JUICIO QUE CONTINUAMOS

Son las 8:30 de la mañana de este 25 de mayo de 2010. Me dirijo a los juzgados especializados, al juicio del profesor Miguel Ángel Beltrán. Pero a la altura de la carrera 7ª con calle 24 soy interceptado por una caravana de motociclistas de la policía fuertemente armados, que detienen el tráfico automotor y abren paso para el vehículo principal que escoltan. Cuál sería mi sorpresa al descubrir que era Miguel ängel a quien le habían montado tan descomunal operativo.


Allí, en los juzgados, la familia ansiosa en su plantón, esperaba poder saludarlo pero los guardia del INPEC, toscos como el que más, empujan a las mujeres, intimidan con subametralladoras y armas de corto alcance desenfundadas. ¡He ahí el poder que da en este pías portar un arma!

En la planilla de registro de asistentes a la audiencia el encabezado registra el nombre de Miguel Ángel Beltrán Villegas, pero de manera arbitraria le agregan alias Jaime Cienfuegos, hecho este que no ha sido probado.

Más de una hora de retraso en la iniciación, los veedores internacionales muy puntuales y en la calle una grabación con la voz de Miguel Ángel explicando la seguidilla de atropellos jurídicos a que ha sido sometido.

A pesar de la descortés demora, todos debemos ponernos de pie al ingreso de la juez. En cuanto tiene oportunidad Miguel Ángel saluda públicamente a los veedores internacionales.

Ocurren varias cosas a lo largo de esta audiencia, desde la constancia del defensor acerca de la intimidación contra él por parte de los guardias del INPEC , hasta la sensación de que este es un caso montado con base en fotocopias, porque nunca se ha visto una evidencia real, que entre otras cosas, al ser recogida no se hizo acorde con los protocolos de Informática Forense.

A una solicitud del abogado defensor para que el profesor Miguel Ángel pueda entrevistarse en el receso de almuerzo, por un período de 10 minutos, con los veedores internacionales, la juez autoriza, pero la guardia del INPEC desacata la orden de un juez de la república. Para ir sumando a cantidad de violaciones a los derechos del acusado.