendición, ha sido un componente común en las diferentes “estrategias de paz” ensayadas por los gobiernos de turno. De allí su inclinación a “dialogar en medio de la guerra “. Lo que resulta inconsistente en esta lógica perversa –que tantos costos humanos y económicos ha traído para el país- es que en este contexto las acciones militares de la guerrilla sean presentadas como “ataques contra el proceso de paz”. No quiere esto decir, que no sea deplorable la retención de policías por parte de las FARC, como lo es también la situación que viven miles de prisioneros políticos de guerra en las cárceles colombianas. Pero estos hechos constituyenexpresiones de un prolongado conflicto social y armado. Yprecisamente, allí radica la urgente necesidad de un acuerdo político que ponga fin al mismo.

La paz es un anhelo nacional de millones de compatriotasque, de una u otra forma, hemos padecido los costos de laguerra. En La Habana se ha abierto una puerta para la solución política definitiva del conflicto, no permitamos que los enemigos públicos o agazapados de la paz la cierren, para perpetuar una guerra que les ha rendido muchos dividendos a costa del dolor de generaciones enteras de colombianos y colombianas.

ENTREVISTA AL PROFESOR MIGUEL ÁNGEL BELTRÁN VILLEGAS

“El único inamovible sobre la mesa debe ser la superación definitiva del conflicto armado y social”

“Creo en el diálogo como una salida política al actual conflicto armado y social. El éxito del proceso de paz que se adelanta en este momento dependerá no sólo de los compromisos asumidos por las partes, sino también de la necesaria participación e impulso de amplios sectores de la sociedad colombiana”.

Luego del inicio de los diálogos entre el Gobierno y las FARC, Miguel Ángel Beltrán, profesor de la Universidad Nacional que permaneció dos años en la Cárcel Modelo, acusado de pertenecer a ese grupo guerrilero, habla sobre su proceso judicial, el conflicto armado y el proceso de negociación.

Por: Juan David Ortiz Franco

        Juanda2107@hotmail.com

Se hacía pasar por ‘Jaime Cienfuegos’, su nombre es Miguel Ángel Beltrán Villegas, profesor de sociología dedicado al terrorismo”. Esas fueron las palabras de Álvaro Uribe Vélez, entonces presidente de Colombia, durante un Consejo Comunitario de Gobierno en Leticia, el 23 de mayo de 2009.

Un día antes la DIJIN presentaba como miembro de las FARC a un hombre que llegaba deportado desde México; llevaba un tapabocas, un chaleco antibalas y una mochila. Miguel Ángel Beltrán tenía entonces 46 años, era profesor de la Universidad Nacional de Colombia y, de la estancia postdoctoral que cursaba en la Universidad Nacional Autónoma de México, pasó a estar recluido en una cárcel acusado de los delitos de rebelión y concierto para delinquir agravado.

Desde el pabellón de Alta Seguridad de la Cárcel Nacional Modelo escribió una carta a sus padres donde resume sus posturas y deja ver al hombre detrás de las ideas: “Mis queridos viejos, pueden sentirse felices de que su hijo esté hoy sentado en el estrado de los acusados no por asesino y corrupto, sino por defender los ideales de justicia y libertad que ustedes me inculcaron de niño y que llevo en mi corazón como el más preciado tesoro que me ha regalado la vida. Por eso, si este tribunal que hoy me juzga me llegase a condenar, asumiré con firmeza y dignidad su fallo, porque me anima la convicción de miles de hombres y mujeres que soñamos con otra Colombia posible”.

Pasadas las 6:30 de la tarde del martes 7 de junio de 2011, luego de dos años de reclusión, Miguel Ángel Beltrán salió de la Cárcel Modelo. En el grupo que lo esperaba estaban algunos de sus compañeros y estudiantes de la Universidad Nacional. Unos días antes, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Bogotá lo absolvió de los cargos que se le imputaban y ordenó su libertad.

En el momento de su captura, ¿qué representaba para el Gobierno colombiano hacer pública la imagen de un profesor universitario vinculado con las FARC?

Es importante aclarar que no se trató de una “captura”, sino de un secuestro que se realizó de manera bilateral entre Colombia y México, violando no sólo mis derechos fundamentales sino tratados internacionales, pues en ese momento me encontraba de manera legal en la ciudad de México, desarrollando una estancia posdoctoral por invitación del Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA) de la Universidad Nacional Autónoma de México y amparado por la figura de una comisión de estudios que me otorgó la Universidad Nacional de Colombia. El propósito del Gobierno en ese momento, era demostrar que las universidades públicas estaban siendo infiltradas por la guerrilla y de esta manera, tratar de deslegitimar las expresiones de oposición crítica a su política de seguridad democrática, haciéndolas ver como aliadas con el “terrorismo”.

