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ENTREVISTA PROFESOR MIGUEL ANGEL BELTRAN

MIGUEL BELTRÁN, ABSUELTO Y EXILIADO, REFLEXIONA

http://www.elheraldo.co/revistas/latitud/entrevista/miguel-beltran-absuelto-y-exiliado-reflexiona-109186

Relata que fueron dos años detrás de los fríos barrotes de La Modelo en Bogotá, “muy duros”. El sociólogo de la Universidad Nacional admite además que su vida cambió.

El Miguel Ángel Beltrán de antes, entregado a su cátedra y al continuo proceso de retroalimentación académica con sus estudiantes de un momento a otro se truncó al ser convertido en el principal enemigo público de la Seguridad Democrática, por sus artículos, por disentir del discurso oficial, por su postura crítica.

Graduado en licenciatura en Ciencias de la Educación con especialidad en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital, y en Sociología de la Universidad Nacional de Colombia se dedicaba a la docencia en universidades del país y, antes de su detención en mayo de 2009, residía en México adelantando estudios de doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México.  El académico fue expulsado del país azteca en una operación conjunta con autoridades mexicanas y capturado al aterrizar en la capital colombiana.

Los argumentos de la Fiscalía y la Procuraduría para solicitar su condena se basaron en supuestas comunicaciones encontradas en computadores del excomandante guerrillero alias Raúl Reyes, muerto en un bombardeo en suelo ecuatoriano.

Beltrán Villegas fue acusado de rebelión y concierto para delinquir al ser señalado por las autoridades colombianas como ‘Jaime Cienfuegos’ y miembro del Frente Internacional de las Farc, acusaciones que fueron desvirtuadas al ser consideradas ilegales por la Corte Suprema de Justicia.

 Actualmente es investigado disciplinariamente por la Procuraduría, en cabeza del reelecto Alejandro Ordóñez, pero mantiene su cabeza en alto e investigando sobre su pasión: el conflicto, actual tema nacional en la mesa de diálogo de La Habana.

 Hoy reside temporalmente en Argentina dictando conferencias e investigando sobre las aportaciones del pensamiento latinoamericano en el campo de la sociología histórica, y las motivaciones que han llevado a un sector de la población colombiana a asumir el camino de las armas. Ahora, tomándose diariamente el segundo café más amargo de su vida, el del exilio, respondió a las siguientes inquietudes.

 ¿Por qué representaba una amenaza para el Estado?

 He reflexionado sobre eso mucho, no era tanto Miguel Ángel la persona sino lo que representaba, por un lado un sociólogo vinculado a la universidad pública durante el gobierno de Uribe, en el que la persecución fue muy fuerte contra la universidad, y hubo un afán de él, por la misma resistencia, por la expresión crítica que se dio, para castigar a la universidad, y la mejor forma fue presentar a un profesor como infiltrado de la guerrilla.

Cuando se dio la zona de despeje con Pastrana, y aprovechando que muchos pudieron ir al Caguán, fui y me entrevisté con Raúl Reyes para hacer un balance de lo que era el conflicto y las posibilidades que representaban los diálogos de paz. En México, donde hice mi maestría y doctorado, había una representación de las Farc reconocida por el gobierno, tenía su permiso, y pude tener una relación académica con ellos para conocer sus opiniones sobre la guerra, eso pesó en mi contra.

 Escribí varios artículos y los tomaron como pruebas de que pertenecía a las Farc. Hoy estoy absuelto pero el reelecto procurador Alejandro Ordóñez ha continuado con su abierta labor de persecución a la libertad de cátedra y pensamiento. Al punto que ha solicitado a los funcionarios de la Universidad Nacional que informen cuál ha sido mi participación, a partir de 2004, en congresos, seminarios, cursos, diplomados, encuentros, foros y otros eventos de orden académico que he realizado en el país o en el exterior, así como eventos y grupos de estudio en los que he participado. Todo ello con la anuencia de las directivas universitarias, que poco o nada han hecho, en este caso, por defender su autonomía universitaria.

 ¿Por qué salió del país?

 Fui informado de amenazas de muerte y un plan para asesinarme de una fuente fidedigna que me dio datos muy puntuales de cómo se iba a dar mi asesinato. Tengo familia, mi idea era continuar con la universidad, lo he hecho desde otros espacios, pero tuve que salir, no quería repetir lo que les ha pasado a otros académicos, el caso del profesor Correa De Andréis pesa mucho en esta historia. De hecho, familiares suyos entraron en contacto con los míos aconsejándome que me fuera apenas saliera libre porque temían que me ocurriera lo mismo.

¿Qué particularidades encuentra entre el caso del profesor Alfredo Correa De Andréis y el suyo?

