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Junio 24, 2012
Su caso dio la vuelta al mundo. Víctima de un montaje y acusado de ser uno de los jefes del grupo guerrillero FARC, fue encarcelado durante dos años. Era inocente. Hoy, ya en libertad, habla sobre su experiencia, sobre la persecución sufrida por criticar al gobierno y sobre el conflicto interno en Colombia.
Miriam Valero
El alma de Miguel Ángel Beltrán se aprecia fuerte, pero sus ojos no disimulan el sufrimiento vivido. Sociólogo y profesor universitario, este colombiano de 48 años que daba clases en la Universidad Nacional de Colombia fue detenido y encarcelado en mayo de 2009 tras ser acusado de ser “Jaime Cienfuegos”, uno de los principales jefes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El caso de Beltrán ocupó portadas de muchos medios del mundo por ser considerada una de las grandes persecuciones políticas cometidas en este país latinoamericano. Tras pasar dos años en la cárcel de La Picota de Bogotá, acusado de rebelión y concierto para delinquir, quedó probado que era inocente.
Las pruebas que lo inculpaban habían sido manipuladas. Y dichas pruebas estaban, según el gobierno, en uno de los ordenadores del jefe guerrillero Raúl Reyes, asesinado en la frontera con Ecuador bajo la denominada Operación Fénix, durante el mandato de Álvaro Uribe.
Tras la muerte de Reyes, el gobierno usó la información allí contenida para inculpar a colombianos que, presuntamente, aparecían en él, argumentando que atentaban contra la seguridad nacional. Entre ellos se encontraban algunos tan conocidos – e igualmente inocentes – como la ex senadora Piedad Córdoba, los congresistas Wilson Borja, Carlos Lozano y otras víctimas, incluyendo a los presidentes de Venezuela y Ecuador, Hugo Chávez y Rafael Correa, respectivamente.
A Beltrán se le acusó de mantener comunicaciones con Reyes. Sin embargo, las pruebas mostradas fueron documentos Word (fácilmente manipulables) y la Corte Suprema de Justicia colombiana no los aceptó como válidos.
Beltrán ha denunciado violaciones a sus derechos humanos y agresiones durante su reclusión. Afirma que todo el proceso ha sido fruto de una persecución por manifestar su pensamiento crítico a la posición del gobierno en el conflicto colombiano.
De todo ello, y de la situación de Colombia tras más de 60 años de conflicto, habló en exclusiva y durante una hora con The Prisma en su visita a Reino Unido.
¿Cual es su actual situación legal y personal?
La sentencia del juez después del proceso fue declarar mi inocencia. Pero la Procuraduría General de la Nación me abrió un proceso disciplinario para inhabilitarme. Buscan desvincularme de la universidad y bloquear mi acceso a cualquier cargo público. Una forma de silenciarme. Mi temor es que pueda prosperar, ya que es un órgano politizado y que ha emitido fallos que buscan callar a la oposición al Gobierno.
Por otro lado, tras mi salida de la cárcel recibí amenazas y mucho hostigamiento por parte de los medios de comunicación oficiales de Colombia. Ello me obligó a salir del país en septiembre, pues no hay condiciones para garantizar la seguridad de mi vida. Estoy lejos de mis hijos y de mi mujer.
¿Cómo fue el reencuentro con su familia y la universidad después de su reclusión?
Fue muy emocionante sentir el apoyo y el respaldo de mi familia, de mis alumnos y de mis compañeros.
Salí de la cárcel y fui directamente a la Universidad Nacional. Ha sido muy gratificante el apoyo de ellos y de toda la comunidad nacional e internacional. La mayor ganancia que me reporta lo vivido, pese a lo doloroso, es esta campaña de solidaridad tan grande que se ha extendido a otros presos que están en cárceles colombianas.
¿Cómo recupera su imagen cuando lo señalan en todo el mundo como un jefe de las FARC?
