Doctor
Alejandro Ordoñez
Ilegítimo
Procurador General de la Nación
Guió don Quijote, y habiendo andado como doscientos pasos,
dio con el bulto que hacía la sombra,
y vio una gran torre, y luego conoció que el tal edificio no
era alcázar, sino la iglesia principal del pueblo, y dijo:
-Con la iglesia hemos dado, Sancho.
-Ya lo veo -respondió Sancho-. Y plega a Dios que no demos
con nuestra sepultura;
El Quijote. Miguel de Cervantes Saavedra
El
pasado 4 de septiembre tuve conocimiento a través de los medios oficiales de
comunicación de la decisión tomada por su despacho de destituirme de mi
condición de docente de la Universidad Nacional de Colombia e inhabilitarme por
13 años para ejercer cargos públicos; un fallo que llama la atención tanto por
la sevicia con que pretende eliminarme del espacio público y universitario,
como por la pobreza intelectual y argumentativa que acompaña el mismo, haciendo
uso de pruebas ya superadas en el proceso judicial y limitando el legítimo
derecho a la defensa que me asiste.
La
investigación disciplinaria en mi contra la inició su despacho con base en una
noticia publicada por el periódico El Espectador, el 27 de mayo de 2009,
circunstancia que -como lo anotó en su momento mi defensa- dejaba en claro su
interés específico en el caso, y aunque la investigación fue asignada al
Procurador 1º. Delegado para la vigilancia administrativa, no escapa a mi
entendimiento que Usted funge como “titular y jefe único del Ministerio
Público, ante el cual todos los demás funcionarios que trabajan en la
procuraduría son subordinados, incluyendo desde luego el mencionado procurador
delegado y los abogados y abogadas que le asisten en su función, junto con
todos y cada uno de los procuradores judiciales en lo penal”.
¿Podría
esperarse una decisión distinta de una entidad oficial donde algunos de sus
empleados han sido designados no por sus capacidades y competencias jurídicas,
menos aún por sus calidades éticas, sino como parte de un entramado
clientelista, en el que Usted, como cabeza visible de ese organismo, vinculó
laboralmente a personas ligadas con lazos familiares o de amistad a servidores
públicos que intervinieron para su reelección como procurador? La ecuanimidad
no ha sido precisamente una de las virtudes que ha caracterizado su ejercicio
profesional; su flagrante violación al artículo 126 de la Constitución Política
Nacional, así lo corrobora.
También
habla de su falta de imparcialidad el hecho de que antes de iniciar el proceso
disciplinario en mi contra, se hubiese pronunciado públicamente señalando la
validez de los supuestos computadores del guerrillero de las FARC, abatido en
Ecuador, “Raúl Reyes”, impugnando la decisión de la Corte Suprema que declaró
su ilegalidad y aduciendo que se obtuvieron “en un contexto de lucha contra
el terrorismo, al amparo de la seguridad nacional e internacional, en el marco
del desarrollo de un conflicto no internacional”, eliminando así las
garantías mínimas para un proceso justo.
Curiosa
“justicia” la de este país tanto tiempo consagrado al Sagrado Corazón de Jesús,
donde el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC (adscrito al
Ministerio de Justicia y del Derecho) niega mi condición de servidor público
para mantenerme durante más de dos años en una prisión de alta seguridad, junto
con peligrosos paramilitares, narcotraficantes y guerrilleros; mientras que su
Ministerio Público ratifica tal condición para iniciarme una investigación
disciplinaria, en el momento en que los jueces validaban una captura ilegal,
producto de mi secuestro, tortura y expulsión de México; acción en la que, cabe
anotar, participaron funcionarios públicos colombianos y sobre la cual no hay
la más mínima alusión en su pliego de cargos, pese a que fueron puestos de
presente ante la Viceprocuradora General, por una delegación de reconocidos
juristas mexicanos, y circunstancias que yo mismo relaté en mi testimonio ante
la juez cuarta penal del circuito especializado de Bogotá, en presencia de la
Procuradora Penal II que allí concurría en calidad de agente especial de su
despacho.