 Se trata de dos hechos dolorosos que ilustran claramente la perversidad y el cinismo con el que actúa el Estado colombiano en su propósito de perseguir y criminalizar el pensamiento crítico. A Alfredo Correa lo asesinaron por su compromiso con los sectores populares y sus investigaciones socio-económicas en torno al desplazamiento forzado en la región del Atlántico, en las que había puesto al descubierto desviaciones indebidas de fondos del Plan Colombia, al mismo tiempo que denunciaba el despojo de tierras a cientos de campesinos en la población de Ciénaga.

 Además de ello, años atrás, como rector de la Universidad pública del Magdalena, se había opuesto a las reformas que apuntaban hacia su privatización. En mi caso, se utilizaron mis escritos sobre el conflicto social y armado colombiano, así como algunas reflexiones en torno al papel de los estudiantes y el cambio social, con el fin de adelantarme un proceso por el supuesto delito de rebelión. Tanto en una como en otra situación se evidenció la participación de los organismos de inteligencia del Estado, en la confección de pruebas falsas para inculpar a inocentes, y cuando esto quedó al descubierto, en el caso del profesor Correa se recurrió a su vil asesinato.

 A Correa De Andréis le clonaron testimonios de supuestos exguerrilleros para acusarlo, y contra usted contrataron a un agente en México para que lo siguiera y le ‘encontrara’ algo. ¿Es posible creer que los montajes hicieron parte de una política de Estado?

 Los montajes judiciales se incrementaron notablemente durante los ocho años de gobierno de Álvaro Uribe, sin embargo, esta política ha sido aplicada sistemáticamente por el Estado colombiano desde los tiempos del expresidente Turbay Ayala. Incluso en aquella época los militares tenían la potestad de juzgar a civiles, a través de los llamados ‘consejos verbales de guerra’, donde se violaban todas las garantías procesales de los sindicados.

 Hoy, las violaciones al debido proceso siguen al orden del día, y la existencia de un ‘cartel de testigos falsos’ es un elemento indicativo de lo que pasa en la justicia colombiana. La arbitraria detención del exdiputado Sigifredo López y la sentencia contra el profesor y líder social David Rabelo evidencian que en Colombia los montajes judiciales no son cosas del pasado, siguen siendo parte de una política de Estado.

 ¿Por qué en una democracia a personas como Correa De Andréis y a usted las señalaron prácticamente como enemigos del Estado?

Porque a pesar de que las élites gobernantes han pretendido proyectar internacionalmente la imagen de que Colombia es un país que cuenta supuestamente con una de las democracias más estables del continente, en realidad lo que ha aplicado desde hace varias décadas es una política de terrorismo de Estado, en la cual los opositores políticos y sociales son considerados enemigos internos, así que el caso del profesor Correa y el mío, que en su momento fueron presentados como resultados exitosos de la mal llamada política de Seguridad Democrática, no son únicos y se suman a los miles de colombianas y colombianos perseguidos, y hostigados por sus posturas críticas.

¿Qué opina de los puntos de la agenda pactada entre Gobierno y Farc?

 Son muy generales pero al analizarlos hay elementos que no son tan fáciles de resolver, el tema agrario es sustancial, siempre ha estado en los orígenes del conflicto armado y resolverlo es darle salida a la guerra. No es fácil, como el tema de la participación política que implica saber cuáles son las garantías que van a tener las Farc en caso de que decidan asumirse como organización política y hacer política legal implica requisitos que siempre ellos han planteado.

El tema del desmonte de los paramilitares es importante porque, creamos o no, a pesar del proceso de desmovilización sabemos que estos nuevos grupos denominados bacrim están muy ligadas con los anteriores, entonces, parte de esa negociación debe llevar a eso, a cuáles son las garantías y medidas que van a llevar realmente a garantizar la posibilidad de ejercer en espacios políticos en el campo legal, para que no se repita lo que ocurrió con la Unión Patriótica.

¿Cómo sobrevive usted en el exterior?

 La Universidad Nacional me otorgó una prórroga de un año a la comisión de estudios que se había interrumpido por mi secuestro en México. Cabe anotar que esto se logró gracias a la comprometida intervención de la representación profesoral, y a la presión nacional e internacional ejercida por los sindicatos de profesores. Mientras el Consejo Superior Universitario tomaba esta decisión, estuve con una licencia no remunerada y pude sobrevivir gracias a la solidaridad de mi familia, colegas, amigas y amigos de dentro y fuera del país. Esto me permitió darme cuenta de que –a diferencia de otros espacios académicos del mundo, donde el derecho a la vida prima sobre cualquier otra consideración– en Colombia, las universidades no ofrecen garantías para quienes investigamos temas relacionados con el conflicto armado, de manera tal que los costos son asumidos individualmente.