Hay algo sobre su proceso de lo que muy poco se conoce. Tiene que ver con la forma en que evolucionaba su defensa antes de que la Corte Suprema de Justicia declarara la nulidad de las pruebas encontradas en los computadores de ‘Raúl Reyes’. ¿Qué ocurría con su proceso en ese momento?

Mi proceso judicial se encontraba en su fase final. Esto quiere decir que mi libertad no fue producto de esa acertada decisión de la Corte, sino de la valoración que hizo la juez de las “pruebas” presentadas durante los más de dos años en que se prolongó el juicio, tal como quedó claro en el fallo absolutorio. Entre muchas otras inconsistencias se decía, por ejemplo, que como parte de la Comisión Internacional de las FARC, me había reunido con integrantes de esta organización en Cuba, cuando jamás he viajado a este país como pudo corroborarse a través de mis registros migratorios. Pero no sólo eso, hubo también testimonios como el de un ciudadano mexicano, pagado por el DAS, que realizó seguimientos durante mi estancia en México y cuyo informe concluía que yo no tenía ningún nexo con las FARC. Aunque la juez se negó a admitir esta prueba por la imposibilidad de esta persona de hacer presencia física en el juicio, era claro que se trató de un montaje judicial en mi contra.

¿Cómo avanza su proceso disciplinario en la Procuraduría?

El proceso disciplinario iniciado por el actual procurador Alejandro Ordoñez sigue su camino utilizando precisamente las mismas pruebas que ya fueron superadas en el proceso judicial. Además de ello, la Procuraduría no brinda las garantías de objetividad y autonomía requeridas, pues a lo largo del juicio, la representante del Ministerio Público demostró su clara parcialidad en mi contra. Actualmente, la Procuraduría, en una abierta violación a la libertad de pensamiento y de cátedra, ha pedido a las directivas de la Universidad Nacional que informen sobre mi participación en conferencias, cursos, seminarios nacionales e internacionales, así como sobre mis artículos y ponencias publicadas o no.

¿Cuáles son sus condiciones de seguridad en este momento?

Son delicadas. Ha habido hostigamientos, seguimientos, hurtos en mi lugar de residencia e incluso he sido informado de un plan para asesinarme. La situación llegó a un punto crítico y, pese a mi decisión de continuar con mis clases e investigaciones en la Universidad, tuve que abandonar el país, y a la fecha, el Estado colombiano no ha podido brindarme las condiciones de seguridad para retornar.

¿Qué cambió en su vida de profesor universitario luego de ese proceso?

El contacto con mis estudiantes, mis colegas y, en general, con la dinámica universitaria para mí es fundamental. Desafortunadamente, ésta se ha visto sensiblemente afectada por mi imposibilidad de retornar a la Universidad, lo que me ha obligado a desarrollar mi actividad académica en otros espacios universitarios.

¿Existe en la universidad colombiana un ambiente propicio para la opinión?

Mi percepción es que los espacios de expresión en las universidades se han restringido notablemente. Por un lado, como consecuencia de los factores asociados con la agudización del conflicto armado y social (claro ejemplo de ello es el asesinato del sociólogo Alfredo Correa, por sus comprometidas investigaciones sobre desplazamiento forzado y, más  recientemente, el exilio académico del profesor Renán Vega, Premio Libertador al Pensamiento Crítico, quien tuvo que abandonar el país por amenazas contra su vida); pero por otro lado, también, debido al control que sobre ella ejerce una burocracia tecno académica, de corte autoritario, que pretende transformar la universidad obedeciendo a esquemas que no responden a las necesidades de nuestra sociedad; donde la agenda académica e investigativa está determinada, cada vez más, por las lógicas del mercado; donde la obtención de puntos salariares se impone sobre la producción de conocimiento y  donde la actividad gremial y sindical es sistemáticamente perseguida y estigmatizada.

¿Cuál podría ser el propósito de adelantar una persecución en contra de la academia y las universidades?

La universidad ha sido un espacio para el conocimiento independiente y para el ejercicio del pensamiento crítico, eso no es funcional para una visión hegemónica de sociedad, basada en la explotación y la inequidad social y que impone el mercado como principio rector.

¿Cuáles cree que son los principales problemas de la universidad colombiana?