¿Olvidó
Usted y su delegada que como entidad que representa a los ciudadanos frente al
Estado es un deber de la Procuraduría “vigilar el cumplimiento de la
constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos;
proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad, con el auxilio del
Defensor del pueblo; y defender los intereses de la sociedad” (Art. 277 de
la Constitución Nacional)? ¿Es esta la democracia garantista que tanto se
enorgullecen los gobernantes colombianos?
El
fallo que ha proferido su despacho causa indignación porque siendo Usted
constitucionalmente el garante de los derechos fundamentales de la sociedad
colombiana ha sido el primero en pisotearlos; sin embargo, no es un azar que
provenga de alguien que ha militado en la Fraternidad Sacerdotal San Pío X (Fraternitas
Sacerdotalis Sancti Pii X), la misma que en cabeza del ex arzobispo Marcel
Lefevbre calificó la dictadura argentina -en la que hubo más de treinta mil
desaparecidos- como “un gobierno de orden, que tiene principios”; y que
a través del obispo británico Richard Williamson –ordenado por el mismo
Lefevbre- afirmó que el holocausto era “un mito prefabricado” y que “ningún
judío había muerto en la cámara de gas” (El País, febrero 1 de 2009).
Ante
sus correligionarios Usted puede ufanarse de ser un consecuente soldado de los
caballeros templarios porque en pleno siglo XXI anuncia con sus trompetas de
guerra que el aborto es un delito de lesa humanidad; porque persigue con su
espada católica las uniones entre homosexuales; porque reivindica la Iglesia
que legitimó el genocidio contra los pueblos originarios de América y ejerció
el “santo oficio de la inquisición” a través de la tortura, la hoguera y el
descuartizamiento; porque justifica los miles de “infieles” que murieron a mano
de los cruzados; porque guarda en una de las gavetas de su escritorio un índice
de lecturas prohibidas ( Index librorum prohibitorum et expurgatorum) y
porque asiste a las ceremonias lefebvristas que se ofician en la Iglesia de los
Sagrados Corazones de Jesús y de María, de espalda a los feligreses y en latín,
quizás para excluir de la santificación a quienes, además de la pobreza, sólo
poseen el don de las lenguas vernáculas.
Como
muchos compatriotas de mi generación me formé en escuelas y colegios que siendo
públicos profesaban la fe católica, y a sus estudiantes se les exigía presentar
para su ingreso la partida de bautizo, y el registro de matrimonio de los
padres. Además contábamos con los servicios espirituales de un capellán, siendo
obligatoria la asistencia a las celebraciones litúrgicas, que si nos atenemos a
su parecer ya estaban contaminadas del “humo de Satanás” porque no se
celebraban en latín. En estos centros educativos los cursos de religión
constituían una asignatura más donde estudiábamos la biblia, en su edición
oficial (la de Jerusalén) porque las demás estaban proscritas; fue muchos años
después que comprendí que existían otros libros sagrados como el Corán, el
Talmud, el Tao, o el Popol Vuh; y que en el mundo además de católicos existían
protestantes, judíos, musulmanes, budistas, gnósticos, agnósticos, mormones y
animistas entre muchas otras doctrinas religiosas, y, lo más importante,
entendí que no era un pecado pertenecer a ellas. Así mismo, advertí que en la
Iglesia católica coexistían corrientes “progresistas” y, también,
“tradicionalistas” como la que Usted adscribe.
Ese
conocimiento y ese respeto hacia los creyentes y no creyentes fue posible
gracias a la formación que me brindó la Universidad Pública, donde la libertad
de cátedra, y el pluralismo ideológico fueron siempre pilares fundamentales,
como una valiosa conquista del movimiento universitario de Córdoba (1918) que
se expandió a todo el continente. Son esos mismos principios los que su despacho
acaba de cercenar gracias a su arbitraria decisión contando con la impasible
mirada del rector de la Universidad Nacional, Ignacio Mantilla, quien frente al
caso no sólo ha guardado un silencio cercano a la estolidez, sino que ha
invocado el poder ilegítimo que Usted ostenta para solicitar su actuación
disciplinaria sobre los trabajadores y funcionarios del Alma Mater que se han
movilizado para reivindicar sus legítimos derechos. Acción que menoscaba la
autonomía universitaria y que pretende ser repicada hoy por las directivas de
otras universidades públicas.