Son muchos los académicos que han tenido que enfrentar esta situación, es de resaltar el caso reciente del profesor Renán Vega, que a pesar de las múltiples amenazas recibidas, las directivas de la Universidad Pedagógica se niegan a concederle una permiso para que pueda resguardar su integridad personal. Esto, sin duda, es una forma de censurar su trabajo investigativo.

 ¿Qué tan compleja es la cotidianidad de un exiliado?

 La condición de exilio supone una ruptura con la cotidianidad; una separación brusca del círculo familiar, de los amigos y un aislamiento también del contexto laboral y cultural del país. La inserción en un medio social diferente no es una labor fácil. Lo sorprendente es que después de tantas generaciones de mujeres y hombres, perseguidos políticos en Colombia, que se han visto forzados(as) a salir del país a causa del conflicto armado, al día de hoy el Estado y en ocasiones la misma sociedad no reconocen esa realidad y mucho menos el gran drama humano individual y colectivo que conlleva el exilio. Peor aún, muchos consideran que se trata de una condición de privilegio.

Por Óscar López Lobo

Especial para EL HERALDO
Buenos Aires, Argentina

LA LEY DE LOS NULE, LA LEY DEL EMBUDO

Miguel Ángel Beltrán Villegas
Rebelión

 “Para este caso el señor juez ha considerado que asistir a la primera comunión de su hijo Felipe Nule, es un acto trascendental para el interno, y al Inpec lo que le corresponde es cumplir con la orden del señor juez”. Con estas palabras el general Gustavo Adolfo Ricaurte justificó ante los medios de comunicación su decisión de permitir la salida de la cárcel del empresario Manuel Nule, recluido en La Penitenciaría La Picota de Bogotá, con el fin de participar en la ceremonia de primera comunión de su hijo en Cartagena. Un viaje que costó cinco millones de pesos (unos 2.700 dólares) y que pagaremos los contribuyentes colombianos.

 En esta ocasión el interno no tuvo que recurrir a tutelas, ni a jornadas de desobediencia civil, mucho menos a extenuantes huelgas de hambre. El juez 38 penal del circuito de Bogotá obró en derecho; eso sí, en su argumentación jurídica no adujo -como suele hacerse cuando se trata de un “preso común”- “que el traslado no constituye un derecho fundamental para el recluso y que apenas tiene la calidad de derecho legal, por lo que solamente puede hacerse efectivo cuando se observa la totalidad de los requisitos que exige la ley penitenciaria y carcelaria para lograr su efectividad”. Sin duda para el honorable servidor de la justicia que autorizó el permiso y para la ley penitenciaria y carcelaria que se aplica en Colombia el señor Manuel Nule cumple a

cabalidad con los requisitos que le hacen merecedor de dicho permiso: próspero empresario, acostumbrado a una vida de lujos, asiduo visitante de los mejores hoteles del mundo y emparentado con reconocidos políticos de la Costa que han ejercido cargos de representación nacional y regional, seguramente en estrechos vínculos con jefes paramilitares.

 Pero no sólo sorprende la rigurosidad con que el mencionado juez se ciñe a la ley, sino la celeridad con que los funcionarios de esta institución acataron la decisión judicial. Esta vez, brillaron por su ausencia los reiterados argumentos sobre la inexistencia de recursos presupuestales para el traslado de presos; menos aún, se atrevieron a decir –como suele hacerse cuando se trata de un preso común- “que la separación o afectación que hubiere sufrido el núcleo familiar del recluso en mención, tuvo su origen en circunstancias no atribuibles al INPEC, pues como es claro, la misma se dio con ocasión del comportamiento contrario a la normatividad penal desplegado por el interno, toda vez que al incurrir en conductas punibles, implícitamente propició ése alejamiento”. Seguramente consideran los impartidores de justicia y los administradores penitenciarios que el robo a centenares de familias de bajos recursos; la evasión de impuestos al Estado; el peculado y el robo de 250 millones de dólares al erario público en el llamado “carrusel de la contratación”, son delitos de poca monta, frente al “peligro” que representan para la sociedad los jóvenes desempleados de los estratos populares que recurren al hurto, el tráfico de estupefacientes y el crimen organizado para sobrevivir a las políticas neoliberales del capitalismo salvaje que los condena a la miseria. Ya uno de los hermanos Nule–Guido-obtuvo acercamiento familiar y ahora disfruta de otro cómodo sitio de reclusión en Barranquilla. Y aunque el general Ricaurte pretenda hacer creer a la opinión pública que esta es una política que se aplica indiscriminadamente a todos los reclusos, es otra la realidad que se vive en los centros penitenciarios. Ancianas, y madres con niños menores de edad, o de brazos, tienen que realizar largos viajes por la geografía nacional, para poder ver a sus hijos, padres o hermanos cuatro horas (o menos, si se tienen en cuenta las largas filas que deben hacer) y luego esperar un año o más para emprender un nuevo viaje de visita. Quienes no pueden realizar el esfuerzo económico que estos encuentros supone, terminan con sus familiares presos prácticamente abandonados y sumidos en una profunda desesperanza y frustración psicológica que los sumerge, aún más, en el mundo delincuencial.

