DENUNCIA PÚBLICA - INPEC OBLIGA A LOS PRISIONEROS POLITICOS A CONVIVIR CON PARAMILITARES

TRASPASA LOS MUROS

CAMPAÑA PERMANENTE DE SOLIDARIDAD

CON LAS DETENIDAS Y LOS DETENIDOS POLÍTICOS

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DENUNCIA PÚBLICA

INPEC OBLIGA A LOS PRISIONEROS POLITICOS A CONVIVIR CON PARAMILITARES

La Campaña “Traspasa Los Muros” DENUNCIA a la Comunidad Nacional e Internacional que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC- viola las normas internacionales y nacionales sobre tratamiento y clasificación de los reclusos obligando a los PRISIONEROS POLITICOS en Colombia a convivir con los paramilitares en la Penitenciaria La Picota de Bogota.

Denunciamos que desde hace un mes el INPEC está ejecutando traslados masivos y arbitrarios de presos políticos a penitenciarias lejanas a su familia, donde también son obligados a convivir con paramilitares, como es el caso de la Penitenciaria de Acacias, permitiendo que en estos sitios los presos políticos estén en minoría y sean mas vulnerables al accionar paramilitar.

Con estas medidas el Estado Colombiano representado por el INPEC amenaza los derechos a la vida y seguridad personal de los prisioneros políticos, y permite que las cárceles se conviertan en campos de guerra.

Respaldamos la exigencia de los prisioneros políticos recluidos en el PAS “B” de la Picota, para que se les ubique en un espacio acorde con su condición de no desmovilizados y solicitamos a la comunidad nacional e internacional INTERVENIR y EMITIR SUS PRONUNCIAMIENTO DE RESPALDO A LA DENUNCIA, que los prisioneros políticos han entregado a la Campaña Traspasa los Muros y que a continuación transcribimos:

FLAGRANTE VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA PENITENCIARIA “LA PICOTA”

Los Presos Políticos de la Penitenciaria “la Picota” expresamos ante la opinión publica, nuestra inquietud y malestar por los hechos desencadenados a partir de nuestro traslado el pasado jueves 27 de mayo, del Pasillo de Alta Seguridad (PAS-A 2º piso) al Pasillo de Alta Seguridad “B” de este centro reclusorio y que vulneran el respeto a la dignidad humana, a las garantías constitucionales y a los derechos humanos reconocidos universalmente que deben constituir los principios rectores de todo establecimiento penitenciario.

Los hechos son los siguientes:

El 27 de mayo de 2010, de manera sorpresiva, arbitraria y con afanes, la guardia de la Penitenciaria La Picota nos trasladó a todos los Presos al Pasillo de Alta Seguridad “B” (PAS B), sin que se nos permitieron llevar varias de nuestras pertenencias, entre ellas, mesas y sillas plásticas, cortinas y utensilios de aseo que habíamos comprado debidamente en el expendio; estas pertenencias las perdimos producto del trasladado, al igual que padecimos la perdida de la biblioteca del pasillo, que habíamos constituido recientemente gracias al aporte de la comunidad universitaria y organizaciones solidarias.

En el PAS “A” (2º Piso) -donde nos encontrábamos recluidos-, era un espacio conformado por guerrilleros y presos políticos con unas reglas internas de convivencia que básicamente prohibían el recurso de la violencia para la solución de conflictos entre presos, así como el consumo de drogas alucinógenas. Pero, actualmente hemos sido ubicados en el PAS “B” que es un pabellón habitado por presos sociales, paramilitares, desertores y desmovilizados, situación que coloca en grave peligro nuestra integridad personal y moral.

Los Presos Políticos de Alta seguridad hemos sido presentados a la opinión publica como “terroristas” peligrosos y de ello dan cuenta los impresionantes operativos de seguridad que acompañan nuestros desplazamientos, así como, las medidas especiales de vigilancia para evitar supuestos planes de fuga.

Llama la atención, y sobre todo preocupa que mientras se ordenan estas medidas de seguridad -supuestamente para garantizar nuestras vidas- a las directivas del INPEC les parece normal ubicarnos en un espacio junto con internos que históricamente hemos considerado (y seguimos considerando) enemigos por su participación en masacres, desapariciones forzadas, torturas, homicidios y delitos de lesa humanidad contra la población civil.

Por otra parte, se obliga a vivir a Presos Políticos que mantienen en alto sus ideales de lucha y justicia social con elementos desmovilizados y desertores de las filas guerrilleras moralmente descompuestos y que han demostrado no tener las mas mínimas consideraciones éticas a la hora de buscar beneficios jurídicos para sus procesos. Preocupa en particular la situación de los internos FRANCISCO JAVIER RIVERA, LEONIDAS CABALLERO y BERNARDO MOSQUERA MACHADO, quienes tienen problemas de seguridad y podria padecer un atentado contra sus vidas por parte de los paramilitares.

Por este hechos el prisionero político FRANCISCO JAVIER RIVERA se negó a vivir en el PAS “B”, siendo aislado en un cubículo, donde se encuentra desde hace 7 días, incomunicado y en condiciones degradantes que atentan contra su dignidad humana: ¿pretende la directora de este establecimiento penitenciario presionar con esta política de cambios, a los guerrilleros para que se acojan a la tramposa “ley de justicia y paz”?