Estas
lejanas vivencias y aprendizajes que marcaron mis primeros años de estudio
hasta concluir el bachillerato, me permiten recordarle que cuando Usted valida
las supuestas pruebas del computador de Reyes y la USB, a sabiendas de que son
ilícitas e ilegales y que fueron analizadas y superadas en el proceso judicial,
a la vez que me señala de difundir con mis escritos el pensamiento
revolucionario de las FARC; divulgar sus ideas en foros internacionales;
organizar eventos en la Universidad Nacional “con sentido político” invitando a
los estudiantes a que se unan a las filas de las FARC y pretender crear un
centro de investigación de esta organización armada, está faltando una vez más
al octavo mandamiento de la Ley de Dios “No levantarás falsos testimonios,
ni mentirás”. Y digo una vez más, porque ya lo hizo en el proceso contra la
Senadora Piedad Córdoba.
En
su conocido catecismo el Padre Gaspar Astete nos recordaba que había tres tipos
de mentiras: jocosa, la que se recurre para hacer un chiste; oficiosa,
la que se dice por utilidad propia; y perniciosa, la que busca dañar al
prójimo. Déjeme decirle, señor procurador, que Usted ha incurrido en las tres:
ha dicho una mentira jocosa porque acusarme de que participé en eventos
nacionales e internacionales para difundir el pensamiento revolucionario de las
FARC francamente produce risa; ha recurrido a una mentira oficiosa para
defender sus convicciones político-religiosas personales y ha dicho una mentira
perniciosa que tiene como propósito mi eliminación física del campus
universitario colocando en alto riesgo mi integridad personal y la de mi
familia (y desde ya lo responsabilizo de las consecuencias que esta temeraria
falsedad pueda tener).
Las
dos primeras mentiras son pecados veniales, pero la última constituye –en la
interpretación que hace el padre Astete- un pecado mortal. No quisiera
preocuparlo, señor Procurador, pero sus contravenciones a los principios
cristianos son muchos más graves que esto, porque además de sus mentiras
perniciosas ha incurrido en perjurio ya que en el momento de su posesión, Usted
Juró solemnemente que ejercería “el control disciplinario del servidor
público, adelantando las investigaciones y sancionando a los funcionarios que
incurran en faltas disciplinarias en el desempeño de sus funciones y
desarrollando investigaciones cuando se presenten irregularidades en el manejo
del patrimonio público”.
Pero
Acaso ¿no pidió Usted absolver al coronel Alfonso Plazas Vega condenado por la
desaparición de 11 personas en los sangrientos hechos del Palacio de Justicia?
¿No solicitó eximir de responsabilidad penal a oficiales, suboficiales y
soldados judicializados por caso de “falsos positivos”(ejecuciones
extrajudiciales realizadas por el Estado)en Bosconia (Cesar) argumentando que
estos crímenes se hicieron para defender la institución? ¿No desestimó las
contundentes pruebas contra el ex senador –y primo del entonces presidente
Álvaro Uribe Vélez- Mario Uribe por sus vínculos con el paramilitarismo? ¿No se
enfrentó a la Corte para buscar la absolución del político Mauricio Pimento,
electo gobernador del Cesar con votos amarrados a través del terror
paramilitar? El filo de su espada justiciera no ha rozado ni de cerca a los servidores
públicos que han defraudado el erario público, no obstante ha sido desenvainada
para inhabilitar a quienes hemos disentido de las políticas oficiales,
denunciado el terrorismo de Estado y propugnando por una salida dialogada al
conflicto armado y social colombiano.
La
Doctrina Católica enseña la obligación de cumplir con los mandamientos para
alcanzar la salvación divina, esto lo consagra ya no digamos el Concilio
Vaticano II, -el que tengo entendido Usted aborrece por su ecumenismo y
excesiva liberalidad- sino el mismísimo Concilio de Trento. Créame que no es mi
aspiración verlo abrasado por las ardientes llamas del infierno; no desearía
para Usted la suerte que corrieron decenas de ejemplares de obras escritas por
Marx, Descartes, Friedrich Nietzsche, José María Vargas Vila y Gabriel García
Márquez, entre muchos otros, cuya quema pública Usted propició en sus años
juveniles. Le aclaro sí, que no le escribí para recordarle sus deberes de
cristiano que tanto lo desvelan; soy respetuoso de las creencias políticas y
religiosas y estoy seguro que los dolores del alma que deben asistirle por su
torcido proceder serán purificados en su fuero interior gracias el sacramento
de la penitencia.