 No hay cuadro más doloroso que el de un preso que ha perdido a uno de sus seres queridos. En estas situaciones invariablemente las directivas de la cárcel niegan a los internos el permiso para asistir al sepelio. Con suerte, éstos pueden obtener autorización para que despidan el cadáver de sus allegados desde las rejas del penal. Esto siempre y cuando sus dolientes logren juntar los recursos necesarios para pagar el trayecto adicional que supone el desplazamiento del cortejo fúnebre al centro de reclusión. De lo contrario tendrán que resignarse a recordar las últimas imágenes retenidas en su cerebro.

 Ni qué decir cuando se trata de presos políticos y prisioneros de guerra. Para ellos (Y ellas) no existen “consideraciones humanitarias”. Las violaciones a sus derechos empiezan con la afectación misma al “debido proceso”. Algunos prisioneros –como en el caso de José Marbel Zamora (“Chucho”)- se le ha obligado a asistir a audiencias virtuales, menoscabando sus garantías procesales y negándole la posibilidad de acercamiento familiar en Bogotá, pese a tener un bebé en etapa de lactancia. De esta manera castiga el INPEC a quienes ejercen un liderazgo en la lucha por los derechos fundamentales en las cárceles. Ni siquiera cuando está de por medio la vida de un preso político, las directivas del INPEC facilitan la salida o el traslado de un interno. Por lo que esta institución es directa responsable de los más de ochenta muertos que han fallecido en el transcurso de un año por falta de asistencia médica. Él último de ellos, Juan Camilo Lizarazo, permaneció cerca de seis meses con su cuerpo semiparalizado, con graves limitaciones para hablar y comer, antes que fuera autorizada su remisión a un centro hospitalario, donde finalmente falleció debido a la negligencia de las autoridades penitenciarias; porque en Colombia es más fácil que atiendan un resfrío de los Nules, que el cáncer de un preso político que ha alzado su grito de rebeldía contra estas profundas injusticias. Con razón decía el carismático líder del M-19, Jaime Bateman Cayón, en entrevista concedida a la periodista Patricia Lara: “Eso es lo que pasa siempre a la gente que está más jodida en este país: [La ley del Embudo] lo angosto siempre es pa' ella y lo ancho es pa' los otros...”

COLOMBIA: CÁRCELES DE LA MISERIA Y MISERIA DE LAS CÁRCELES

COLOMBIA: CÁRCELES DE LA MISERIA Y MISERIA DE LAS CÁRCELES

Miguel Ángel Beltrán V.*

“Suele decirse que nadie conoce realmente cómo es una nación

hasta haber estado en una de sus cárceles. Una nación no debe

ser juzgada por el modo en que trata a sus ciudadanos de alto rango,

sino por la manera en la que trata a los de más bajo”

El Largo Camino Hacia la Libertad

Nelson Mandela

“Nunca había visto por dentro esa horrible cárcel que en años posteriores me fue tan familiar. Después de caminar por oscuros pasadizos y de subir y bajar mugrientas escaleras nos encontramos en un largo salón cuyo techo tocábamos con las manos. Triste luz crepuscular hacía más horrendo aquel antro fétido, húmedo, negro. Apoyé mis manos en la pared y las retiré asombrado: esputos sanguinolentos decoraban las paredes […] Había ahí leprosos, tísicos, sarnosos, cojos, mancos, tuertos, ciegos, sordos, mudos, paralíticos, llagados, sifilíticos, jorobados, idiotas, un espantoso depósito de carne enferma que chorreaba pus y mugre. Los tuberculosos tosían. Las moscas zumbaban. Un vapor espeso y fétido mareaba a los más fuertes. Los nervios se aflojaban en aquella antesala de la muerte […].

Este testimonio del anarquista mexicano Ricardo Flores Magón, narra sus primeras vivencias en una prisión, cuando siendo estudiante de la Escuela Nacional Preparatoria fue detenido en 1892, por participar en un movimiento de oposición a la reelección del dictador Porfirio Díaz. Desde entonces, buena parte de su vida pasaría en centros penitenciarios tanto nacionales como extranjeros, donde finalmente lo sorprendió la muerte en 1922, poco después de rechazar el indulto que le ofreciera el gobierno de los Estados Unidos, en una de cuyas cárceles purgaba una pena de 20 años.

