" ESTAS CUATRO PAREDES APRISIONAN MI CUERPO, PERO NO MI PENSAMIENTO"

MIGUEL ANGEL BELTRAN

lunes, 8 de julio de 2013

LOS FANTASMAS DE LA HABANA: ¿VIEJOS TEMAS?, RENOVADOS MIEDOS Miguel Ángel Beltrán V.[1]

En el nuevo ciclo de conversaciones para abordar el segundo punto sobre la participación política, los voceros de las FARC han presentado un paquete de diez propuestas que incluye, entre otras, la democratización del régimen político colombiano, garantías para el ejercicio de la oposición política y social, condiciones para la participación política y social de sectores sociales excluidos, así como la democratización de los medios de comunicación, las cuales se vienen sumar a otras iniciativas que han estado agitado en estos siete meses largos de iniciado el proceso y que incluyen desde la propuesta del cese bilateral del fuego, hasta la convocatoria de una Asamblea Nacional constituyente como mecanismo refrendario de los acuerdos, pasando por la regularización de la guerra y el aplazamiento de las elecciones.

Algunas propuestas han sido reivindicaciones históricas de las FARC que ahora son formuladas de una manera un tanto más realista, mientras que otras forman parte del acervo común de reivindicaciones que de tiempo atrás han venido configurando los partidos de izquierda, los movimientos sociales y amplios sectores del campo popular; no se trata de imposibles, mucho menos de cambios estructurales, no obstante su concreción ha sido aplazada por la aplicación sistemática del terrorismo de Estado que ha frenado cualquier posibilidad de transformación política y social. Pese a las fuertes reticencias del actual gobierno, hoy estas demandas vienen abriéndose espacio en los diálogos de La Habana, si bien a través de mecanismos muy limitados, que no garantizan todavía una activa participación de la sociedad en su conjunto.

Es cierto que cada vez gana mayor claridad entre la opinión pública la idea de que la terminación del conflicto armado y social colombiano y la “Construcción de una Paz estable duradera”, pasa por la solución de problemas que como el agrario y la secular exclusión política y social están presentes en los orígenes mismos de la actual confrontación armada que vive el país.  Sin embargo, son también numerosas las voces periodísticas y gubernamentales que atemorizadas por el fantasma del cambio, advierten que “no se puede permitir que las Farc comiencen a hacer política antes de la dejación de las armas”. Incluso algunos han ido más allá al sugerir que el Gobierno debe supeditar la continuidad de los diálogos a que las FARC retiren de la mesa estas exigencias.

Quienes desde sus columnas periodísticas califican de “delirantes” e “inaceptables” estas propuestas siguen siendo los apologistas de la fracasada política de “Seguridad Democrática”, cuyos estrechos esquemas mentales no les  permite comprender cómo el Estado colombiano se ha visto abocado a dialogar con un interlocutor armado al cual pretenden presentar como una organización derrotada militarmente, carente de base social y que ha hecho del terrorismo y el negocio del narcotráfico su principal actividad. Por eso no dudan en equiparar  –haciendo gala de una deliberada ignorancia histórica- la propuesta de “reestructuración democrática” del Estado con la “refundación” del mismo que acordaran en el 2001 algunos jefes paramilitares junto con senadores, representantes, concejales y alcaldes, a espaldas de la nación,  estos sí para beneficiar a una minoría privilegiada a través del terror armado.

Sin duda es necesario recordar que en los orígenes históricos de las FARC  están presentes las ricas tradiciones de movilización agraria y campesina, que con el tiempo han ido enriqueciéndose con la vinculación a ella de líderes provenientes de nuevos sectores sociales acosados por la violencia oficial y por la compleja imbricación de esta organización insurgente con otras expresiones del movimiento social.

Desde los acuerdos del “Cese al fuego, tregua y paz” pactados en La Uribe hasta la concreción de “una agenda común para el cambio hacia la nueva Colombia”, suscrita por el gobierno del ex presidente Pastrana, el tema de las reformas políticas, económicas y sociales han estado presente en el corazón mismo de los diálogos como vía para allanar el camino a la solución política al conflicto social y armado. Desde entonces no ha habido cambios sustanciales que permitan plantear que hoy la salida política pueda alcanzarse con la simple entrega de armas por parte de los guerrilleros y su participación en el juego electoral. Es claro que tampoco puede limitarse a un acuerdo suscrito entre el gobierno y el actor armado. Requiere sin duda de la participación efectiva de la sociedad en su conjunto, y en ese sentido propuestas como la realización de una Asamblea Nacional Constituyente cobran particular relevancia.

Por su parte, en el campo del gobierno las iniciativas de incremento presupuestal para las Fuerzas Armadas, la ampliación del fuero militar así como el proyecto de privatización del sistema carcelario y penitenciario, para no hablar de los nuevos derroteros que ha tomado su política internacional con su  abierto apoyo a la oposición desestabilizadora en Venezuela y su fallida pretensión de vincular a Colombia a la OTAN colocan el gobierno de Santos en un punto que lo aleja cada vez más de la solución política del conflicto. Actitud que resulta aún más preocupante, cuando precisamente se empieza a discutir los derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política en general y en particular para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del Acuerdo Final

La resistencia y el miedo histórico de las élites políticas y económicas del país para abrir las compuertas del cambio, por mínimos que éstos sean, ha llevado al país por los caminos del escalamiento de la confrontación armada: A Los “acuerdos de la Uribe”, los sectores militaristas respondieron con una cruenta guerra sucia, que con la connivencia de los gobiernos de turno, condujo al exterminio de la Unión Patriótica, quizás la experiencia popular más importante del último cuarto de siglo; por su parte los diálogos del Caguán corrieron paralelos con el fortalecimiento del proyecto paramilitar, el afianzamiento del “Plan Colombia” y la modernización de las Fuerzas Militares. Frustrando en uno y otro caso la oportunidad histórica de poner fin al conflicto armado y social.

Ciertamente, nada en la historia está predeterminado y lo deseable es que la mesa en la Habana, en lugar de cerrarse se abra cada vez más para dar cabida el amplio espectro del movimiento popular y social, incluyendo las otras organizaciones guerrilleras que actualmente no están en el proceso de diálogo.  
http://webiigg.sociales.uba.ar/conflictosocial/revista/09/sumario9.htm


[1] Profesor, Universidad Nacional de Colombia

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