Mi
carta es para hacer pública mi indignación por el reiterado daño que Usted le
ha venido causando a la sociedad colombiana, prevaricando e incumpliendo sus
responsabilidades como funcionario público y regando la simiente de la
intolerancia, en un país donde las élites gobernantes se han caracterizado
precisamente por excluir y aniquilar todo lo que se opone a sus mezquinos
intereses, como lo hicieron con la Unión Patriótica, organización política y
legal, a la que le asesinaron más de cinco mil militantes; y como lo sigue
haciendo el gobierno del presidente Juan Manuel Santos con líderes populares
que han participado en las recientes movilizaciones sociales.
Su
nociva actuación no es nueva: como presidente del Consejo de Estado Usted
favoreció las fumigaciones con glifosato de cultivos de uso ilícito, vulnerando
los derechos colectivos de las comunidades a disfrutar de un ambiente sano y
permitiendo que se atentara contra la salubridad pública y la conservación del
ecosistema; de este modo despejó el camino para la aplicación de las políticas
antidrogas, acrecentando la pérdida de nuestra soberanía nacional y el
afianzamiento de las estrategias contrainsurgentes que han tenido continuidad
bajo la actual administración.
Todavía
está fresca en la memoria de los colombianos su desempeño como magistrado del
Consejo de Estado frente a los procesos de la parapolítica. Particularmente,
frente a la solicitud de pérdida de investidura del entonces congresista
William Alfonso Montes Medina -quien reconoció haber firmado el “Pacto de
Ralito” suscrito entre paramilitares y políticos para ‘refundar’ la patria-
Usted se pronunció señalando que “no obran en el proceso suficientes elementos
probatorios que permitan afirmar la pertenencia del congresista a los mismos,
de la sola firma del documento arriba señalado no se puede inferir tal
aseveración” (Bogotá, D.C., 20 de noviembre de dos 2007), pruebas que Usted
minimizó y que fueron suficientes para que la Corte Suprema condenara
penalmente al ex congresista a 90 meses de cárcel; Otro tanto sucedió con los
congresistas Ciro Ramírez, Álvaro Araujo, Erick Morris, Jairo Enrique Merlano y
Luis Humberto Gómez Gallo, entre muchos otros que la Corte condenó
¿determinaron estos complacientes pronunciamientos su nombramiento como
Procurador General de la Nación?
¡Qué
lejos estamos de aquellos tiempos en que el entonces Procurador General de la
Nación, Carlos Jiménez Gómez, se levantó erguido y con pruebas en mano reveló a
la comunidad nacional e internacional los nombres de 163 personas involucradas
en actividades de paramilitarismo, específicamente relacionadas con los
escuadrones del MAS (Muerte a Secuestradores)! Entre los comprometidos
figuraban 59 miembros de las Fuerzas Armadas en servicio activo, incluido al
hoy general® Álvaro Velandia Hurtado, responsable de la desaparición forzada de
la estudiante Nidya Erika Bautista!. La Procuraduría ordenó la destitución de
este oficial en 1995, sin embargo, siete años después Usted, como magistrado
del Consejo de Estado, votó la revocatoria de la sentencia, logrando la
restitución de este general comprometido en delitos de lesa humanidad.
Pero
Usted también le ha hecho otros favores al paramilitarismo: a principios del
2010, por ejemplo, conceptuó que los vicios de trámite de la ley que convocaba
al referendo reeleccionista, con el cual pretendía perpetuarse en el poder el
ex presidente Álvaro Uribe Vélez eran subsanables y pidió que se declarara
exequible. En un país donde los procesos burocráticos caminan tan lentamente,
entregó su fallo dos semanas antes del tiempo previsto por la ley ¿tanta prisa
tenía para garantizarle a su mentor político la posibilidad de un tercer
mandato?