Si nos atuviéramos a los principios para la protección de las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión adoptados por la Asamblea General de Naciones Unidas cuya resolución 43/173 del 9 de diciembre de 1988   garantiza  que “Toda persona sometida a cualquier forma de detención o prisión será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”, no vacilaríamos en afirmar que las situaciones descritas por el revolucionario Magón, hace ya 120 años, hacen parte de un pasado remoto.

Sin embargo, nada más lejano a la realidad; la existencia de prisiones, como las que mantuvo Estados Unidos hasta hace un tiempo en los territorios ocupados de Iraq y Afganistán y la que actualmente conserva en la ilegal base naval de Guantánamo (Cuba), donde bajo el pretexto de la lucha contra el terrorismo retiene a más de un centenar de prisioneros incomunicados, sin garantías procesales ni judiciales y sometidos a las más crueles torturas y tratos degradantes e inhumanos, es una muestra fehaciente de la función que siguen cumpliendo las cárceles como instrumento de  represión política y control social.

SISTEMA PENITENCIARIO COLOMBIANO: ENTRE LA PENALIDAD NEOLIBERAL Y EL TERRORISMO DE ESTADO

Recientes episodios como los acaecidos en un penal de Comayagua (Honduras) donde cerca de 400 prisioneros murieron calcinados; o los  hechos de violencia que cobraron la vida de 58 personas en la prisión de Uribania (Estado de Lara/Venezuela); o en el centro penitenciario de Apodaca (Nuevo León/México), donde en complicidad con la guardia 30 miembros de los zetas protagonizaron una fuga, dejando a su paso 44 internos masacrados; indican un patrón recurrente de violencia, que parece darle la razón a Harold Thompson: “Las prisiones –decía este anarquista norteamericano que permaneció los últimos treinta años de su vida en la cárcel- son instituciones diseñadas para enseñar lecciones de violencia a través del abuso hacia aquellos confinados en ellas”.

Aunque el sistema penitenciario en las sociedades modernas se plantea como un espacio para reformar al infractor e impedir la repetición del acto antisocial (“resocialización”), en la práctica funciona por excelencia como aparato punitivo del Estado que hace primar, sobre cualquier principio humanista, los criterios de venganza permitiendo además resguardar el sacrosanto principio de la propiedad privada, convirtiéndose en un camino corto para dar salida -por la vía de la criminalización de la pobreza- a los agudos problemas sociales inherentes al capitalismo: “La indigencia, desempleo, drogadicción, enfermedad mental y analfabetismo –escribe Angela Davis- son sólo algunos de los problemas que desaparecen del escenario público cuando los seres humanos que contienden con ellos son relegados a jaulas”

En este sentido la realidad carcelaria colombiana guarda similitudes con la de otros centros penitenciarios del continente. Por eso no sorprende que el hacinamiento, la corrupción, la privación de servicios básicos como el agua potable y la luz, la alimentación precaria, la ausencia de atención médica y de condiciones dignas para los internos, estén allí al orden día. Con razón anota la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que uno de los sectores  de la población más desprotegidos y con mayor vulnerabilidad en América Latina son las personas privadas de la libertad .

Pero si bien las cárceles del país comparten patrones más o menos similares con las del resto del continente, en Colombia la crisis carcelaria está inmersa en las complejas dinámicas de un conflicto armado y social que sacude al país desde hace más de medio siglo; y no escapa a la acción criminal de un aparato estatal que históricamente ha recurrido al uso sistemático de la violencia para acallar la oposición política y social y silenciar las expresiones del pensamiento crítico. De este modo, el sistema penitenciario colombiano cumple un importante papel como  instrumento jurídico para la desarticulación de las organizaciones sociales, y el silenciamiento de la protesta social.

La presencia de oficiales activos de la policía, en la dirección del sistema nacional penitenciario y carcelario (INPEC)2 , y en algunos centros de reclusión, así como la existencia de cuerpos especializados entre ellos el Grupo de Reacción Inmediata (GRI) y el  Comando Operativo de Remisiones de Especial Seguridad (CORES) que cumplen funciones represivas más allá de las que les corresponde como cuerpo de custodia y vigilancia hacen parte de esta estrategia, en consonancia con una justicia parcializada que ofrece privilegios a los que tienen poder y se muestra ejemplarizante con quienes carecen de él.

LAS CÁRCEL NO ELIMINA LOS PROBLEMAS SOCIALES PERO SI LOS SERES HUMANOS

Según cifras del mismo Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) actualmente hay 114.772 internos cuando el cupo es para 75 mil, lo que coloca de presente graves problemas de hacinamiento. Recientemente la juez 56 penal del circuito ordenó suspender el traslado de más presos a la cárcel Modelo de Bogotá, un centro de reclusión que, de acuerdo con las cifras del mismo INPEC cuenta con 7230 reclusos pese a que su capacidad es de 2850 internos, lo que significa una sobrepoblación del 153%, cifra que supera con creces los niveles de sobrepoblación crítica establecidos por los estándares internacionales en el 20%.

