Una vez realizada la audiencia de formulación de acusación, donde el fiscal Ricardo Bejarano dio a conocer su escrito de acusación, la Juez competente fijó para el día 2 de octubre a las 2pm, el inicio de la “audiencia preparatoria” y ordenó a la Fiscalía entregar a la defensa una copia del material probatorio y de la evidencia física, en un plazo máximo de tres días, contando a partir de la fecha.
Hay que recordar que en dicha audiencia el Dr. Bejarano se negó a entregar la totalidad de pruebas, así como la copia del programa metodológico utilizando por la fiscalía para adelantar la investigación, pese a la solicitud expresa de mi defensa el Dr. Gustavo Gallardo y la Dra. July Henrique. Frente a esta situación la juez opto por no intervenir, aduciendo que no era de su competencia.
De acuerdo con el art. 356 del código de procedimiento penal que me obsequió mi amigo Albeiro – quien fue igualmente victima de la Justicia Colombiana – en el desarrollo de la audiencia preparatoria, las partes podrán manifestar “sus observaciones pertinentes al procedimiento de descubrimiento de elementos probatorios”, al mismo tiempo que enunciaran la totalidad de las pruebas que harán valer en la audiencia del juicio oral y público.
El 2 de octubre me pareció un día muy a propósito para la realización de la audiencia, la razón era muy sencilla: en esa fecha se conmemoraría un año más de la sangrienta masacre estudiantil de Tlatelolco (México) y qué mejor para un académico como yo, arbitrariamente detenido y procesado – al igual que centenares de universitarios Mexicanos de aquella Época – ser juzgado en esta fecha continental, tal representativa de la lucha heroica que han adelantado los estudiantes en nuestra América. Para mis adentros agradecí a la señora juez su admirable fervor latinoamericanista.
Sin embargo, muy otra era la opinión de mi abogado Gustavo Gallardo quien profundamente comprometido con los intereses de su defendido, me hizo saber que la audiencia preparatoria no podría realizarse en un término inferior a quince días. Nuevamente consulté mi código de procedimiento penal – que ahora guardo bajo mi cabecera – y efectivamente pude corroborar la sabiduría jurídica de mi abogado. Mis matemáticas elementales me indicaban que entre el 21 de septiembre y el 2 de octubre, corría un lapso menor de quince días.
Ante esta situación inestable preguntarnos ¿cómo una profesional del derecho- que seguramente lleva más de una decena de años ejerciendo su trabajo – pudo olvidar una norma tan básica como ésta? ¿No existiría, un interés premeditado por acelerar mi proceso? En caso afirmativo ¿con qué propósito? ¿Quizás el de limitar los movimientos de la defensa?
La preocupación aumento cuando, ante el requerimiento escrito por parte de mi defensa, en el sentido de definir una nueva fecha para la audiencia preparatoria, la Juez fijo el 8 de octubre como próximo día para la realización de la misma, esto es seis días después de la programada inicialmente; pero si descontamos el fin de semana, en realidad serían sólo 4 días hábiles. Aunque no dejo de inquietarme la celeridad con que pretendía llevarse mi proceso, pudo más mi romanticismo revolucionario y agradecí el interés de la Juez por realizar mi audiencia en otra fecha simbólica, como lo es el 8 de octubre día del “guerrillero heroico y por extensión del proceso político. Definitivamente la magistrada, mostraba una vez más su vacación latinoamericanista.
Sin embargo, menos sensibles a este calendario rojo, pero con una mayor claridad jurídica, fueron mis abogados defensores, los que me pusieron en alerta sobre la anormalidad jurídica que se estaba presentado, y mientras mi mente divulgaba aun sobre los ya lejanos sucesos del 8 del octubre de 1967, Gustavo y July, ya habían redactado un extenso oficio solicitando, con contundentes argumentos, la prórroga de la audiencia preparatoria.