No
nos digamos mentiras, señor Procurador (I), sus convicciones religiosas a las
que refería al iniciar esta carta son solo una fachada para llevar adelante la
tarea servil que le han encomendado las élites bipartidistas de este país: esto
es, borrar del camino cualquier vestigio de oposición política y social; pues
si con el accionar de las fuerzas militares y paramilitares en Colombia se
elimina al contradictor político, y con el apoyo de la rama judicial se
fabrican falsos positivos judiciales; con el Ministerio Público que usted
regenta de manera ilegítima, se ha buscado inhabilitar políticamente a figuras
representativas de la oposición; no de otra manera se explican las arbitrarias
investigaciones que abrió contra el senador Jorge Robledo, la senadora Gloria
Inés Ramírez y el concejal Jaime Caicedo, como lo hizo en su momento con la
Doctora Piedad Córdoba y, ahora intenta hacerlo con los funcionarios públicos
que han viajado a La Habana a entrevistarse con la delegación de las FARC .
Esta mesa de diálogo con representantes del gobierno se instaló hace cerca de
un año para concertar salidas políticas al conflicto armado y social colombiano
¿Pretende criminalizar, también, las expresiones de apoyo al proceso de paz? Ni
el mismo senador republicano Joseph McCarthy se hubiera atrevido a tanto.
Con
esta misiva pongo a su disposición mi libro La Vorágine del Conflicto
Colombiano: una Mirada desde las Cárceles, que recoge relatos de vida de
los protagonistas del conflicto armado y social (militares, paramilitares,
guerrilleros, milicianos y delincuentes sociales), los cuales recopilé durante
los dos años que estuve injustamente privado de la libertad sindicado de
rebelión y concierto para delinquir. Tengo la sospecha que este ejemplar
terminará alimentando sus piras bibliográficas (en su momento los guardias
penitenciarios realizaron acciones similares con las bibliotecas que creamos
los presos políticos en La Modelo y la Picota); lo invitó, sin embargo, a que
venza sus prejuicios medievales y lo lea, quizás le ayude a recordar la verdad
a gritos de los estrechos nexos que han tenido el Estado Colombiano, las
Fuerzas Militares, latifundistas y políticos nacionales y locales con las
organizaciones paramilitares; también le aportará algunos elementos sobre el
oscuro desempeño del ex comisionado de Paz Luis Carlos Restrepo, a quien ha
defendido con vehemencia su despacho.
Finalmente
quisiera decirle que pese a la falta de ponderación en sus decisiones, he
cumplido, a través de mi defensa, con el ritual de apelación, que Usted deberá
resolver en los próximos días. Desde mi secuestro en México, el 22 de mayo de
2009, el Estado colombiano ha menoscabado casi todos mis derechos fundamentales;
los regímenes autoritarios suelen instrumentalizar a organismos como la
Procuraduría y a personajes como Usted para conculcar los derechos humanos y
las libertades públicas, por eso no puedo más que rememorar la digna actitud
asumida por el astrónomo y matemático Giordano Bruno cuando fue condenado a la
hoguera por el Santo Oficio de la Inquisición:
“Bruno
escucha en silencio, arrodillado delante de sus jueces. Pequeño, flaco,
descarnado, con la barba oscura y descuidada, agotado por casi 2.800 días de
prisión, por las privaciones, la tortura, por una inquietud que duró siete años
y nunca compartida con alguien, por nadie confortado, Bruno se yergue, la
mirada orgullosa y llameante. Luego se alza, mirando en derredor con una mirada
torva y amenazadora, colmada de un desprecio incontenible, y pronuncia las
últimas palabras de las que se tiene testimonio seguro. Son palabras ásperas,
duras, que surgen de un espíritu que domina al de los jueces y de los
presentes, que está más allá de la muerte ya inminente. Son palabras proféticas
que, sin que nadie las comprenda, anuncian el futuro de la Iglesia y tal vez,
de la humanidad: ‘Tal vez tenéis más temor vosotros al pronunciar mi
sentencia, que yo al recibirla’ [Primitivo Martínez Fernández. La
Inquisición. El Lado Oscuro de la Iglesia]
Atentamente,
Miguel
Ángel Beltrán Villegas
Profesor
Asociado. Universidad Nacional de Colombia
Bogotá,
octubre 3 de 2013
Excelente Profe!!! Excelente.. Gracias.. "Porque el silencio no es la alternativa"!!!
ResponderEliminarExcelente!! no hay que tenerle miedo al señor miedo, ni de vainas.
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