El informe que avala la decisión judicial en primera instancia puso de presente que muchos internos tienen que dormir amontonados en los corredores, escaleras o espacios destinados a actividades colectivas, comer con las manos y lavar platos en los orinales. Pese a la contundencia de estos hechos el Tribunal Superior de Bogotá en cabeza del magistrado Jorge Enrique Vallejo, no tardó en anular la sentencia recurriendo a una serie de artilugios jurídicos.

Con todo, la situación de la cárcel Modelo no es la más crítica; en otros sitios de reclusión del país como Villahermosa (Cali), el hacinamiento alcanza niveles alarmantes ya que ésta cuenta con 5855 internos, siendo su capacidad apenas para 1.667 hombres; lo mismo sucede en Bellavista (Medellín) donde están alojados 7461 reclusos en una cárcel diseñada para 2424 internos. Si a esto le sumamos el hecho que no dispone de una infraestructura adecuada, no está lejos el día en que las cárceles colombianas vivan una tragedia como la del mencionado penal de Comayagua. Por demás el hacinamiento favorece la propagación de epidemias y enfermedades contagiosas de manera tal que la salud constituye otro de los problemas estructurales que vive la población carcelaria, agudizado por la ausencia de personal médico especializado y la escasez de medicamentos3.

En una carta dirigida a la CIDH, uno de los voceros del Movimiento Nacional Carcelario (MNC), Tulio Ávila Murillo, denunciaba las condiciones inhumanas en que se encuentran las personas privadas de la libertad en Colombia y señalaba como “en un año han muerto más de 80 internos en total abandono, la mayoría por inasistencia médica, pero lo más grave es que todo queda en la absoluta impunidad […] la impotencia, la consternación y el dolor que se mezcla con la desesperanza, al ver como nuestros compañeros y compañeras de prisión, día a día se enferman y van muriendo lentamente como simples animales encerrados en los pabellones de la ignominia y la miseria, administrada por una institución que está corrompida por los jugosos negocios de los contratos[…]”  4

El hecho más reciente ocurrió el pasado 9 de abril en el centro penitenciario de “Picaleña” (Ibagué/Tolima), con la muerte, por falta de tratamiento médico oportuno, del preso político Juan Camilo Lizarazo quien desde varios meses atrás venía solicitando a las autoridades carcelarias atención médica urgente. Su caso se suma al de cientos de prisioneros políticos y de guerra que han muerto en las cárceles colombianas debido a la negligencia del Estado Colombiano y en abierta violación a las normas constitucionales que garantizan la protección del derecho a la vida.

Es aún más crítica la situación de las mujeres privadas de la libertad quienes sufren una vulnerabilidad especial, más aún cuando se encuentran en estado de embarazo o en condición de madres lactantes, pues los efectos negativos del encierro se extienden sobre la salud física y emocional de sus hijos, ya que estos centros de reclusión carecen de atención ginecológica, pediátrica y en general de personal especializado que atienda sus necesidades, así como de ambientes adecuados para la estancia de los menores. La amenaza de separación de sus hijos es un arma utilizada por las autoridades penitenciarias para lograr obediencia de las madres internas.

Cabe advertir sin embargo que no todos los internos e internas reciben el mismo trato: mientras a los prisioneros políticos se les retienen las órdenes de remisión para recibir atención médica especializada, en los pabellones de la llamada “parapolítica”, “justicia y paz”, donde conviven políticos nacionales, regionales y reconocidos narcotraficantes vinculados con delitos de corrupción, paramilitarismo y lesa humanidad, abundan los permisos para supuestas visitas médicas y odontológicas, que no reciben registro alguno, lo que les permite permanecer varios días por fuera del penal visitando familiares o realizando otro tipo de actividades. Esto para no hablar de las guarniciones militares, donde los oficiales detenidos disfrutan de todos los lujos y beneficios, que en un preso común sería impensable.