La Juez respondió positivamente la solicitud de aplazamiento y dispuso que la audiencia se trasladara del 8 al 13 de octubre, pero si tenemos en cuenta que el 9 era un viernes y el 12 un día feriado, la respuesta del tribunal constituía una verdadera burla. En esta ocasión quedo más que claro, que por alguna extraña razón la Juez porfiaba que la audiencia se llevara a cabo en el menor tiempo posible.
Dejando de lado mis nostalgias por las efemérides históricas, y dado que el abogado a había agotado sus recursos jurídicos me correspondió dirigir una comunicación a la señora Juez, donde le solicitaba un nuevo aplazamiento de la audiencia, reiterando y precisando los argumentos esgrimidos por la defensa y que se sinteticé en los siguientes puntos:
1. Debido a la entrega tardía de los documentos físicos en poder de la fiscalía, no había podido analizar la totalidad de los mismos y muchos menos recaudar a partir de su análisis pruebas de descargos.
2. Hasta el momento no se había podido realizar el análisis técnico de los sistemas informáticos citados por la fiscalía como fuente de los elementos probatorios utilizados en mi contra, debido a que los funcionarios de policía que tienen la custodia de esos sistemas informáticos solo permitirían el acceso al perito designado por mi defensa, hasta el viernes que de octubre. Por lo que resultaba imposible contar con el informe técnicos para el 13 de octubre.
3. La directora general del INPEC, la señora Moya negó la solicitud presentaba por mi abogado para que el investigador contratado en mi caso realizara diligencia de entrevista conmigo y a partir de ahí edificar la estrategia de defensa, violándose de esta manera el debido proceso y el principio de “igualdad de armas”, puesto que en dicho memorando, la dirección del INPEC exige para aprobar la entrevista una certificación por parte de la familia, donde se diga que la información será utilizada para efectos judiciales en el marco del proceso.
La comunicación firmada por mí, apenas pudo ser radicada el viernes 9 de octubre al mediodía y solo faltando un cuarto de hora para que se cerrara el juzgado obtuve vía telefónica una respuesta, por cierto poco alentadora: “la audiencia – dijo la juez – se realizará el día previsto y solo en ese momento emitiré un dictamen frente a la convivencia de aplazarla o no”.Mire entonces el calendario y sólo entonces me percate que la audiencia se llevara cabo EL MARTES 13.
Hay que recordar que en dicha audiencia el Dr. Bejarano se negó a entregar la totalidad de pruebas, así como la copia del programa metodológico utilizando por la fiscalía para adelantar la investigación, pese a la solicitud expresa de mi defensa el Dr. Gustavo Gallardo y la Dra. July Henrique. Frente a esta situación la juez opto por no intervenir, aduciendo que no era de su competencia.
De acuerdo con el art. 356 del código de procedimiento penal que me obsequió mi amigo Albeiro – quien fue igualmente victima de la Justicia Colombiana – en el desarrollo de la audiencia preparatoria, las partes podrán manifestar “sus observaciones pertinentes al procedimiento de descubrimiento de elementos probatorios”, al mismo tiempo que enunciaran la totalidad de las pruebas que harán valer en la audiencia del juicio oral y público.
El 2 de octubre me pareció un día muy a propósito para la realización de la audiencia, la razón era muy sencilla: en esa fecha se conmemoraría un año más de la sangrienta masacre estudiantil de Tlatelolco (México) y qué mejor para un académico como yo, arbitrariamente detenido y procesado – al igual que centenares de universitarios Mexicanos de aquella Época – ser juzgado en esta fecha continental, tal representativa de la lucha heroica que han adelantado los estudiantes en nuestra América. Para mis adentros agradecí a la señora juez su admirable fervor latinoamericanista.
Sin embargo, muy otra era la opinión de mi abogado Gustavo Gallardo quien profundamente comprometido con los intereses de su defendido, me hizo saber que la audiencia preparatoria no podría realizarse en un término inferior a quince días. Nuevamente consulté mi código de procedimiento penal – que ahora guardo bajo mi cabecera – y efectivamente pude corroborar la sabiduría jurídica de mi abogado. Mis matemáticas elementales me indicaban que entre el 21 de septiembre y el 2 de octubre, corría un lapso menor de quince días.
