ENTREVISTA PROFESOR MIGUEL ANGEL BELTRAN

MIGUEL BELTRÁN, ABSUELTO Y EXILIADO, REFLEXIONA

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Relata que fueron dos años detrás de los fríos barrotes de La Modelo en Bogotá, “muy duros”. El sociólogo de la Universidad Nacional admite además que su vida cambió.

El Miguel Ángel Beltrán de antes, entregado a su cátedra y al continuo proceso de retroalimentación académica con sus estudiantes de un momento a otro se truncó al ser convertido en el principal enemigo público de la Seguridad Democrática, por sus artículos, por disentir del discurso oficial, por su postura crítica.

Graduado en licenciatura en Ciencias de la Educación con especialidad en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital, y en Sociología de la Universidad Nacional de Colombia se dedicaba a la docencia en universidades del país y, antes de su detención en mayo de 2009, residía en México adelantando estudios de doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México.  El académico fue expulsado del país azteca en una operación conjunta con autoridades mexicanas y capturado al aterrizar en la capital colombiana.

Los argumentos de la Fiscalía y la Procuraduría para solicitar su condena se basaron en supuestas comunicaciones encontradas en computadores del excomandante guerrillero alias Raúl Reyes, muerto en un bombardeo en suelo ecuatoriano.

Beltrán Villegas fue acusado de rebelión y concierto para delinquir al ser señalado por las autoridades colombianas como ‘Jaime Cienfuegos’ y miembro del Frente Internacional de las Farc, acusaciones que fueron desvirtuadas al ser consideradas ilegales por la Corte Suprema de Justicia.

 Actualmente es investigado disciplinariamente por la Procuraduría, en cabeza del reelecto Alejandro Ordóñez, pero mantiene su cabeza en alto e investigando sobre su pasión: el conflicto, actual tema nacional en la mesa de diálogo de La Habana.

 Hoy reside temporalmente en Argentina dictando conferencias e investigando sobre las aportaciones del pensamiento latinoamericano en el campo de la sociología histórica, y las motivaciones que han llevado a un sector de la población colombiana a asumir el camino de las armas. Ahora, tomándose diariamente el segundo café más amargo de su vida, el del exilio, respondió a las siguientes inquietudes.

 ¿Por qué representaba una amenaza para el Estado?

 He reflexionado sobre eso mucho, no era tanto Miguel Ángel la persona sino lo que representaba, por un lado un sociólogo vinculado a la universidad pública durante el gobierno de Uribe, en el que la persecución fue muy fuerte contra la universidad, y hubo un afán de él, por la misma resistencia, por la expresión crítica que se dio, para castigar a la universidad, y la mejor forma fue presentar a un profesor como infiltrado de la guerrilla.

Cuando se dio la zona de despeje con Pastrana, y aprovechando que muchos pudieron ir al Caguán, fui y me entrevisté con Raúl Reyes para hacer un balance de lo que era el conflicto y las posibilidades que representaban los diálogos de paz. En México, donde hice mi maestría y doctorado, había una representación de las Farc reconocida por el gobierno, tenía su permiso, y pude tener una relación académica con ellos para conocer sus opiniones sobre la guerra, eso pesó en mi contra.

 Escribí varios artículos y los tomaron como pruebas de que pertenecía a las Farc. Hoy estoy absuelto pero el reelecto procurador Alejandro Ordóñez ha continuado con su abierta labor de persecución a la libertad de cátedra y pensamiento. Al punto que ha solicitado a los funcionarios de la Universidad Nacional que informen cuál ha sido mi participación, a partir de 2004, en congresos, seminarios, cursos, diplomados, encuentros, foros y otros eventos de orden académico que he realizado en el país o en el exterior, así como eventos y grupos de estudio en los que he participado. Todo ello con la anuencia de las directivas universitarias, que poco o nada han hecho, en este caso, por defender su autonomía universitaria.

 ¿Por qué salió del país?

 Fui informado de amenazas de muerte y un plan para asesinarme de una fuente fidedigna que me dio datos muy puntuales de cómo se iba a dar mi asesinato. Tengo familia, mi idea era continuar con la universidad, lo he hecho desde otros espacios, pero tuve que salir, no quería repetir lo que les ha pasado a otros académicos, el caso del profesor Correa De Andréis pesa mucho en esta historia. De hecho, familiares suyos entraron en contacto con los míos aconsejándome que me fuera apenas saliera libre porque temían que me ocurriera lo mismo.

¿Qué particularidades encuentra entre el caso del profesor Alfredo Correa De Andréis y el suyo?

 Se trata de dos hechos dolorosos que ilustran claramente la perversidad y el cinismo con el que actúa el Estado colombiano en su propósito de perseguir y criminalizar el pensamiento crítico. A Alfredo Correa lo asesinaron por su compromiso con los sectores populares y sus investigaciones socio-económicas en torno al desplazamiento forzado en la región del Atlántico, en las que había puesto al descubierto desviaciones indebidas de fondos del Plan Colombia, al mismo tiempo que denunciaba el despojo de tierras a cientos de campesinos en la población de Ciénaga.