UN MODELO PERVERSO

El 9 de julio de 2001 el gobierno del entonces presidente Andrés Pastrana, colombiano, en cabeza de su ministro de Justicia, firmó un acuerdo de cooperación para el supuesto “mejoramiento del Sistema Penitenciario Colombiano”; el acuerdo, destinaba 4.5 millones de dólares para este programa, procedentes de los dineros del “Plan Colombia”, e incluía el asesoramiento técnico y material del Bureau Federal de Prisiones, para la adecuación de instalaciones penitenciarias y carcelarias, así como el entrenamiento de funcionarios del Inpec en escuelas e instalaciones dirigidas por instructores norteamericanos. Con base en estos acuerdos se orientó la construcción de 11 Nuevos Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional(“ERON”) 5

Una investigación adelantada por la Procuraduría General de la Nación en el 2008 puso en evidencia que estas instalaciones no garantizaban un ambiente digno para las personas privadas de la libertad: “No cuentan –señala el informe- con espacio para el consumo de alimentos, los espacios para movilización de sindicados son muy reducidos y sin acceso al aire libre; la altura del edificio limita la entrada de luz natural y ventilación, situación que se agravará en ciudades cuya temperatura alcanza o supera los 30 grados centígrados, y las dimensiones de las ventanas de las celdas de 20 cmts por 120 cmts, no garantizan iluminación ni ventilación suficiente, ni permite el uso de la luz natural en condiciones normales” 6.

Pese a estas flagrantes violaciones de los protocolos internacionales para el tratamiento de personas privadas de la libertad (asociados a actos de corrupción que a la fecha no han sido investigados) estos establecimientos fueron puestos en funcionamiento sin mayores modificaciones, descargando la responsabilidad sobre los reclusos y sus familiares que  no sólo han visto restringidas las visitas a sus seres queridos, sino que deben padecer los abusos sistemáticos cometidos por los guardias de turno acrecentando así la violación de los derechos fundamentales de los reclusos.

Resulta claro que la crisis humanitaria de las cárceles colombianas no se soluciona con la construcción de más sitios de reclusión, mucho menos con su privatización. Este modelo que ya se aplicó inicialmente en Estados Unidos y  se expandió a Europa (Inglaterra, Nueva Zelanda, Australia, Francia y Alemania), viene tomado fuerza en países del continente como Chile donde ya se ha implementado, arrojando un balance negativo para la impartición de justicia, ya que acorde con la lógica del mercado “Para aumentar las ganancias en el sector de la justicia penal esta industria necesita que se mantenga a más gente presa en el sistema por más tiempo” 7 .

El sociólogo francés Loïc Wacquant, en una interesante investigación sobre las políticas de seguridad de lo que él denomina “Estado Penitencia”, señala, -apoyado en una amplia información empírica- cómo la industria de prisiones se ha transformado en una  de las más prósperas de los Estados Unidos, siendo el tercer renglón generador de empleo en ese país. alrededor de este ramo se anuda una compleja red de actividades económicas y comerciales. De ello da cuenta la feria que anualmente realiza la Asociación Correccional Americana donde participan más de seiscientas cincuentas empresas ofertando una variedad de productos y servicios que cubre desde “’uniformes de extracción’ (para arrancar de sus celdas a los internos recalcitrantes)” y sistemas de celdas portátiles que pueden improvisarse en cualquier sitio de la ciudad, hasta sistemas de purificación de aire antituberculosis 8

COLECTIVOS DE PRESOS POLÍTICOS: “NO PEDIMOS PERMISO PARA SER LIBRES”

La prolongación del conflicto armado y social colombiano y, consustancial a él,  el incremento del número de presos(as) políticos(as) -que ya sobrepasa los diez mil- ha permitido que éstos hayan adquirido una larga tradición de organización y reivindicación de sus derechos en los centros de reclusión. Misma que han conservado y enriquecido de generación en generación, pero que los sucesivos gobiernos y la misma dirección del INPEC tratan de negar continuamente, recluyendo indiscriminadamente en un mismo pabellón a guerrilleros y paramilitares y creando así un clima de permanente tensión.

A lo anterior hay que sumar las continuas políticas del Estado colombiano por estimular la deserción, desmovilización y delación de los insurgentes a cambio de beneficios jurídicos. Labor que se hace más palpable en los penales donde, a través de presiones, engaños y ofertas económicas promovidas directamente desde el Ministerio del Interior y Justicia, se ha pretendido –casi siempre infructuosamente– que los rebeldes se acojan a los programas de “Justicia y Paz” (ley 975 de 2005)

Pese a estos obstáculos en los centros de reclusión colombianos encontramos colectivos de presos políticos ya consolidados con una estructura organizativa que -a diferencia de otros penales del continente- ha permitido no sólo visibilizar y dilucidar la crítica situación carcelaria sino que también ha logrado una cierta regulación de la vida interna de estos establecimientos, y organizar la lucha colectiva por mejoras en la atención sanitaria, la calidad de la alimentación, el respeto a las visitas, a través de jornadas de desobediencia civil.

Frente a la ausencia de programas de educación como instrumentos de capacitación y redención de pena y la prohibición de acceso de los internos a los talleres de trabajo, en los pabellones de alta seguridad,  los colectivos de presos políticos han asumido tareas educativas que contemplan desde labores de alfabetización, hasta la discusión sobre diferentes aspectos de la realidad nacional e internacional, actividades que mantienen en alto la moral de los presos en un ambiente donde el consumo de alucinógenos, el ocio y los juegos de azar se constituyen en la constante.