Son muy variados, y considero que las movilizaciones universitarias de estos últimos años los han puesto claramente sobre el tapete. Para empezar, están las dificultades de hacer investigación  en medio de un conflicto interno que sacude al país y que han convertido el campus universitario en escenario de guerra: la creciente militarización de sus predios y las agresiones y amenazas contra los miembros de la comunidad universitaria son expresiones de este fenómeno. Está, también, el tema financiero en un país donde la inversión para la guerra crece día a día, mientras el presupuesto para la educación superior, en el mejor de los casos, se mantiene constante cuando no se recorta. A estos problemas se suman los de

una universidad cada vez más encerrada en sí misma, que ha perdido su responsabilidad social para ponerse al servicio de las élites y que busca homogeneizar el conocimiento, antes que reconocer la diversidad cultural e incorporar otros saberes populares y ancestrales. Las propuestas de reforma a la educación superior, de la mano con las políticas neoliberales, solo han contribuido a agudizar estos problemas, tratando de hacer una universidad “más competitiva” que asume la educación y la investigación como una mercancía.

Luego de su absolución, ¿qué opinión le merece el aparato judicial colombiano?

Si bien en el proceso que se me adelantó triunfó la justicia al ser absuelto de los delitos de rebelión y terrorismo, tras permanecer más de dos años privado de mi libertad, la opinión que me llevo es que estamos ante un aparato altamente politizado, donde permanentemente se violan las garantías procesales de los sindicados, se favorece a quienes tienen poder político y económico, y se estimula la autoincriminación del acusado.

¿Para qué sirve la discusión sobre el concepto de terrorismo?

El “terrorismo” como concepto ha perdido las connotaciones socio-históricas que tuvo en sus inicios, durante la segunda mitad del siglo XIX. Actualmente, y tras los ataques a las Torres Gemelas y al Pentágono, el gobierno de los Estados Unidos hizo de él un instrumento de persecución contra todos aquellos que disienten de las políticas imperiales y se oponen al pensamiento hegemónico. Política que fue seguida por otras naciones del mundo. En Colombia, ha servido para estigmatizar a la oposición política y social, desviando la responsabilidad del Estado y sus élites en la inequidad estructural.

¿Qué representan en la actualidad organizaciones insurgentes como las FARC y el ELN?

Son expresiones de resistencia política y social que han encontrado en la lucha armada el camino para hacer valer sus derechos políticos, económicos y sociales, ante la sistemática violación de los mismos por parte del Estado, y frente a un régimen político que ha impedido su participación en el juego democrático.

¿Hay terrorismo en Colombia?

Si de algún terrorismo se puede hablar en el país, es de un “terrorismo de Estado”, que ha recurrido a la utilización sistemática de la violencia, bien sea a través de sus aparatos represivos o sus grupos ilegales como los paramilitares, para perseguir y eliminar la oposición política y social. El exterminio perpetrado contra la Unión Patriótica, que en el lapso de 15 años segó la vida de más de 3 mil militantes, es una prueba fehaciente de esta política que ha mantenido a la población colombiana en un estado de permanente terror.

Entonces, para usted, en el caso colombiano, ¿el término terrorismo es válido exclusivamente para referirse a algunas actuaciones del Estado? ¿Los efectos que tienen origen en las acciones de la insurgencia son “daños colaterales”?

La discusión sobre el concepto de “terrorismo” nos remite al accionar de los populistas

rusos que, en la segunda mitad del siglo XIX, lo asumieron como arma política para enfrentar el autoritarismo del régimen zarista. En este sentido histórico y sociológico, la guerrilla colombiana, por su concepción política e ideológica, no puede calificarse como una organización terrorista. Ahora bien, si se entiende por “terrorismo” el hecho de que algunas de sus acciones afecten a la población civil o la infraestructura económica, yo diría que las insurgencia armada comete acciones que, desde este punto de vista, podrían ser calificadas de “terroristas”, pero que además de no obedecer a una política sistemática, ocurren en el contexto de un conflicto armado y social que se ha prolongado y escalonado en estas cuatro décadas. Diferente es la responsabilidad de un Estado que, teniendo el monopolio de las armas, utiliza la violencia de manera recurrente para amedrentar a la población y conseguir su obediencia. En este caso, estamos hablando claramente de un “terrorismo de Estado”, con rasgos similares a los que vivieron en su momento los países del Cono Sur bajo las dictaduras militares. Los mal llamados “falsos positivos”, que no son casos aislados, así como el estímulo y promoción de los grupos paramilitares, constituyen una expresión de esta política.

¿Es legítima la lucha armada en la actualidad?