Siempre queda un estigma y un señalamiento, que es lo que busca la persecución: aislarte. Fue muy negativo en lo personal. Pero creo que en mi proceso, la intención se revirtió, porque se logró demostrar mi inocencia y que todo se trataba de un montaje.
¿Cómo se sintió en el momento en el que fue apresado en México?
Para mi fue una sorpresa. Acudí a una cita con un funcionario e iba acompañado de mi esposa y un abogado. Ellos esperaron fuera y nunca se les informó de nada.
Se enteraron por los medios de comunicación que me presentaron como a un terrorista.
¿Cómo fue su estancia en la cárcel de La Picota?
Se me mezcló con personas que ya condenadas, algunos incluso acusados de paramilitarismo, algo que puso en riesgo mi vida puesto que en mis escritos había denunciado los vínculos del paramilitarismo con el Estado. No se reconoció mi condición de empleado público, por la que se me deberían de haber recluido en pabellones diferentes de alta seguridad. Pero en Colombia hay 10.000 personas en la situación que yo viví. Se les vulnera el derecho a la defensa, se les prohíbe la visita de sus familiares, viven en condiciones de hacinamiento, no hay atención médica y la alimentación es muy precaria.
¿Qué le hizo no desfallecer?
En primer lugar mis convicciones. Pensar que nuestra lucha era justa y que se estaba cometiendo un atropello. También toda la solidaridad internacional y de la universidad del país. Entonces, decidí seguir con mi investigación de la situación de los presos colombianos y otros actores del conflicto como guerrilleros y paramilitares.
¿Hubo irregularidades en su proceso?
Desde el primer momento fue ilegal todo el proceso contra mí. Me encontraba en México adelantando un postdoctorado en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la UNAM. Allí no fui detenido pues no tenía ninguna orden de captura, como lo demostró mi defensa, sino que se trató de un secuestro y de una desaparición forzada: durante siete horas estuve incomunicado y fui torturado hasta que fui entregado a las autoridades colombianas.
Después, las pruebas que se usaron durante el proceso fueron sacadas del “famoso” ordenador del ex jefe guerrillero Raúl Reyes. Pero la prueba del computador nunca se presentó durante el juicio. Tenían unos supuestos correos electrónicos que me conectaban con él, pero sólo eran documentos word. Como reconoció un informe de la Interpol y los testigos de la Fiscalía: no hubo cadena de custodia. Hubo manipulación por parte de las personas que tomaron el ordenador. Los documentos estaban alterados y la información manipulada.
¿Quién piensa que quería acusarle y encarcelarle?
Al alto nivel, el mismo ex presidente Álvaro Uribe. Fue muy claro y al día siguiente de mi detención dijo en un evento público que habían apresado a un profesor que estaba en “el vicio del terrorismo” y que era el terrorista internacional más peligroso de la FARC. También agradeció al gobierno mejicano, y a su presidente Felipe Calderón, ese trabajo. De modo que hubo un acuerdo bilateral de los dos gobiernos para crear esta situación.
Según lo que se sabe respecto a los seguimientos, el general Óscar Naranjo, el ex jefe de la Policía Nacional de Colombia participó directamente en el proceso. También se demostró que el Estado colombiano pagó a funcionarios mejicanos para que hicieran seguimientos.
Usted era un académico, ¿qué parte de su trabajo podía ser incómoda?
Esto sucedió en el contexto del gobierno de Álvaro Uribe y su política de seguridad democrática. Desde esa perspectiva, muchos de los académicos que éramos críticos fuimos señalados, ya que por directriz presidencial se estableció que en Colombia no había conflicto armado, se prohibió incluso enunciarlo. Para ellos existía era una democracia y una amenaza terrorista. Nosotros, a través de nuestros escritos hemos denunciado las grandes violaciones de los derechos humanos en Colombia y eso iba en contra de la idea que ellos querían presentar a nivel internacional del país.
En el juicio se utilizaron muchos de mis textos como si estos hubieran sido ordenados por la dirección de las FARC.
