Ante todo quiero hacer llegar un cálido y Fraterno a mis colegas Sally Hunt, secretaria general de University and College Union (UCU); a Terry Hoad, Presidente UCU; a los integrantes de la mesa que presiden esta reunión; a las representantes de Justicia por Colombia y a todos los presentes. Hace exactamente un año que recobré mi libertad, y para mi resulta muy emocionante, compartir con Ustedes este espacio y poder expresarles personalmente mis agradecimientos por toda el apoyo moral y material que me brindaron durante este largo proceso. La intensa labor de solidaridad que Ustedes desarrollaron, sus cartas, sus mensajes, sus palabras de fuerza, su acompañamiento internacional han sido decisivos para retornar nuevamente a la libertad.
Los gobernantes colombianos se ufanan de contar con uno de los países de más larga estabilidad democrática en el continente. Mientras en los últimos cien años, países como Argentina, Chile, Uruguay y Bolivia, padecieron cruentas dictaduras, Colombia vivió, hace más de medio siglo un golpe militar que en su momento fue calificado de “golpe de opinión” y desde entonces se ha celebrado ininterrumpidamente elecciones, contando desde 1991 con una nueva Constitución Política que consagró una serie de mecanismos para la protección de los Derechos Humanos y la participación popular; el reconocimiento de los derechos culturales y territoriales a las minorías étnicas y el promocionado impulso a procesos de negociación con movimientos armados, que han concluido en su desmovilización, permitiendo que algunos de sus dirigentes hoy día hagan parte del aparato estatal.
Pero detrás de esta ficción democrática se esconde una cruda realidad: el estado colombiano cuenta con uno de los ejércitos que recibe mayor ayuda de los Estados Unidos en el mundo y que han sido los responsables del asesinato de miles de compatriotas; La ONU reconoce cerca de sesenta mil desaparecidos en el país; mientras que la cifra de desplazados por los grupos paramilitares –en connivencia con el Estado- supera los cinco millones de personas. Desde la creación de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, en 1986, han sido asesinados cerca de tres mil sindicalistas. Las organizaciones de Derechos Humanos han puesto de presentes que el 60% de sindicalistas asesinados en el mundo son colombianos. Todo esto como parte de una estrategia de terrorismo de Estado que criminaliza cualquier expresión de oposición política y social, y que persigue el pensamiento crítico.
Y es que desde hace más de cincuenta años Colombia vive un agudo conflicto interno que tiene profundas raíces políticas y sociales, en un país de 47 millones de habitantes, donde veinte millones están por debajo de la línea de pobreza y siete millones de ellas viven en la absoluta miseria; donde menos del uno por ciento de propietarios concentra más del sesenta por ciento de las tierras productivas del país. Pero esta realidad ha sido ocultada sistemáticamente por los gobiernos de turno y los medios oficiales de comunicación. Particularmente durante el gobierno del ex mandatario Álvaro Uribe Vélez, se prohibió por directriz presidencial hablar de que Colombia existía un conflicto armado y social, con la falacia que estábamos viviendo una supuesta “amenaza terrorista” por parte de grupos armados ilegales. Aquellos que, desde la academia, los movimientos sociales, o la oposición política tratamos de desnudar esa mentira, fuimos señalados de ser amigos del terrorismo.
Soy profesor universitario y miembro de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios, ASPU, una organización sindical con una larga tradición de lucha, que durante décadas ha defendido la universidad pública, la libertad de cátedra y los intereses de sus agremiados. En el 2008 me encontraba desarrollando una estancia posdoctoral en México, invitado por el Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA) de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuando fui secuestrado por las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM), y en un operativo conjunto con los organismos de inteligencia del Estado Colombiano, trasladado a Bogotá, y presentado ante la opinión Pública como un importante jefe guerrillero. Al día siguiente de mi detención el entonces presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, violando mi derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia me señaló de ser un peligroso terrorista internacional.
Después de un largo proceso colmado de irregularidades donde se legalizó una captura que fue a todas luces arbitraria; donde se utilizaron pruebas ilícitas e ilegales como los supuestos computadores del extinto jefe guerrillero Raúl Reyes; donde se tomaron escritos académicos míos que circulaban en revistas nacionales e internacionales como supuestas pruebas de militancia en la guerrilla; donde se me negaron derechos fundamentales- fui absuelto de los cargos de “rebelión” y “concierto para delinquir” que me habían imputado la Fiscalía. Al final quedo claro que se había tratado de un montaje judicial para silenciarme y amedrentar a aquellos que se atrevían a cuestionar las verdades oficiales del estado colombiano.