Como si esto fuese poco hay en el pasillo internos adictos a las drogas y a los estupefacientes, que consumen día y noche, con consecuencias nocivas no solo para nuestra salud sino también para la convivencia, pues muchos de ellos cuando se ven privados de estos elementos no dudan en acudir a la violencia y a la agresión para calmar la ansiedad que les produce el no poder ingerir dichos fármacos.

Las situaciones mencionadas han redundado en un estado permanente de zozobra y tensión que tememos -con sobrado sentido de la realidad- puedan derivar en una sangrienta confrontación que tendría consecuencias fatales para los internos que aquí vivimos, como la experiencia carcelaria de muchos de nosotros nos lo indica.

Los anteriores hechos han sido puestos de presente ante los directivos de este centro penitenciario, sin que hayamos obtenido respuesta alguna. Apenas se nos ha dicho de manera verbal que esta situación es transitoria ya que los que hemos sido ubicados en el segundo piso del PAS B estamos “de paso”, sin embargo, nos preguntamos si estas consideraciones ¿pueden estar por encima de nuestro sagrado derecho a la vida y el respeto a la dignidad?

Ha sido practica habitual de las directivas del INPEC responder a estas justas denuncias (y a otras relacionadas con nuestras salud, alimentación y pésimas condiciones de reclusión) con medidas de aislamiento y traslado a otros centros penitenciarios eludiendo una solución positiva a nuestros reclamos y vulnerando de paso nuestro núcleo familiar consagrados por el código nacional penitenciario.

Alertamos a las organizaciones de derechos humanos, a los Organismos Solidarios con los Presos Políticos, la Red Internacional de Solidaridad con los Presos Políticos, a la Cruz Roja Internacional, a la Defensoria del Pueblo, a la Procuraduría General de la Nación y a toda la comunidad nacional e internacional del volcán dormido en que nos han colocado las directivas del INPEC y cuya erupción amenaza con revivir los bárbaros tiempos en que las cárceles eran verdaderos campos de guerra.

Alertamos también que desde hace un mes el INPEC está ejecutando traslados masivos de presos políticos, llevándolos a penitenciarias lejanas a su familia, donde son obligados a convivir con paramilitares, omitiendo el deber de clasificación de los reclusos por tipo de delito y permitiendo que en estos sitios los presos políticos estén en minoría y sean mas vulnerables al accionar paramilitar.

En este orden de ideas exigimos un espacio de ubicación acorde con nuestra condición de presos políticos y guerrilleros no desmovilizados, haciendo primar nuestras garantías constitucionales y derechos humanos universalmente reconocidos, así como las normas internacionales y nacionales que obligan al INPEC a clasificarnos por el tipo de delito.

Responsabilizamos al INPEC y a la señora IMELDA LÓPEZ, directora de este penal, por la suerte que puedan correr nuestras vidas.

PRESOS POLÍTICOS, PENITENCIARIA “LA PICOTA”
BOGOTA MAYO 31 DE 2010


ENVIAR SUS COMUNICACIONES DE RESPALDO A:


PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALVARO URIBE VELEZ
Carrera 8 No. 7 -26 Palacio de Nariño Bogotá
Fax. 5662071
E-mail: auribe@presidencia.gov.co

Director Programa Presidencial de DDHH y DIH
CARLOS FRANCO.
E-mail: cefranco@presidencia.gov.co.

Asesor: Fernando Ibarra.
Tel.: +57.1.5659797 o 571 5662064
E-mail: fibarra@presidencia.gov.co

MINISTRO DEL INTERIOR Y JUSTICIA
FABIO VALENCIA COSSIO
Telefax: (+571) 4443100
E-mail: reclamos@mij.gov.co, ministro@minjusticia.gov.co

VICEMINISTRA DEL INTERIOR
VIVIANA MANRIQUE ZULUAGA
E-mail: viceinterior@mij.gov.co
Teléfono: (+571) 5601195 - 5603383
Carrera 9 No. 14-10, Piso 8, Bogotá.

Director Nacional del INPEC
CARLOS ALBERTO BARRAGÁN GALINDO
Calle 26 No. 27-48, Bogotá.
PBX (57) 2347474 / 2347262
E- mail: reclamos@inpec.gov.co ; Webmaster@inpec.gov.co

Procurador General de la Nación
ALEJANDRO ORDÓÑEZ MALDONADO
Carrera 5 #. 15-80, Bogotá.
Fax: (+571) 3429723 - 2847949 Fax: (+571) 3429723
E-mail: cap@procuraduria.gov.co, quejas@procuraduria.gov.co; y webmaster@procuraduria.gov.co

Defensor Nacional del Pueblo
VOLMAR ANTONIO PÉREZ ORTIZ
Calle 55 # 10-32, Bogotá.
Fax: (+571) 640.04.91
E-mail: secretaria_privada@hotmail.com; agenda@agenda.gov.co

Bogota, Colombia
Junio 1 de 2010


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