Ante esta situación inestable preguntarnos ¿cómo una profesional del derecho- que seguramente lleva más de una decena de años ejerciendo su trabajo – pudo olvidar una norma tan básica como ésta? ¿No existiría, un interés premeditado por acelerar mi proceso? En caso afirmativo ¿con qué propósito? ¿Quizás el de limitar los movimientos de la defensa?
La preocupación aumento cuando, ante el requerimiento escrito por parte de mi defensa, en el sentido de definir una nueva fecha para la audiencia preparatoria, la Juez fijo el 8 de octubre como próximo día para la realización de la misma, esto es seis días después de la programada inicialmente; pero si descontamos el fin de semana, en realidad serían sólo 4 días hábiles. Aunque no dejo de inquietarme la celeridad con que pretendía llevarse mi proceso, pudo más mi romanticismo revolucionario y agradecí el interés de la Juez por realizar mi audiencia en otra fecha simbólica, como lo es el 8 de octubre día del “guerrillero heroico y por extensión del proceso político. Definitivamente la magistrada, mostraba una vez más su vacación latinoamericanista.
Sin embargo, menos sensibles a este calendario rojo, pero con una mayor claridad jurídica, fueron mis abogados defensores, los que me pusieron en alerta sobre la anormalidad jurídica que se estaba presentado, y mientras mi mente divulgaba aun sobre los ya lejanos sucesos del 8 del octubre de 1967, Gustavo y July, ya habían redactado un extenso oficio solicitando, con contundentes argumentos, la prórroga de la audiencia preparatoria.
La Juez respondió positivamente la solicitud de aplazamiento y dispuso que la audiencia se trasladara del 8 al 13 de octubre, pero si tenemos en cuenta que el 9 era un viernes y el 12 un día feriado, la respuesta del tribunal constituía una verdadera burla. En esta ocasión quedo más que claro, que por alguna extraña razón la Juez porfiaba que la audiencia se llevara a cabo en el menor tiempo posible.
Dejando de lado mis nostalgias por las efemérides históricas, y dado que el abogado a había agotado sus recursos jurídicos me correspondió dirigir una comunicación a la señora Juez, donde le solicitaba un nuevo aplazamiento de la audiencia, reiterando y precisando los argumentos esgrimidos por la defensa y que se sinteticé en los siguientes puntos:
1. Debido a la entrega tardía de los documentos físicos en poder de la fiscalía, no había podido analizar la totalidad de los mismos y muchos menos recaudar a partir de su análisis pruebas de descargos.
2. Hasta el momento no se había podido realizar el análisis técnico de los sistemas informáticos citados por la fiscalía como fuente de los elementos probatorios utilizados en mi contra, debido a que los funcionarios de policía que tienen la custodia de esos sistemas informáticos solo permitirían el acceso al perito designado por mi defensa, hasta el viernes que de octubre. Por lo que resultaba imposible contar con el informe técnicos para el 13 de octubre.
3. La directora general del INPEC, la señora Moya negó la solicitud presentaba por mi abogado para que el investigador contratado en mi caso realizara diligencia de entrevista conmigo y a partir de ahí edificar la estrategia de defensa, violándose de esta manera el debido proceso y el principio de “igualdad de armas”, puesto que en dicho memorando, la dirección del INPEC exige para aprobar la entrevista una certificación por parte de la familia, donde se diga que la información será utilizada para efectos judiciales en el marco del proceso.
La comunicación firmada por mí, apenas pudo ser radicada el viernes 9 de octubre al mediodía y solo faltando un cuarto de hora para que se cerrara el juzgado obtuve vía telefónica una respuesta, por cierto poco alentadora: “la audiencia – dijo la juez – se realizará el día previsto y solo en ese momento emitiré un dictamen frente a la convivencia de aplazarla o no”.Mire entonces el calendario y sólo entonces me percate que la audiencia se llevara cabo EL MARTES 13.
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