Durante los dos años que se prolongó el juicio, no se me reconoció mi condición de empleado público y se me mantuvo en un Pabellón de alta seguridad, mezclado con peligrosos narcotraficantes, paramilitares, delincuentes sociales y guerrilleros. No fui el único, bajo la mal llamada “Política de Seguridad Democrática”, numerosos académicos críticos, defensores de derechos humanos y miembros de la oposición política y social, judicializados por su pensamiento crítico. Es el caso de la socióloga Liliany Patricia Obando y el profesor William Javier Díaz. En algunos casos, como el del colega y, también profesor de la Universidad Nacional Fredy Julián Cortés fueron presionados para que se declararan culpables de un delito que jamás cometieron, bajo un perverso sistema penal acusatorio que premia y propicia la autoincriminación.
La situación bajo la presidencia de Juan Manuel Santos no ha cambiado significativamente. El gobierno dice que ha descendido la cifra de sindicalistas muertos, pero esto no es cierto, Desde su posesión, el 7 de agosto de 2010, han sido asesinados 61 sindicalistas, lo que sucede es que oficialmente se quieren presentar estos crímenes como obra de la delincuencia social o se pretenden atribuir a hechos ajenos al conflicto. Es una manera de desinformar a la opinión pública nacional e internacional. La persecución contra la oposición no ha continuado. Recientemente, el Profesor Omar Alfonso Cómbita, miembro de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) y Jorge Eliécer Gaitán, miembro de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), junto con cinco colegas más que participaron activamente en la movilización contra la reforma a la ley de educación superior fueron judicializados, sindicados de ser apoyos de la guerrilla. Otros han sido objeto de acoso laboral y expulsados de sus universidades, como el profesor Robert Ferrel Ortega, miembro activo de la Asociación Sindical de Profesores (ASPU); o estigmatizados y amenazados como el colega de la Universidad Pedagógica Nacional y reconocido intelectual Renán Vega Cantor. Es una manera de silenciar la legítima lucha contra los proyectos de privatización de la educación en Colombia y acallar el pensamiento crítico.
El gobierno de Santos dice que en Colombia no hay presos políticos. Yo puedo dar testimonio de que no es así. En las más de ciento cincuenta cárceles colombianas no sólo hay más de nueve mil prisioneros y prisioneras políticas, sino que éstos se encuentran en condiciones inhumanas que violan las normas básicas, consagrados por el derecho internacional, para el tratamiento de personas privadas de la libertad. El hacinamiento, la falta de atención médica, la precaria alimentación, la violación al debido proceso, el maltrato y la tortura hacen parte de esta dura realidad que el Estado colombiano trata de ocultar y por eso su recurrente negativa a permitir que delegaciones internacionales hagan presencia allí.
En mi caso, tuve la fortuna de contar con una importante cadena de solidaridad nacional e internacional; el decidido compromiso de Justicia por Colombia y el Sindicato de Educadores Británicos (UCU) cuyos delegados hacen presencia aquí, fue un factor fundamental para que se hiciera justicia en mi situación. Por eso quisiera aprovechar la oportunidad para expresarles mi sentimiento de gratitud, pero al mismo tiempo, decirles que lamentablemente en los centros de reclusión del país permanecen miles de prisioneros políticos que requieren de ese apoyo para que se les garantice su integridad física y psicológica, se les garantice el debido proceso y puedan volver a la libertad.
Lo anterior me lleva a insistir en la necesidad de aunar voluntades en búsqueda de una salida política y dialogada al conflicto armado y social colombiano. Este es un anhelo de nuestro pueblo que está cansado de una guerra que ha tenido que llevar sobre sus hombros; La guerrilla de las FARC ha expresado en sus comunicados que quiere la paz y ha hecho gestos en tal sentido. El presidente Santos en sus discursos habla reiteradamente de paz, pero sus acciones van en contravía a ella. Justicia por Colombia, Colombianos y Colombianas por la Paz, la Marcha Patriótica y otras organizaciones políticas y sociales han hecho suya la bandera de una salida política al conflicto colombiano. Yo los invito a que unan sus voces a estos esfuerzos.
Colombia clama por una paz con justicia social, donde el niño pueda ir a la escuela y el camino de las armas no sea su única opción; donde el sindicalista pueda ejercer su actividad sin el temor de ser asesinado; donde el campesino pueda recuperar la tierra que le fue arrebatada violentamente; donde los sectores populares tengan acceso a la educación, la salud y el trabajo; donde el pensamiento crítico pueda circular libremente. Otros pueblos de América Latina nos han demostrado que esto es posible, y estamos seguros que así será porque nos anima la convicción y la esperanza de que Otra Colombia es Posible.
Muchas Gracias
Miguel Ángel Beltrán Villegas
Profesor Universidad Nacional de Colombia
Ex preso político colombiano
"La guerrilla de las FARC ha expresado en sus comunicados que quiere la paz y ha hecho gestos en tal sentido"???
ResponderEliminarNo pretendo justificar al gobierno actual porque también ha cometido crímenes e injusticias y a mi parecer es absurdo, pero la posición de ese profesor esta totalmente viciada, es cierto, con él se cometió un error pero el hace juicios de valor de la guerrilla que son falsos, los sindicalistas muertos es un tema complejo pero no se puede mezclar con tales atrocidades que dice ese señor.