Los sindicados y condenados por delitos políticos son naturalizados como enemigos “per se” y con ellos sus colectivos, que permanentemente son desintegrados recurriendo al traslado masivo de prisioneros a las diferentes cárceles del país, alejándolos de sus núcleos familiares y sembrando terror psicológico para bloquear cualquier acción reivindicativa. Un ejemplo de esta situación es la que viven actualmente los prisioneros políticos de guerra Tulio Ávila Murillo (“Alonso”), José Marbel Zamora (“Chucho”) y Bernardo Mosquera (“Negro Antonio)  quienes han sido amenazados en su integridad física y personal, como consecuencia del liderazgo asumido en las jornadas de desobediencia pacífica que, desde algunos meses vienen adelantando millares de presos(as) políticos(as) por las condiciones inhumanas e indignantes que afrontan.

En numerosas ocasiones los presos políticos son recluidos en celdas de aislamiento (Unidades de Tratamiento Especial), privados de comunicación con el exterior y sin derecho a tomar el sol; así mismo son trasladados a centros penitenciarios que, como el de Valledupar, son considerados de alto castigo, alejándolos de su núcleo familiar y sometiéndolos al hostigamiento permanente del cuerpo de custodia. Esta situación no da cuenta de casos aislados sino  de la sistemática violación de los derechos humanos de que son objeto los internos en las cárceles colombianas.

Los atropellos contra la población carcelaria no han impedido la consolidación del Movimiento Nacional Carcelario (MNC) que, en el mes de abril ha desarrollado exitosamente Jornadas Nacionales de Desobediencia Carcelaria en treinta establecimientos reclusorios del país; como parte, también, de las luchas que adelantan en el campo y la ciudad las organizaciones campesinas, indígenas, cívicas y sindicales en favor de sus derechos, y que vienen allanando el camino para una movilización más amplia del pueblo colombiano hacia el afianzamiento de una solución política al conflicto armado y social que vive el país desde hace ya tantas décadas.
 

* Profesor Asociado Universidad Nacional de Colombia. Ex preso político.
1. Cfr. Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en las Américas. OEA, 2011.

2 Actualmente la dirección general del INPEC está a cargo del Brigadier General Gustavo Adolfo Ricaurte, quien anteriormente se había desempeñado como comandante Operativo de la Policía Metropolitana de Cali y Comandante de la Región No. 4 de Policía que agrupa los departamentos de Valle del Cauca, Cauca, Nariño y la ciudad de Santiago de Cali; a principios de este año se anunció su reemplazo por el coronel Gustavo Moreno pero en esos mismos días este oficial de la policía, ex agregado militar en Washington, se vio involucrado en la muerte de un supuesto fletero, en hechos que actualmente son investigados y que llevaron a confirmar al general Ricaurte en su cargo.

3 La actual crisis humanitaria en las cárceles no es un asunto coyuntural, ya la Corte Constitucional se había expresado en tal sentido al expresar en su sentencia T-153 de 1998 que “Las condiciones de vida en los penales colombianos vulneran evidentemente la dignidad de los penados y amenazan otros de sus derechos, tales como la vida y la integridad personal, su derecho a la familia, etc. Nadie se atrevería a decir que los establecimientos de reclusión cumplen con la labor de resocialización que se les ha encomendado. Por lo contrario, la situación descrita anteriormente tiende más bien a confirmar el lugar común acerca de que las cárceles son escuelas del crimen, generadoras de ocio, violencia y corrupción”.

4 Carta abierta de Tulio Murillo Ávila "Alonso" Prisionero Político y de Guerra Complejo Carcelario de Ibagué- Tolima. Agosto 28 de 2012 (ver: http://www.traspasalosmuros.net/node/1244)

5 Jamundí, Bogotá, Medellín, Ibagué y Guaduas, Puerto Triunfo, Florencia, Acacias, Yopal, Cartagena y Cúcuta, contemplando la expansión de 21169 de cupos penitenciarios y carcelarios.

6 Procuraduría General de la Nación. “Procurador advierte sobre fallas en diseños de nuevos centros de reclusión”. Boletín No. 210, 19 de mayo de 2008 7 Stephen Nathan. “Privatización de la prisión: Acontecimientos y Temas internacionales y sus implicaciones para América Latina” en Elías Carranza (coord.). Cárcel y Justicia Penal en América Latina y el Caribe. México: Siglo XXI, Ilanud, Raoul Wallenberg Institute, P. 292 8 Löic Wacquant. Las Cárceles de la Miseria. Buenos Aires: Manantial, 2004, p. 98