¿Cuál es el fin último de esta persecución?
No creo que sea tanto el proceso contra Miguel Ángel sino lo que él representa como pensamiento crítico frente a las políticas del gobierno y la actividad sindical. Una forma de deslegitimar nuestro pensamiento y nuestras actividades es mostrar que la guerrilla se ha infiltrado en la universidad.
El actual presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha reconocido la existencia de un conflicto armado.
Desconfío mucho de la trayectoria de Santos ya que fue el ministro de Defensa durante la presidencia de Uribe. No se puede negar que ha cambiado su discurso de la agresividad del pasado, pero no ha pasado de palabras. Ha sido importante la proclamación de la Ley de Víctimas porque es una forma de reconocer el conflicto, pero tiene unas consecuencias que Santos no quiere asumir como el que existen presos políticos. El gobierno dice que en Colombia no hay presos de este tipo y basta con ir a una cárcel para darse cuenta de que es cierto.
Hay cosas que hay que conversar ya en un diálogo. Me parece que estamos en un momento importante, que hay una presión internacional, que hay un sentimiento generalizado del pueblo colombiano hacia esa paz y que si realmente está comprometido debería iniciar ya acciones en ese sentido.
¿Cree que es posible un proceso de diálogo con las FARC?
Creo en la necesidad de ese diálogo y creo que se puede dar en la medida que haya una presión internacional. En este momento sectores de la sociedad colombiana están desarrollando campañas por la búsqueda de una salida política y dialogada del conflicto. Pero este proceso debe ir acompañado de una voluntad real del gobierno para iniciar transformaciones, cambios estructurales necesarios en Colombia. No es simplemente sentarse. Lo que Colombia necesita es, por ejemplo, una reforma agraria y una solución para un gran sector de la población que vive en la pobreza absoluta.
El conflicto colombiano parece interminable…
Mi estancia en Londres me ha permitido conocer la experiencia del caso de Irlanda. Hace 20 o 30 años era impensable que se diera un proceso como el que se dio allí, y creo que si hay una voluntad y decisión política es posible. A pesar de que el panorama no parece optimista, yo sí siento que es posible en Colombia. Recordemos aquella frase: “El momento más oscuro es justo antes del amanecer”.
¿Usted considera a las FARC un grupo terrorista?
No. Y es importante que en Colombia haya opiniones diferentes porque cuando uno dice a nivel internacional que las FARC no son un grupo terrorista inmediatamente se te señala como amigo de la guerrilla. Y no es así. Considero que son un actor político, que han sido parte de la historia colombiana, una respuesta a las violencias del Estado.
¿Cómo se portaron los medios de comunicación con usted?
Los medios oficiales trataron de ganar lo que no habían conseguido en el juicio. Salieron columnas y artículos editoriales diciendo que un terrorista estaba libre por culpa de la justicia. Esto en Colombia es ponerte en la picota pública y en el blanco de grupos paramilitares. En el país, la relación entre los medios de comunicación y los poderes económicos es muy estrecha, se usan como instrumento para silenciar a los que tenemos un pensamiento crítico con el gobierno. Por ejemplo, el diario El Tiempo, fue mucho tiempo propiedad de la familia Santos, del actual presidente. Sin embargo, yo distinguiría entre dos tipos de medios. Los oficiales, que no garantizaron mi derecho a la presunción de inocencia, y los alternativos nacionales e internacionales que fueron un apoyo muy importante para dar a conocer la realidad de mi caso.
¿Cómo luchar contra los intentos de silenciamiento?
En mi caso, por ejemplo, la verdad se impone. Ahora que salí de la cárcel siento que no puedo guardar silencio. Si algo ha dejado en mi el proceso es mi convicción de que callándonos no lograremos cambiar esta realidad y me siento muy comprometido con los presos que conocí y voy a seguir luchando por la defensa del pensamiento crítico, porque en Colombia se puedan expresar libremente las ideas y porque exista un pluralismo.
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