Aunque los escenarios internacionales han variado sustancialmente, en relación con los

contextos que en su momento hicieron posible pensar en la lucha armada como una vía para desarrollar las transformación políticas y sociales de los pueblos, hay que tener en cuenta que, a diferencia de otras experiencias latinoamericanas, en Colombia las guerrillas no surgen como una decisión de un grupo de hombres que, estimulados por la triunfante Revolución Cubana, ven en la lucha armada revolucionaria la vía para acceder al poder, sino como respuesta a un conjunto de situaciones objetivas: políticas, económicas y sociales, que permiten entender sus orígenes históricos. Ahora bien, en la medida en que a lo largo de estas últimas cuatro décadas estas condiciones de exclusión política y económica se han mantenido y el “terrorismo de Estado” sigue siendo una constante, la lucha armada en Colombia mantiene su legitimidad. El hecho de que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos haya abierto una mesa de negociación con la insurgencia armada, en la que se pacta una agenda política, es de una u otra forma un reconocimiento de que las condiciones que la han alimentado siguen vigentes.

Si esas condiciones objetivas se mantienen, ¿se podría decir que Colombia es el mismo país de hace 40 años?

Eso no supone admitir que el país es el mismo de hace 40 años. Fenómenos como la urbanización, la expansión de la economía del narcotráfico que ha penetrado todos los poros de la sociedad colombiana, así como la implementación de las políticas neoliberales con sus nocivas consecuencias sociales, le ha dado al país otra fisonomía y, por lo mismo, ha puesto en el escenario nuevas expresiones de organización social. La misma insurgencia ha sufrido profundas transformaciones: las FARC que pactó la tregua bajo el gobierno del expresidente Betancur no es la misma que abrió los diálogos en la mesa de negociación de Oslo. Se observan cambios en su discurso y una apertura hacia otros sectores sociales. Sin embargo, hay elementos estructurales que se mantienen, no por casualidad uno de los primeros puntos de la agenda tiene que ver con el tema agrario que, lejos de resolverse en estos 40 años, se ha agudizado por el desplazamiento y el despojo del que ha sido objeto la población campesina por parte de los grupos paramilitares y los ejércitos privados del narcotráfico. Del mismo modo, y pese a los cambios que significó la Constitución de 1991, las garantías para la oposición política y social siguen siendo un objetivo por alcanzar en un país donde ocurren el 60% de los asesinatos a sindicalistas del mundo y donde, en el último lustro, han sido investigados por sus vínculos con los grupos paramilitares más de 200 congresistas de la República, para no hablar de los más de 3 mil militantes de la Unión Patriótica asesinados, crímenes que en su mayor parte se mantienen en la impunidad.

¿Cree en el proceso de paz que inician las FARC y el Gobierno Nacional?

Creo en el diálogo como una salida política al actual conflicto armado y social. El éxito del proceso de paz que se adelanta en este momento dependerá no sólo de los compromisos asumidos por las partes, sino también de la necesaria participación e impulso de amplios sectores de la sociedad colombiana, del amplio espectro de organizaciones sociales y políticas que puedan hacer realidad los profundos cambios económicos y sociales que requiere Colombia para poner fin a esta guerra que desangra al país.

Aunque ya se encuentran definidos, ¿cuáles cree que deberían ser los puntos básicos de discusión en el marco de ese proceso de negociación?

Considero que los cinco puntos que están contemplados en la agenda que se definió previamente son básicos para iniciar cualquier proceso de diálogo en el país. Es cierto que a diferencia de los diálogos que se llevaron a cabo en Tlaxcala y, posteriormente, en El Caguán, el tema económico no aparece enunciado de manera explícita. Es innegable que cuando se aborden los temas específicos de la agenda pactada, como el problema agrario, por ejemplo, necesariamente tendrá que plantearse una discusión sobre el modelo económico dominante.

En este proceso, es claro que hay inamovibles de parte y parte. ¿Cuáles son los inamovibles que usted pondría sobre la mesa?

A mi juicio el único inamovible sobre la mesa debe ser la superación definitiva del conflicto armado y social.

La Ley de Víctimas y la de Restitución de Tierras han representado, por lo menos, unos pasos en otra dirección por parte de Juan Manuel Santos. ¿Las considera suficientes?

La Ley de Víctimas y la de Restitución de Tierras constituyen un paso importante en el reconocimiento del conflicto interno que se desconoció durante el gobierno del expresidente Uribe. Sin embargo, son muchas sus limitaciones en términos no solo de la cobertura y las trabas burocráticas a la aplicación de las mismas, sino de la ausencia de garantías para la vida de los reclamantes. Una verdadera Ley de Víctimas y de Restitución  de Tierras pasa por el combate frontal a los grupos paramilitares y las organizaciones criminales que han sido responsables del despojo de más de 6 millones de hectáreas a los campesinos.    

Fuente: Revista Virtual DELAURBE No. 61. Periodismo universitario para la Ciudad. Palabras Propias. Págs.18-19.

Facultad de Comunicaciones Universidad de Antioquia., Octubre de 2012. Año 13.

http://delaurbe.udea.edu.co/wp-content/uploads/2012/11/DLU-edicion-61-baja.pdf