 Además de ello, años atrás, como rector de la Universidad pública del Magdalena, se había opuesto a las reformas que apuntaban hacia su privatización. En mi caso, se utilizaron mis escritos sobre el conflicto social y armado colombiano, así como algunas reflexiones en torno al papel de los estudiantes y el cambio social, con el fin de adelantarme un proceso por el supuesto delito de rebelión. Tanto en una como en otra situación se evidenció la participación de los organismos de inteligencia del Estado, en la confección de pruebas falsas para inculpar a inocentes, y cuando esto quedó al descubierto, en el caso del profesor Correa se recurrió a su vil asesinato.

 A Correa De Andréis le clonaron testimonios de supuestos exguerrilleros para acusarlo, y contra usted contrataron a un agente en México para que lo siguiera y le ‘encontrara’ algo. ¿Es posible creer que los montajes hicieron parte de una política de Estado?

 Los montajes judiciales se incrementaron notablemente durante los ocho años de gobierno de Álvaro Uribe, sin embargo, esta política ha sido aplicada sistemáticamente por el Estado colombiano desde los tiempos del expresidente Turbay Ayala. Incluso en aquella época los militares tenían la potestad de juzgar a civiles, a través de los llamados ‘consejos verbales de guerra’, donde se violaban todas las garantías procesales de los sindicados.

 Hoy, las violaciones al debido proceso siguen al orden del día, y la existencia de un ‘cartel de testigos falsos’ es un elemento indicativo de lo que pasa en la justicia colombiana. La arbitraria detención del exdiputado Sigifredo López y la sentencia contra el profesor y líder social David Rabelo evidencian que en Colombia los montajes judiciales no son cosas del pasado, siguen siendo parte de una política de Estado.

 ¿Por qué en una democracia a personas como Correa De Andréis y a usted las señalaron prácticamente como enemigos del Estado?

Porque a pesar de que las élites gobernantes han pretendido proyectar internacionalmente la imagen de que Colombia es un país que cuenta supuestamente con una de las democracias más estables del continente, en realidad lo que ha aplicado desde hace varias décadas es una política de terrorismo de Estado, en la cual los opositores políticos y sociales son considerados enemigos internos, así que el caso del profesor Correa y el mío, que en su momento fueron presentados como resultados exitosos de la mal llamada política de Seguridad Democrática, no son únicos y se suman a los miles de colombianas y colombianos perseguidos, y hostigados por sus posturas críticas.

¿Qué opina de los puntos de la agenda pactada entre Gobierno y Farc?

 Son muy generales pero al analizarlos hay elementos que no son tan fáciles de resolver, el tema agrario es sustancial, siempre ha estado en los orígenes del conflicto armado y resolverlo es darle salida a la guerra. No es fácil, como el tema de la participación política que implica saber cuáles son las garantías que van a tener las Farc en caso de que decidan asumirse como organización política y hacer política legal implica requisitos que siempre ellos han planteado.

El tema del desmonte de los paramilitares es importante porque, creamos o no, a pesar del proceso de desmovilización sabemos que estos nuevos grupos denominados bacrim están muy ligadas con los anteriores, entonces, parte de esa negociación debe llevar a eso, a cuáles son las garantías y medidas que van a llevar realmente a garantizar la posibilidad de ejercer en espacios políticos en el campo legal, para que no se repita lo que ocurrió con la Unión Patriótica.

¿Cómo sobrevive usted en el exterior?

 La Universidad Nacional me otorgó una prórroga de un año a la comisión de estudios que se había interrumpido por mi secuestro en México. Cabe anotar que esto se logró gracias a la comprometida intervención de la representación profesoral, y a la presión nacional e internacional ejercida por los sindicatos de profesores. Mientras el Consejo Superior Universitario tomaba esta decisión, estuve con una licencia no remunerada y pude sobrevivir gracias a la solidaridad de mi familia, colegas, amigas y amigos de dentro y fuera del país. Esto me permitió darme cuenta de que –a diferencia de otros espacios académicos del mundo, donde el derecho a la vida prima sobre cualquier otra consideración– en Colombia, las universidades no ofrecen garantías para quienes investigamos temas relacionados con el conflicto armado, de manera tal que los costos son asumidos individualmente.

Son muchos los académicos que han tenido que enfrentar esta situación, es de resaltar el caso reciente del profesor Renán Vega, que a pesar de las múltiples amenazas recibidas, las directivas de la Universidad Pedagógica se niegan a concederle una permiso para que pueda resguardar su integridad personal. Esto, sin duda, es una forma de censurar su trabajo investigativo.

 ¿Qué tan compleja es la cotidianidad de un exiliado?

 La condición de exilio supone una ruptura con la cotidianidad; una separación brusca del círculo familiar, de los amigos y un aislamiento también del contexto laboral y cultural del país. La inserción en un medio social diferente no es una labor fácil. Lo sorprendente es que después de tantas generaciones de mujeres y hombres, perseguidos políticos en Colombia, que se han visto forzados(as) a salir del país a causa del conflicto armado, al día de hoy el Estado y en ocasiones la misma sociedad no reconocen esa realidad y mucho menos el gran drama humano individual y colectivo que conlleva el exilio. Peor aún, muchos consideran que se trata de una condición de privilegio.

Por Óscar López Lobo

Especial para EL HERALDO
Buenos Aires, Argentina